Los recientes despidos en la planta de San Nicolás, el fuerte impacto de los aranceles estadounidenses, y la apertura comercial impulsada por el gobierno de Javier Milei exponen un franco deterioro de la industria nacional. Empresarios como Paolo Rocca elevan las advertencias, la UIA plantea exigencias formales y anticipa un choque si no cambian las condiciones estructurales.
San Nicolás como termómetro
Paolo Rocca, titular del grupo Techint, ha dado un paso más en su rechazo a la política industrial actual: su planta Ternium en San Nicolás anunció el despido de otros 200 trabajadores. Estas medidas no son aisladas, sino que se suman a una cadena de alertas ante la crisis del sector. La combinación de la recesión interna, los costos operativos elevados y los aranceles del 25 % que impuso EE.UU. sobre acero y aluminio golpean a la industria pesada argentina.
UIA: de la preocupación al reclamo formal
La Unión Industrial Argentina (UIA), institución referente del sector fabril, ha trasladado esas preocupaciones en manifestaciones públicas y propuestas. Entre ellas:
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Pidió una “inserción internacional inteligente” que preserve al mercado interno frente a prácticas como el dumping.
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Insistió con una baja en la presión fiscal, incentivos al empleo, mejora de la logística, y combate al contrabando.
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Solicitó negociaciones diplomáticas con EE.UU. para revertir los aranceles aplicados al acero y aluminio.
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Presentó lo que denomina un “Nuevo Contrato Productivo”, con diez puntos clave, entre los que figura la estabilidad macroeconómica como requisito.
El ex presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, ya habia sido explícito al señalar que las importaciones más baratas —y sin regulación eficaz— están erosionando la producción local.
El Gobierno bajo presión
Por su parte, el Ejecutivo de Milei ha impulsado una política de apertura comercial, reducción de aranceles internos como el impuesto PAIS, y eliminación de trabas burocráticas para facilitar importaciones, según varios decretos y discursos oficiales.
Pero los industriales advierten que esas medidas por sí solas no bastan. Exigen igualdad de condiciones competitivas, tipo de cambio realista, mejoras en la rentabilidad de la producción local y defensa frente a competidores de bajo costo internacional, especialmente de China.
Paolo Rocca aparece como punta de lanza de este malestar. Afectado por los aranceles estadounidenses, por la competencia internacional, y por las políticas de apertura/importaciones sin contrapartidas claras, ha hecho declaraciones públicas solicitando protección del Estado, defensa frente al dumping, y reglas de juego más estables.
Internamente, Techint estaría moviendo fichas en la UIA: aliados como Martín Rappallini y Alejandro Gentile asumen posiciones destacadas en la representación gremial empresarial, lo que podría significar un endurecimiento de la postura industrial oficial dentro de la entidad.
La industria argentina —junto a Techint y la UIA— se encuentra en una encrucijada: asumir silencios crecientes mientras pierde producción, empleos e inserción internacional; o movilizarse políticamente para exigir una reforma estructural que garantice competitividad, reglas claras y protección frente a impactos externos.
Si el Gobierno de Milei no logra responder con medidas que alivien los costos industriales y aseguren un marco institucional estable, se abre un riesgo evidente de parálisis prolongada: no solo productiva, sino también política. El pulso entre industria y apertura ya es parte de la trama central del presente argentino. El modo en que termine definirá si el país logra ensamblar un nuevo contrato productivo… o continúa de espalda a su propia base industrial.
