Tras la autorización unánime del Congreso para avanzar con pruebas, la Justicia allanó este jueves el domicilio de José Luis Espert. En el centro del escándalo: un pago de 200 mil dólares y un contrato por 1 millón hallado en casa de “Fred” Machado. La causa que lo vincula al presunto narco irrumpe en plena campaña electoral.
Era media mañana del jueves cuando José Luis Espert, diputado nacional con licencia, abrió personalmente la puerta a los funcionarios que ingresaron a su domicilio en Beccar para cumplir con el mandato judicial. El procedimiento se inscribe en una suite de medidas autorizadas la víspera por la Cámara de Diputados, que decidió por unanimidad conceder los fueros para avanzar con pruebas en la causa abierta contra el economista.
Origen del escándalo: la denuncia y la autorización parlamentaria
El episodio se remonta a finales de septiembre, cuando el dirigente social Juan Grabois presentó ante la Justicia una denuncia contra Espert, alegando que recibió 200 mil dólares de Federico “Fred” Machado —empresario actualmente procesado en EE. UU. por delitos relacionados con narcotráfico y lavado— como parte de un supuesto esquema de financiamiento ilícito.
Esa transferencia aparece documentada en registros de Estados Unidos, vinculados al expediente “USA v. Mercer-Erwin et al.”, lo que reorientó la causa hacia un posible delito de lavado de activos bajo el artículo 303, inciso 1 del Código Penal argentino.
Para proceder a las medidas de prueba (allanamientos, secuestro de documentos, inspecciones), el juez Lino Mirabelli requirió a la Cámara baja que levantara la inmunidad parlamentaria de Espert.
El pleno legislativo respondió afirmativamente (215 votos a favor, 3 abstenciones) y facultó la Justicia a actuar.
El diputado, que había sido candidato a renovar su banca por La Libertad Avanza, presentó una licencia ante el Congreso mientras el escándalo crecía, pero siguió gozando de fueros hasta tanto se formalice su desafuero.
El pago admitido, la explicación y las nuevas pruebas
Desde el inicio del escándalo, Espert reconoció el pago de 200 mil dólares, aunque sostuvo que se trató de un adelanto para un contrato de asesoramiento para una empresa minera guatemalteca llamada Minas del Pueblo —empresa que, según su versión, no estaba vinculada a Machado.
Argumentó también que el trabajo nunca se ejecutó durante la campaña electoral de 2019 y que no existió aporte político alguno.
Sin embargo, el jueves la causa recibió un impulso significativo: en el allanamiento a la casa de Machado en Viedma fue hallado un contrato firmado por Espert por la suma de 1 millón de dólares, fechado el 7 de junio de 2019, pocos días antes de que formalizara su postulación presidencial.
El documento especifica que Machado actuaba como comitente del acuerdo y estipula pagos mensuales de 100 mil dólares, lo que contradice la versión del economista de que desconocía cualquier vínculo directo entre la minera y el empresario.
Según fuentes judiciales citadas por medios, ese contrato estaba roto y abollado dentro de un tacho de basura.
Este hallazgo refuerza la hipótesis de que el aporte fue más amplio y sistemático de lo admitido, además de apuntar a irregularidades en la declaración patrimonial del diputado: su abogado denunciante menciona un incremento del 800 % en tres años que, a su criterio, no encuentra respaldo en actividades legítimas declaradas.
En esta etapa, el fiscal federal Federico Domínguez promovió formalmente la imputación de Espert por lavado de dinero, con el juez Mirabelli delegando el avance de la causa en la fiscalía.
Tensiones políticas y riesgo reputacional
El escándalo no solo sacude la vida judicial de Espert, sino que tiene consecuencias políticas. La denuncia lo transformó en un problema interno del espacio libertario, especialmente para Javier Milei, quien se desligó públicamente de las implicancias.
Desde la oposición se elevan pedidos para que Espert sea removido de la presidencia de la Comisión de Presupuesto o directamente expulsado por “inhabilidad moral” del Congreso.
En público, Espert intentó humanizar su situación: admitió el escándalo con lágrimas, denunció persecución política y afirmó que desconocía el carácter delictivo de Machado al momento del vínculo. Pero, con el contrato de 1 millón sobre la mesa, esas expresiones enfrentan un desafío simbólico de proporciones crecientes.
La causa Espert-Machado entra ahora en un tramo decisivo: lo que comenzó como una denuncia sobre un pago puntual escaló a un entramado documental con contrato físico, intervención judicial y tensión política. En plena campaña electoral, este escándalo tiene el potencial de alterar no solo el destino de un diputado, sino el mapa de fuerzas en el Congreso. El futuro del expediente dependerá de cómo la fiscalía rasgue el velo entre asesorías privadas y financiamiento ilícito, y de si la defensa logra explicar con coherencia esas discrepancias. En la ecuación política nacional, esta investigación puede convertirse en uno de los episodios de mayor convulsión electoral de 2025.
