La caída del grupo agroexportador revela cómo la connivencia empresarial y política dejó un tendal de deudas, fraude y un símbolo de la crisis del capitalismo argentino.
La historia de Vicentin es la crónica de una estafa anunciada. Desde sus modestos orígenes en 1929 hasta su colapso en 2019, con una deuda superior a los u$s 1.300 millones, la empresa construyó un imperio que se derrumbó entre maniobras fraudulentas, vaciamiento, un escandaloso préstamo del Banco Nación y una fuga de capitales que la justicia aún investiga. Mientras gigantes globales se disputan sus restos, el caso se convirtió en un emblema de la relación entre poder económico y político en la Argentina.
El reciente fallo judicial que declaró sin valor positivo las acciones de la compañía y la reactivación de la causa por el préstamo de 300 millones de dólares del Banco Nación son dos caras de la misma moneda: la agonía terminal de quien supo ser la sexta exportadora del país. La sentencia del juez Fabián Lorenzini, que calculó que tomaría más de 1.300 años saldar la deuda al nivel actual de actividad, sella el final de un proceso de vaciamiento que llevaba décadas. Al mismo tiempo, la citación a indagatoria del expresidente del Banco Nación Javier González Fraga y su vice Lucas Llach, ordenada por el juez Julián Ercolini, expone la presunta connivencia entre la empresa y la política en detrimento del Estado.
En paralelo, la causa por vaciamiento en Rosario tuvo un revés: la Cámara de Apelaciones excarceló a cuatro exdirectivos detenidos desde marzo –Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti– tras el pago de fianzas millonarias. Aunque recuperaron la libertad, siguen imputados por desvío de fondos que la fiscalía estima en más de $6.000 millones entre 2019 y 2024.
De almacén de pueblo a gigante favorecido por dictaduras
Vicentin nació en 1929 como un pequeño almacén fundado por los hermanos Vicentin en Avellaneda, Santa Fe. Su expansión inicial se apoyó en la industrialización: una planta desmotadora en 1937, una fábrica de aceite en 1943. Pero el salto verdadero llegó de la mano de regímenes dictatoriales. Durante el gobierno de Onganía recibió tierras estatales, y en la última dictadura cívico-militar obtuvo beneficios que incluyeron la represión a las Ligas Agrarias y a sus propios trabajadores: 22 de ellos permanecen desaparecidos. En esa etapa la empresa expandió su capacidad industrial y se benefició de la estatización de la deuda privada impulsada por Domingo Cavallo en 1982.
La metamorfosis neoliberal y el salto global
Con la democracia, la segunda generación de la familia (Nardelli y Padoan) condujo a la compañía bajo una lógica neoliberal. En 1986 trasladó su sede al sur santafesino, dejando a Avellaneda sumida en la depresión económica.
El boom llegó tras la devaluación de 2002 y el auge de los commodities:
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En 2004 compró el frigorífico Friar.
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En 2005 abrió la offshore Nacadié Comercial SA en Uruguay, con base en Panamá, marcando el inicio de la fuga sistemática de capitales.
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En 2007 fundó Renova junto a Glencore, se diversificó hacia textiles, vinos y lácteos.
La facturación se disparó y Vicentin escaló del puesto 19° en 2015 al 4° en 2019, más que triplicando ventas durante el gobierno de Mauricio Macri, con el que mantenía estrechos vínculos. Fue aportante de su campaña y uno de sus directivos, Alberto Padoán, participó en listas de Cambiemos.
La estafa al Banco Nación
El núcleo del escándalo es la maniobra de u$s 791 millones entre 2019 y 2020. La investigación del fiscal Gerardo Pollicita reveló que fondos que ingresaban como garantía fueron liberados y retirados con aval de las autoridades del banco. En noviembre de 2019, ya con incumplimientos a la vista, el directorio aprobó 28 créditos por más de u$s 105 millones. El 26 de ese mes, Herman Vicentin y Máximo Padoan obtuvieron un préstamo de u$s 6 millones en apenas 39 minutos.
La fuga fue inmediata: más de 1.400 transferencias a cuentas propias y guaridas fiscales en Uruguay, Islas Caimán, Bahamas y otros destinos. El perjuicio para el Estado se calcula en unos u$s 300 millones.
Vaciamiento y entrega de Renova
En paralelo, la empresa triangulaba exportaciones con filiales en Paraguay y Uruguay, subdeclarando ventas para evadir hasta u$s 200 millones anuales en impuestos. La maniobra más audaz ocurrió días antes del default: Vicentin vendió el 16,67% de Renova a una firma testaferro de Glencore por u$s 122 millones, fondos que nunca aparecieron. Con ello, la multinacional quedó con el control efectivo de la planta de procesamiento de soja más grande del mundo.
Quiebra, rescate frustrado y disputa por los restos
En diciembre de 2019, Vicentin se declaró en cesación de pagos. En 2020, el presidente Alberto Fernández intentó avanzar con una expropiación para preservar la empresa, pero el lobby empresario y una ofensiva mediático-judicial frenaron la iniciativa. “Me equivoqué con Vicentin porque pensé que todos iban a festejar el rescate de la empresa y sus trabajadores, pero eso no sucedió”, reconocería más tarde.
Hoy, la compañía sobrevive gracias a contratos de procesamiento con terceros que vencen en diciembre de 2025. En el proceso de cramdown abierto por el juez Lorenzini se inscribieron once interesados, entre ellos Bunge, Viterra y la Asociación de Cooperativas Argentinas, Molinos Agro y Commodities SA. Cargill, en cambio, se mantuvo al margen. El principal interés de los oferentes sigue siendo Renova, la joya del negocio.
Una herida abierta
Vicentin ya no es solo una empresa quebrada: es un símbolo del capitalismo argentino, de la connivencia entre el poder político y el económico, y de la impunidad de los grandes jugadores. La sentencia que declaró sin valor sus acciones y la puja final por sus activos marcan un punto de inflexión, pero el daño ya está hecho: trabajadores, productores y el propio Estado quedaron a la intemperie frente a un modelo donde la fuga, la especulación y el vaciamiento se repiten como norma.
El desenlace judicial y comercial definirá quién se queda con los restos, pero no borrará las lecciones: la vulnerabilidad de los más débiles, los claroscuros de la justicia y los límites de un Estado que siempre llega tarde.
Antonio Muñiz
