El Gobierno de Javier Milei presentó al Congreso el proyecto de Presupuesto para 2026 con promesas de “normalización” económica y equilibrios fiscales, pero los análisis de organizaciones civiles, universidades y consultoras advierten que el ajuste en áreas sensibles —AUH, ciencia, educación y pensiones por discapacidad— podría profundizar la crisis social. Las cifras, las contradicciones entre discurso y realidad, y los sectores que ya anticipan su resistencia marcan la agenda.
REDACCION DATA POLITICA Y ECONOMICA
Contexto político y económico del Presupuesto 2026
El proyecto oficial prevé para 2026 un superávit fiscal primario del 1,5 % del PIB, con una inflación estimada en 10,1 % anual, crecimiento económico proyectado del 5 %, y un tipo de cambio fijado en unos 1.423 pesos por dólar.
Aunque el Gobierno afirma que áreas como salud, educación, pensiones y discapacidad tendrán incrementos “reales” —por encima de la inflación proyectada— también anunció nuevas reglas fiscales que permitirán recortes automáticos si los ingresos no crecen según lo estimado.
El golpe a la ciencia, tecnología e innovación
Las consultoras EPC y el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI) advierten que el sector sufre un retroceso del 7,2 % en términos reales en 2026, tras caídas de 30,2 % en 2024 y 23 % en 2025.
Organismos como el CONICET ven reducido su presupuesto en un tercio, mientras que otros como la CONAE, el INTI y la CNEA acumulan desplomes de entre 40 % y 60 %. El financiamiento total al área bajará a 0,149 % del PBI, por debajo del piso del 0,52 % que establece la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Educación subordinada al ajuste.
El financiamiento de las universidades nacionales lleva una caída real acumulada del 32 % desde 2023; el presupuesto universitario en 2026 prácticamente se congela en valores reales según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
Se eliminaron programas como el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), se recortaron las becas estudiantiles, y los salarios docentes y no docentes cayeron más de 30 puntos porcentuales de su poder adquisitivo desde el inicio de la gestión.
En términos del PBI, la educación pasará de representar 1,25 % en 2023 a apenas 0,6 % en 2026.
AUH, pensiones por discapacidad y protección infantil: promesas sobre cifras que ocultan recortes.
Aunque el Gobierno anunció que las jubilaciones, salud, educación y discapacitados tendrán aumentos reales —por ejemplo, 5 % real en pensiones por discapacidad— esos incrementos vienen acompañados con reducciones en la cantidad de beneficiarios. En pensiones por discapacidad, por ejemplo, el número de titulares bajará un 13 %.
En cuanto a la Asignación Universal por Hijo (AUH), el proyecto deroga el mecanismo de actualización automática. Esto implica que ante una inflación mayor a la prevista, el valor real de la prestación se verá erosionado.
Además, programas clave para la niñez como el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia sufrirán recortes del 85 % respecto de 2025; las partidas para Educación Sexual Integral se reducen a niveles muy bajos comparados con 2023. El Programa Acompañar y la línea 144 para atención de violencia de género también enfrentan fuertes caídas.
Contradicciones entre el discurso oficial y los números.
En su presentación, Milei sostuvo que “lo peor ya pasó”, que el Presupuesto prioriza “capital humano”, y que áreas sociales recibirán sostenimiento o mejora sobre la inflación.
Pero los datos desmienten parcialmente esas afirmaciones:
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El recorte en ciencia y tecnología contradice cualquier idea de priorización.
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El derogar la actualización automática de la AUH implica que los aumentos “reales” podrían no alcanzar a compensar inflación mayor a la prevista.
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Los recortes en becas, infraestructura universitaria y pérdidas del poder adquisitivo docente y no docente muestran que el ajuste recae sobre quienes menos tienen.
Reacciones previstas y resistencia social
Universidades nacionales, organismos científicos, organizaciones civiles ya vienen manifestando oposición al Presupuesto y a los vetos recientes que bloquearon leyes que buscaban recomponer fondos o derechos.
También se anticipan movilizaciones de docentes, estudiantes y sectores de la salud. En el plano político, la derrota electoral del oficialismo en provincias como Buenos Aires y las críticas del Consejo Interuniversitario Nacional al monto asignado para universidades dan un indicio de la presión que se viene.
El Presupuesto 2026 se presenta como una apuesta por la estabilidad macroeconómica y la promesa de recuperar credibilidad internacional. Pero bajo ese relato se esconden recortes estructurales en ciencia, educación y protección social, áreas fundamentales para el desarrollo a largo plazo y para amortiguar el impacto social del ajuste. La decisión de desactivar la actualización automática de la AUH y reducir beneficiarios mientras se declaran aumentos reales podría ser el punto de inflexión que marque si el modelo que se impone prioriza la eficiencia fiscal o sacrifica derechos básicos. En pocas palabras: el test más duro de este Presupuesto será ver si la Argentina emerge del ajuste fortalecida, o si sale del laberinto más empobrecida.
