Durante la inauguración de la 137ª Exposición Rural en Palermo, el presidente Javier Milei anunció la baja permanente de retenciones a la soja, el maíz, el girasol y las carnes. El gesto fue celebrado por la dirigencia agropecuaria, pero esa adhesión oculta una preocupante ceguera ideológica y estratégica.
Por redacción de DATA POLITICA Y ECONOMICA
En un contexto donde producir es cada vez más costoso e inviable, el problema central del agro argentino no son los impuestos a las exportaciones, sino un modelo profundamente desequilibrado: bajos precios internacionales, dólar subvaluado, altísimos costos logísticos, evasión estructural, infraestructura colapsada y una dirigencia política y sectorial incapaz de construir una visión de país productivo.
Retenciones: atacar los síntomas y no la enfermedad
El presidente Milei concretó hoy un reclamo histórico del sector agropecuario: redujo las retenciones a las exportaciones de soja (del 33% al 26%), maíz y girasol (del 12% al 9,5%) y carnes (del 6,75% al 5%), prometiendo eliminarlas en su totalidad si se mantiene el superávit fiscal y el crecimiento económico. El anuncio fue recibido con entusiasmo por los directivos de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Mesa de Enlace, quienes lo ovacionaron en el palco principal de la muestra.
Sin embargo, más allá del efecto político simbólico, la medida tiene un impacto relativo en las ganancias de los productores, ya que no soluciona los problemas estructurales que aquejan al agro. La reducción de retenciones beneficia marginalmente a los grandes exportadores, pero no resuelve la situación de las producciones regionales ni de los pequeños y mediados productores que alquilan tierras y deben enfrentar costos crecientes con márgenes cada vez más reducidos.
La transformación del modelo agrario: del productor al rentista
Una de las mutaciones más profundas del agro argentino es la que afecta a su sujeto productivo. En las últimas décadas, la figura tradicional del productor familiar, arraigado al territorio y comprometido con el trabajo directo de la tierra, ha sido reemplazada por un nuevo actor: el rentista rural, que posee la tierra pero no la trabaja.
Según datos del INDEC y del Ministerio de Agricultura, para la campaña 2023/2024, el 70% de las tierras agrícolas fueron cultivadas bajo modalidad de arrendamiento. De los más de 34 millones de hectáreas sembradas, apenas 10 millones fueron trabajadas directamente por sus propietarios. El resto fue explotado por contratistas o arrendatarios, muchos de ellos expuestos a las inclemencias climáticas, la volatilidad del mercado y la presión de alquileres dolarizados.
Esta transformación no es reciente. Desde los años ’60, con la mecanización, el uso intensivo de insumos y la concentración de tierras, miles de pequeños productores fueron expulsados del sistema. En los años ’90, la desregulación económica, la apertura comercial y la financiarización de la producción consolidaron un modelo de capitalismo agrario concentrado, donde grandes grupos económicos, fideicomisos financieros y pools de siembra operan como verdaderos gerentes del agro.
El resultado es un modelo cada vez más excluyente, donde los propietarios viven de rentas en dólares, mientras los productores reales asumen el riesgo productivo sin margen de maniobra. Esta asimetría genera un campo sin arraigo, con altos niveles de rotación, especulación sobre la tierra y ausencia de planificación de largo plazo.
El dólar subvaluado y los costos asfixiantes
El ajuste macroeconómico implementado por el gobierno de Milei, basado en el ancla cambiaria y el superávit fiscal, ha provocado una fuerte apreciación del peso. El tipo de cambio real multilateral se encuentra hoy en niveles similares a los de 2017, cuando el dólar era artificialmente barato y la competitividad externa se desplomaba.
Esta apreciación perjudica especialmente al agro, que vende en dólares y paga en pesos. A los precios deprimidos por el tipo de cambio se suman costos crecientes en dólares: insumos importados (semillas, fertilizantes, agroquímicos), combustibles, maquinaria, logística, créditos caros y, sobre todo, alquileres de tierras dolarizados.
En este escenario, muchos productores que alquilan campos deben entregar entre el 35% y el 50% de la cosecha solo para cubrir el arriendo, lo que convierte a la actividad en una apuesta de alto riesgo, donde cualquier contingencia climática o caída de precios puede dejar al productor en quiebra.
