El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) cumple un año de su implementación, con un impacto acotado, ya que sólo fueron aprobados 7 proyectos que apenas generaron 1.000 empleos directos. La inversión total asciende a US$13.067 millones, según un estudio privado que advierte que “los resultados distan de las promesas iniciales”.
A un año de su implementación, el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) muestra un balance acotado: solo se aprobaron siete proyectos, que representan una inversión total de US$ 13.067 millones y la creación de apenas 1.000 empleos directos.
El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) cumple un año de su implementación con un impacto acotado.
El dato surge de un informe del Observatorio del RIGI, integrado por organizaciones sociales, académicos e institutos de investigación, que subraya que la “anunciada avalancha de capitales aún no llegó” y que los beneficios fiscales y cambiarios se concentran en un número reducido de grandes inversores.
Desde su puesta en marcha, 19 iniciativas solicitaron adherirse al régimen, de las cuales siete fueron aprobadas y una rechazada. Las inversiones se concentran en hidrocarburos (2 proyectos), minería (2), energías renovables (2) y siderurgia (1). El sector hidrocarburífero lidera en volumen de capital, con tres iniciativas que suman US$ 9.790 millones, dos de ellas vinculadas a Vaca Muerta, donde YPF tiene un rol protagónico.
Propuestas presentadas
En total, las propuestas presentadas alcanzarían US$ 30.760 millones, de los cuales más de US$ 19.000 millones corresponden al sector minero, especialmente proyectos de litio en Salta y Catamarca. El informe advierte que esta concentración en actividades primario-extractivas profundiza un modelo exportador con potenciales impactos ambientales, laborales y sociales.
Resultados limitados
El Observatorio del RIGI —conformado por el CELS, CEPPAS, EPyG/UNSAM, ETFE, FARN y TNI— cuestiona que, pese a los limitados resultados en empleo e inversiones efectivas, el régimen ya consolida ventajas extraordinarias para las empresas beneficiadas y compromete recursos fiscales e institucionales del Estado.
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