El desafío de reindustrializar Argentina en tiempos de dependencia y fuga de capitales.
por ANTONIO MUÑIZ
La pregunta sobre si es posible construir un proyecto nacional y popular basado en la reindustrialización, el pleno empleo y una sociedad integrada con la actual burguesía argentina no es nueva. Se trata de un debate de larga data en la historia económica y política del país, pero que hoy cobra una urgencia ineludible frente a la crisis estructural, la desindustrialización y la desigualdad creciente.
La historia argentina está atravesada por intentos recurrentes de llevar adelante un modelo de desarrollo autónomo. Desde la industrialización por sustitución de importaciones impulsada en las décadas del treinta y cuarenta, hasta las políticas de promoción industrial de mediados del siglo XX, el dilema siempre fue el mismo: ¿Quién conduce ese proceso y qué intereses lo sostienen?
El concepto de burguesía fallida en Argentina remite a una clase empresaria que no ha logrado construir un proyecto de desarrollo autónomo ni siquiera en defensa de sus propios intereses. Desde mediados de la década del setenta, amplios sectores de este empresariado apostaron sistemáticamente a modelos neoliberales que, lejos de fortalecer la industria nacional, promovieron la apertura indiscriminada, la extranjerización y la concentración de las empresas.
La paradoja es evidente: fracciones significativas quedaron marginadas por haber respaldado políticas que atentaban contra su propia supervivencia. La historia reciente muestra que quienes lograron sobrevivir fueron las grandes corporaciones que internacionalizaron sus negocios y adoptaron una lógica parasitaria, de acaparamiento, saqueo y fuga de capitales, subordinando la producción local a estrategias de valorización financiera global. Este proceso no sólo profundizó la desindustrialización y la pérdida de empleo, sino que también explica, en gran medida, el problema estructural de la deuda externa, que ha funcionado como vehículo privilegiado de transferencia de recursos desde el trabajo y la producción hacia los circuitos del capital transnacional.
El pleno empleo y la reindustrialización no pueden lograrse únicamente con medidas económicas coyunturales. Requieren una planificación estratégica que vincule al Estado, a los trabajadores y a los sectores productivos en torno a un horizonte común. Aquí emerge la necesidad de un pacto político y social de largo plazo, que garantice la estabilidad y continuidad de un programa nacional de desarrollo. Ese pacto debe incluir el impulso a la educación técnica, la formación permanente para el trabajo y el financiamiento sostenido de la investigación y el desarrollo (I+D).
La I+D debe convertirse en el motor del proceso industrializador, con políticas activas y recursos estratégicos para dar el salto tecnológico y romper la dependencia externa en ciencia y tecnología. Sin esta base, cualquier proyecto corre el riesgo de diluirse en coyunturas políticas o de ser capturado por intereses sectoriales.
La experiencia histórica demuestra que el desarrollo no se logra únicamente con capital, sino con decisiones políticas que prioricen la producción y el trabajo por encima de la especulación financiera. El desafío argentino no es menor: en un contexto global marcado por la competencia tecnológica, la transición energética y la disputa geopolítica, quedarse en una economía primarizada y dependiente es condenarse a la marginalidad.
La heterogeneidad del empresariado argentino hace imposible una condena total: parte de la burguesía puede ser interlocutora del proyecto nacional, otra parte debe ser regulada o desplazada mediante instrumentos públicos. La clave radica en construir un bloque histórico capaz de sostener un rumbo de desarrollo, que convoque a pymes, cooperativas, trabajadores organizados y sectores del empresariado con intereses ligados al mercado interno.
El interrogante que persiste es si, con esta burguesía fallida, puede articularse un proyecto de reindustrialización. La respuesta quizá no esté en esperar una conversión espontánea de esta clase, sino en generar desde el Estado y la sociedad civil un marco institucional y político que oriente, discipline y premie las conductas productivas, mientras penaliza las lógicas de saqueo y fuga.
En definitiva, la reindustrialización no es sólo un problema económico: es un desafío de poder. Se trata de decidir si la Argentina seguirá atada a un modelo extractivo y financiero que expulsa a millones de personas del mercado laboral, o si será capaz de recuperar la capacidad de planificar un futuro con soberanía productiva.
El dilema sigue abierto, pero la historia reciente demuestra que sin un pacto político-social que coloque al trabajo, la tecnología y la producción en el centro, cualquier intento de desarrollo volverá a naufragar en las arenas movedizas de una burguesía que, hasta hoy, ha demostrado su fracaso como clase dirigente.
