Tras las elecciones del 26 de octubre, Milei proyecta avanzar con su plan de reformas estructurales —laboral, previsional, tributaria y de privatizaciones— bajo la supervisión del FMI y el respaldo de Estados Unidos. Su estrategia apunta a ampliar consensos políticos y legislativos mediante acuerdos con Macri y gobernadores afines, asegurando la aprobación de leyes claves que consolidarán la dolarización, la privatización de activos estatales y la profundización del ajuste económico y social en todo el país.
REDACCION DATA POLITICA Y ECONOMICA
El Gobierno se prepara para una nueva etapa de su programa económico. Con las elecciones legislativas como punto de inflexión, Javier Milei busca avanzar con el núcleo duro de las reformas exigidas por el Fondo Monetario Internacional y respaldadas por Washington. La agenda incluye la reforma laboral, impositiva, la previsional, la reducción del gasto social y la consolidación del esquema de liberalización total de la economía, con el objetivo de institucionalizar el ajuste y garantizar un modelo de dependencia externa y disciplinamiento social.
Para el oficialismo, el ajuste iniciado en diciembre del 23 “aún no terminó”. Se encuentra en su fase más profunda: convertir en leyes las transformaciones que aseguren la continuidad del programa fiscal y financiero a largo plazo. La estrategia consiste en postergar las medidas más impopulares hasta después de las elecciones, evitando costos políticos inmediatos y aprovechando una eventual recomposición del poder parlamentario.
Entre los puntos centrales se encuentra la reforma laboral, cuyo borrador ya circula entre empresarios y despachos oficiales. El proyecto propone eliminar las indemnizaciones tradicionales, flexibilizar la contratación y permitir acuerdos individuales por empresa, reduciendo el alcance de los convenios colectivos. Los sindicatos advierten que se trata de una reconfiguración del sistema laboral argentino, orientada a debilitar la negociación sindical, reducir los costos empresariales y desregular las condiciones de trabajo.
A la vez, el Gobierno avanza con una reforma previsional estructural que contempla el aumento de la edad jubilatoria, la limitación del acceso a pensiones y la consolidación de la pérdida del poder adquisitivo de los haberes. La nueva fórmula de movilidad buscaría anclar las jubilaciones al equilibrio fiscal, perpetuando la licuación real de los ingresos de los adultos mayores. El sistema previsional, que históricamente actuó como pilar de la seguridad social, pasaría a ser un componente subordinado a la lógica del ajuste y del financiamiento externo.
El recorte de programas sociales y pensiones por discapacidad completa el cuadro. La reducción de beneficios y el endurecimiento de los criterios de acceso responden a una agenda dictada por el FMI como condición para habilitar nuevos desembolsos. Washington, en tanto, respalda estas políticas bajo el argumento de “modernizar la economía”, en el marco de su renovada injerencia geopolítica sobre América del Sur.
Detrás de estas medidas hay un proyecto estructural de mayor alcance. La dolarización de la economía sigue siendo el horizonte estratégico del gobierno de Milei. Las políticas de contracción monetaria, recorte del gasto y licuación de salarios y privatizaciones son parte del camino hacia un régimen donde toda la economía quede anclada al dólar estadounidense. Este proceso, que implicaría la pérdida total de soberanía monetaria, eliminaría la posibilidad de desarrollar políticas industriales, agrandando la brecha entre el capital financiero y la producción nacional. En una economía dolarizada, el ajuste se vuelve estructural y permanente, y el margen de maniobra del Estado se reduce a la mínima expresión.
En paralelo, la entrega de los recursos naturales se consolida como otra de las consecuencias más graves del modelo. Bajo el argumento de atraer inversiones, el gobierno promueve la apertura total de la explotación del litio, el cobre, el gas, el petróleo y los bienes estratégicos del subsuelo a empresas estadounidenses y fondos de inversión. Las privatizaciones de empresas estatales, represas hidroeléctricas, centrales nucleares y activos energéticos avanzan a precios de liquidación, en un proceso que no solo implica la concentración total de la economía sino también su extranjerización. Los recursos naturales, motor potencial del desarrollo argentino, quedan bajo control de corporaciones extranjeras, mientras el Estado renuncia a toda capacidad de planificación.
La arquitectura de este proyecto busca consolidar un nuevo orden social y productivo: salarios bajos, derechos laborales reducidos, jubilaciones mínimas y un Estado desfinanciado. Detrás del discurso de la “libertad”, se impone una lógica de disciplinamiento social donde la pobreza y la precariedad se convierten en herramientas de control político.
En los próximos meses, la disputa se trasladará al Congreso, donde Milei intentará convertir estas reformas en leyes. Su apuesta es clara: aprovechar el supuesto capital político que surja de las elecciones de octubre para imponer un paquete que reconfigure el contrato social argentino. Su ultima reunión con Mauricio Macri y un eventual acuerdo post 26 con los gobernadores que se nuclean en Provincias Unidas, apuntan a consolidar una mayoría en ambas cámaras que le permitan avanzar en sus objetivos.
Lo que está en juego este 26 de octubre trasciende la coyuntura electoral: se trata de definir si la Argentina conserva su capacidad de decisión sobre su destino o si se consolida como un territorio subordinado a los intereses del capital extranjero.
