El diputado Nicolás Massot cuestionó duramente la postura del gobierno de Milei tras la votación en Naciones Unidas que rechazó la Declaración de Nueva York, reclamando respeto por la histórica política exterior argentina. Cristina Fernández respaldó esa declaración y organismos de derechos humanos reiteraron denuncias por genocidio contra Netanyahu.
Un debate encendido en el Congreso
La Cámara de Diputados fue escenario de un intenso debate cuando Nicolás Massot (Encuentro Federal) tomó la palabra para denunciar el giro de la política exterior argentina en relación al conflicto en Medio Oriente. El legislador apuntó directamente contra la decisión del gobierno de Javier Milei de votar en contra de la Declaración de Nueva York en la Asamblea General de Naciones Unidas, texto que revalida la solución de dos Estados y reclama el fin de la violencia en Gaza.
“Argentina se aparta de su tradición diplomática histórica y se ubica en el costado equivocado de la historia”, afirmó Massot, al tiempo que responsabilizó al gobierno de Benjamín Netanyahu por el “genocidio en Gaza”, en línea con las denuncias internacionales sobre crímenes de guerra.
El voto argentino y el alineamiento de Milei
La administración de Milei, con el canciller Gerardo Werthein al frente, se alineó con un pequeño grupo de países que rechazaron la resolución. El texto aprobado por amplia mayoría en Naciones Unidas no solo reafirma la coexistencia de dos Estados dentro de las fronteras previas a 1967, sino que también exige que Hamás entregue sus armas y cese su autoridad en Gaza.
Para Massot y gran parte de la oposición, el voto argentino significó un “quiebre” con la política de Estado que, desde la restauración democrática, respaldó la búsqueda de una solución pacífica en Medio Oriente bajo el marco del derecho internacional.
Apoyo político y denuncias en tribunales
La intervención del diputado recibió un respaldo inesperado: Cristina Fernández de Kirchner elogió su discurso y apuntó directamente contra Netanyahu, a quien definió como “genocida”. La exmandataria advirtió que el gobierno de Milei “se aparta de los valores históricos de la política exterior argentina”.
Paralelamente, organismos de derechos humanos como Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, APDH y SERPAJ formalizaron denuncias en los tribunales federales de Comodoro Py contra Netanyahu y altos funcionarios israelíes por crímenes de lesa humanidad y genocidio. Estas presentaciones se suman a los procesos abiertos en la Corte Penal Internacional, que emitió órdenes de arresto contra Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Galant por crímenes de guerra.
La tradición diplomática en debate
Desde 1947, cuando la Argentina se abstuvo en la votación sobre la partición de Palestina, la política exterior nacional se caracterizó por una posición equilibrada: reconocer el derecho de Israel a existir y al mismo tiempo defender la autodeterminación del pueblo palestino. Ese equilibrio fue sostenido, con matices, por todos los gobiernos democráticos.
El voto negativo de Milei, en cambio, es leído como un alineamiento absoluto con Israel y con la política exterior de Estados Unidos, aun cuando la mayoría de los países latinoamericanos –incluidos Brasil, México y Chile– apoyaron la Declaración de Nueva York.
El costo internacional y doméstico
La controversia no se limita a un debate legislativo. Diversos analistas advierten que este giro puede erosionar la imagen de la Argentina en organismos multilaterales, debilitando su capacidad de mediación en conflictos internacionales. En el plano interno, el gobierno enfrenta crecientes cuestionamientos sobre el abandono de la agenda de derechos humanos en la política exterior.
https://www.facebook.com/watch/?v=1123332215890765
El discurso de Nicolás Massot puso en evidencia un punto de inflexión: la ruptura del consenso histórico en torno a la política exterior argentina sobre Medio Oriente. Lo que en otras épocas fue un signo de continuidad institucional, hoy aparece fracturado por la alineación del gobierno de Milei con la agenda de Netanyahu y Washington.
La pregunta que deja planteada el debate en Diputados es si la Argentina seguirá siendo reconocida como un país defensor del derecho internacional y de los derechos humanos, o si optará por una política exterior de alineamientos coyunturales, aunque ello implique renunciar a los principios que la distinguieron durante décadas.
