Aunque vencen las facultades delegadas otorgadas por la Ley Bases, Federico Sturzenegger continuará impulsando desregulaciones sectoriales por decreto. El Gobierno avanza con una reestructuración integral del Estado, apuntando a transformar organismos clave como Vialidad Nacional, el INTI y el INTA, y crear nuevas agencias de gestión en salud y obras públicas.
Pese a que el plazo de las facultades delegadas otorgadas por la Ley Bases comienza a expirar, el Gobierno de Javier Milei no detiene su marcha reformista. Federico Sturzenegger, principal ideólogo del “plan motosierra”, seguirá a cargo del proceso de desregulación estatal, ahora por la vía de decretos sectoriales y reestructuraciones internas. Su oficina coordina una segunda etapa del plan de gobierno que busca “desarmar el andamiaje normativo y administrativo que impide el funcionamiento libre del mercado”, según definiciones del propio presidente.
En esta nueva fase, el Gobierno deja atrás el paraguas legislativo y apuesta por avanzar sobre organismos públicos, empresas estatales y regulaciones sectoriales mediante resoluciones del Poder Ejecutivo. La hoja de ruta, definida por la llamada «Oficina de Desregulación del Estado», incluye la reestructuración de entidades técnicas, la centralización de funciones en áreas críticas como salud, y la flexibilización de normativas en transporte y seguridad, en línea con la lógica de reducción del gasto público y descentralización de funciones nacionales hacia provincias y municipios, pero sin contrapartida de recursos.
Transformación del INTI e INTA
Entre las medidas más destacadas se encuentra la reconfiguración del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) y del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), dos organismos claves en el desarrollo científico, tecnológico y productivo del país. Ambos pasarán a depender de nuevos ministerios y secretarías con objetivos más alineados a la lógica de “eficiencia económica”.
El INTA quedará bajo la órbita del Ministerio de Economía, mientras que el INTI será absorbido por la Secretaría de Industria. Aunque el Gobierno afirma que la medida apunta a mejorar la articulación con el sector privado y modernizar su funcionamiento, sectores del sistema científico y técnico alertan sobre una pérdida de independencia y un posible vaciamiento presupuestario. “Estas decisiones debilitan el rol estratégico del conocimiento en el desarrollo nacional”, advirtieron desde el CONICET en un comunicado reciente.
Salud: creación de agencia y cierre de dependencias
La salud pública también fue blanco de la reestructuración. El Ejecutivo anunció la creación de la Agencia Nacional de Gestión Sanitaria, un ente descentralizado que asumirá el control de hospitales nacionales y la planificación de políticas sanitarias. A la par, se cerrarán múltiples dependencias administrativas del Ministerio de Salud, en un esquema de centralización operativa y eliminación de estructuras intermedias.
Para el Gobierno, se trata de “racionalizar recursos y evitar duplicación de funciones”. Sin embargo, gremios como ATE Salud y asociaciones médicas alertan sobre los riesgos de una gestión sin financiamiento adecuado y sin presencia territorial. “La descentralización de funciones sin recursos es una forma de desmantelar políticas sanitarias”, señalaron desde ATE.
Reforma de las fuerzas federales
La cartera de Seguridad, conducida por Patricia Bullrich, presentó una reforma integral de las fuerzas federales. La misma establece un plazo de 90 días para que estas instituciones adecuen sus estructuras y protocolos a una nueva doctrina operativa, con énfasis en la coordinación con fuerzas provinciales, la digitalización de procedimientos y la eliminación de “burocracia ineficiente”.
La medida, coordinada junto a Sturzenegger, apunta a otorgar mayor flexibilidad de acción y adaptabilidad en contextos de crisis. No obstante, sectores de derechos humanos y organizaciones sindicales advierten sobre una posible “militarización de la gestión civil” y pérdida de controles institucionales.
Transporte y Vialidad: hacia la gestión privada
En el área de infraestructura y transporte, el Gobierno anunció la reestructuración de Vialidad Nacional y la reorientación del esquema de concesiones viales. El objetivo es promover la inversión privada en obras de infraestructura, eliminar barreras regulatorias y reducir el peso del Estado en la planificación de obras públicas.
Según voceros del Ministerio de Infraestructura, el modelo busca acelerar la ejecución de proyectos en corredores estratégicos sin depender de licitaciones tradicionales. No obstante, especialistas en políticas públicas advierten que la privatización de la planificación vial puede generar asimetrías regionales y concentración de inversiones en zonas de alta rentabilidad.
Economía: pago a bonistas y presión cambiaria
En el plano económico, el Gobierno confirmó que este miércoles pagará u$s4.200 millones a bonistas internacionales, en una señal destinada a reforzar la confianza de los mercados financieros. La noticia fue bien recibida en la plaza local. Sin embargo, persisten dudas sobre la sostenibilidad macroeconómica. A pesar de una liquidación récord del agro, la demanda de dólares se mantiene firme y genera presión sobre el tipo de cambio. En ese marco, analistas como Gabriel Caamaño (Consultora Ledesma) advierten que “la apreciación del peso y la falta de un ancla monetaria clara podrían generar tensiones en el corto plazo”.
Resistencias sociales
Sturzenegger y su equipo redoblan la apuesta mediante decretos, reformas institucionales y decisiones administrativas, apuntando a una reconfiguración del Estado nacional sin precedentes en democracia. El proceso, presentado como una modernización, enfrenta crecientes resistencias de sectores sociales, políticos y técnicos, que alertan sobre los efectos colaterales de un ajuste que avanza a toda velocidad.