Una logística cara, obsoleta y desintegrada
A la ecuación financiera desequilibrada se suma un drama logístico: la infraestructura productiva del país está colapsada. Según la Bolsa de Comercio de Rosario, el 85% de los granos se transporta en camión, con distancias promedio de más de 500 km hasta los puertos. Esto genera un sobrecosto logístico del 30% al 40%, muy superior al de países competidores como Brasil o Estados Unidos.
El sistema ferroviario, que debería ser una alternativa eficiente, está desmantelado: de los más de 35.000 km de vías férreas que existían en 1950, hoy solo están operativas menos de 10.000, y en condiciones cada vez mas precarias. La red de rutas nacionales y caminos rurales está destruida por falta de inversión publica, lo que dificulta aún más el acceso a los centros de acopio y exportación.
Además, los principales puertos sobre el río Paraná —Rosario, San Lorenzo, San Pedro— enfrentan serios problemas de dragado, infraestructura obsoleta, peajes elevados y cuellos de botella logísticos. Argentina carece de un puerto de aguas profundas propio, lo que obliga a muchos exportadores a trasladar la producción a terminales en Uruguay o Brasil, perdiendo competitividad y soberanía logística.
Evasión, contrabando y fuga por la Hidrovía
A estos problemas se suman las prácticas de evasión estructural. Según estimaciones del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE), entre 2011 y 2020 Argentina perdió más de USD 9.800 millones por exportaciones agropecuarias subfacturadas o desviadas a través de la Hidrovía Paraná-Paraguay.
Muchas empresas exportadoras —incluso algunas nacionales, como Vicentín— utilizan filiales en Uruguay y Paraguay para triangular operaciones, subfacturar ventas y eludir el pago de retenciones o impuestos. También se detectan embarques “en negro” que salen por el litoral fluvial sin control, aprovechando la falta de fiscalización y la debilidad institucional en la frontera hidrográfica.
Estas maniobras no solo implican una pérdida fiscal para el Estado argentino, sino que también generan una competencia desleal contra los productores formales, que deben operar con todos los costos legales y sin acceso a los mismos “atajos” financieros.
Una dirigencia sin visión estratégica
Frente a este panorama, sorprende la actitud de la dirigencia agropecuaria, que ha optado por aplaudir medidas superficiales, sin exigir una agenda estructural para el desarrollo rural.
La Mesa de Enlace, las entidades del agro y buena parte de la dirigencia política siguen discutiendo el país como si estuviéramos en la década del ‘90 y añorando un pasado que no fue, sin comprender la magnitud del cambio geopolítico, tecnológico y productivo a nivel global en curso.
La falta de un proyecto estratégico para el agro nacional deja al país sin capacidad para:
Sumar valor agregado en origen.
Integrar cadenas regionales de producción y consumo.
Invertir en infraestructura física y tecnológica.
Generar empleo rural calificado.
Planificar un modelo sustentable con equidad territorial.
¿Qué política agraria necesita la Argentina?
El agro argentino no necesita “menos impuestos” como receta única, sino una transformación profunda del modelo productivo. Para eso, se requiere:
Políticas de fomento a las producciones regionales, hoy totalmente en crisis, por ejemplo yerba mate o frutihorticola en el Alto Valle y Mendoza.
Segmentar retenciones y carga fiscal, protegiendo a los pequeños y medianos productores.
Crear un banco de tierras productivas, con líneas de crédito y acceso a propiedad para jóvenes rurales.
Reactivar el sistema ferroviario, con eje en el transporte de carga regional.
Reformar el sistema portuario, invirtiendo en dragado, habilitando el Canal Magdalena y puertos propios de aguas profundas.
Combatir la evasión estructural, con trazabilidad total de exportaciones y control fluvial.
Fortalecer la investigación y extensión rural, apostando al conocimiento, la tecnología y la agroindustria.
Incentivar la radicación territorial, para revertir el éxodo rural y reconstruir el arraigo.
Modificar la ley de arrendamientos, para dar mas seguridad y equidad al productor.
La crisis del agro argentino no se resuelve con discursos en Palermo ni con gestos fiscales simbólicos. Es una crisis de modelo, de planificación, de visión nacional. Mientras el rentismo se consolida y el productor desaparece, el Estado abdica de su rol estratégico. Si no se construye una política agraria integral, con equidad, arraigo, inversión y control, el campo argentino seguirá siendo negocio para pocos y una trampa para muchos.
