La vicepresidenta presentó dos denuncias penales en Comodoro Py contra referentes del oficialismo y acusó una operación para forzar su renuncia. El conflicto dentro de La Libertad Avanza escala a niveles institucionales.
Por Redacción Data Política y Económica
La interna en el corazón del oficialismo dejó de ser un murmullo y estalló públicamente. Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación, formalizó dos denuncias penales en Comodoro Py contra figuras clave del entorno presidencial, entre ellos Nicolás Márquez —biógrafo y operador ideológico de Javier Milei— y la diputada nacional Lilia Lemoine. La acusación es concreta: amenazas, campañas sistemáticas de hostigamiento y atentado contra el orden constitucional. El trasfondo: una feroz disputa de poder que amenaza con descomponer aún más el ya frágil equilibrio institucional del gobierno libertario.
Una denuncia con nombre y apellido
Las presentaciones judiciales, ingresadas en el juzgado de Sebastián Casanello, detallan lo que Villarruel describe como un plan coordinado de desprestigio y presión para empujarla a abandonar su cargo. Una de las denuncias apunta directamente a Francisco Javier García Negre, director de La Derecha Diario, medio ultraliberal alineado con el discurso presidencial. Negre fue acusado de divulgar —sin prueba alguna— que Villarruel estaría involucrada en una presunta conspiración golpista, con apoyo de sectores peronistas y militares retirados, supuestamente advertida por agencias estadounidenses.
La segunda denuncia es aún más amplia y sensible: alcanza a Lilia Lemoine, Nicolás Márquez y a varios usuarios activos en redes sociales que forman parte del ecosistema digital del mileísmo, como “El Pubertario” y “El Trumpista”. Este último ya había sido denunciado anteriormente por representantes de Unión por la Patria, tras incitar abiertamente a “armar milicias populares” para cerrar el Congreso.
En el escrito judicial, Villarruel advierte:
“Nada de esto sucedería de no ostentar el cargo con el que la ciudadanía me ha honrado. Ergo, los ataques a mi persona importan una amenaza directa y descarnada al orden constitucional”.
La ofensiva digital y el hostigamiento personalizado
La denuncia detalla episodios de violencia verbal, escraches, amenazas veladas y campañas de desinformación dirigidas contra Villarruel y su entorno familiar. En particular, acusa a Lemoine de utilizar su investidura como legisladora para amplificar ataques y falsas acusaciones en redes sociales. Incluso, se hace mención a un usuario anónimo que, según la vicepresidenta, sería manejado directamente por la diputada para propagar estos contenidos.
En el caso de Márquez, se lo señala por haber desplegado —desde mediados de 2024— una “tarea sistemática” para socavar su autoridad institucional como titular del Senado. El denunciante lo vincula con operaciones discursivas, publicaciones injuriosas y declaraciones destinadas a instalar una imagen de traición, corrupción y conspiración en su contra.
Aunque Villarruel evita acusar directamente a la Casa Rosada, pide que se investigue si alguno de los denunciados recibe fondos estatales para desarrollar sus actividades.
De aliados a enemigos: la fractura expuesta
La ruptura entre Villarruel y parte del núcleo duro libertario tiene antecedentes públicos. Tanto ella como Márquez compartieron en el pasado espacios ideológicos vinculados a la denominada “memoria completa”, donde se reivindica la teoría de los dos demonios. Ambos participaron de eventos del Centro de Estudios Hemisféricos William J. Perry, ligado al Departamento de Defensa de los Estados Unidos.
Una imagen que se viralizó en las últimas horas —difundida por Carlos Maslatón— terminó de cristalizar la tensión. La foto, tomada en una cena de 2018 en el exclusivo Círculo de Armas, muestra a Villarruel, Márquez, Agustín Laje, Vicente Massot, Juan Bautista “Tata” Yofre y José Alfredo Martínez de Hoz (hijo del exministro de Economía de la dictadura), en un encuentro que, según Márquez, incluyó una propuesta para financiar una ONG ideológica. La entonces presidenta de CELTYV habría rechazado ese ofrecimiento, marcando un primer quiebre con sus compañeros de mesa.
En su raid mediático reciente, Márquez fue más allá: la acusó públicamente de haber recibido financiamiento de Roberto Guillermo Bravo, el marino prófugo en EE.UU. señalado como uno de los autores de la Masacre de Trelew. El señalamiento no solo golpea la imagen de Villarruel, sino que activa zonas sensibles de la historia reciente, al involucrar un crimen de lesa humanidad reconocido por la justicia argentina.
Guerra abierta en Comodoro Py
El conflicto interno en La Libertad Avanza ya no se limita al terreno discursivo. Con estas denuncias, la vicepresidenta busca sentar precedentes judiciales ante lo que considera una embestida para forzar su salida del gobierno. La fiscalía de Guillermo Marijuán será la encargada de avanzar sobre la denuncia contra Negre, mientras que Franco Picardi deberá investigar los casos que involucran a Márquez, Lemoine y los tuiteros militantes.
El episodio ocurre a pocas semanas del duro cruce público entre Javier Milei y Villarruel, cuando el presidente la calificó de “bruta traidora” durante su participación en La Derecha Fest. Desde entonces, las diferencias políticas se profundizaron y ahora se traducen en litigios penales y en una ruptura que amenaza con desatar una crisis institucional.
¿Una operación para forzar la renuncia?
Aunque no lo expresa de manera literal, el mensaje de fondo de Villarruel es claro: hay sectores dentro del oficialismo que buscan su salida. Y lo estarían haciendo mediante operaciones políticas, mediáticas y digitales, valiéndose de recursos estatales o paraestatales. En sus denuncias, la vicepresidenta se presenta como una “veladora del orden republicano” e intenta blindar su rol institucional ante una maquinaria de desprestigio que, según denuncia, ya desbordó todos los límites democráticos.
En los pasillos del Congreso y de la Justicia, ya se habla de que esta escalada podría derivar en un nuevo capítulo de crisis dentro del gobierno. La vicepresidenta no está dispuesta a ceder, pero ha optado por judicializar el conflicto. Lo que parecía una tensión silenciosa dentro del oficialismo se ha convertido en una guerra abierta. Y ahora se libra en los tribunales.
