El gobierno de Javier Milei atraviesa una de sus crisis políticas más delicadas desde su llegada a la Casa Rosada. El frágil andamiaje legislativo que sostenía su capacidad de veto se desmoronó tras la pérdida de los 87 diputados conocidos como “los héroes”, clave para frenar por mayoría especial cualquier iniciativa que el Ejecutivo rechazara. La tensión se trasladó al Congreso y a las provincias, con un creciente malestar entre gobernadores que hasta hace poco respaldaban el plan económico.
En el Senado, la Comisión de Trabajo y Previsión Social se convirtió en epicentro del conflicto. La senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero, de cercanía con Patricia Bullrich, intentó bloquear el tratamiento de un proyecto para mejorar los haberes jubilatorios, pero terminó perdiendo el control del debate ante una moción del peronista Mariano Recalde. El episodio derivó en un escándalo institucional: Álvarez Rivero quiso levantar la sesión, se retiró y volvió entre gritos, y fue desautorizada incluso por su compañera de bloque Guadalupe Tagliaferri (UCR). El oficialismo quedó en minoría, y la iniciativa fue dictaminada con apoyo de peronistas, radicales y aliados.
El papelón parlamentario encendió alarmas en Balcarce 50. Gobernadores que venían acompañando con reservas el ajuste fiscal del ministro Luis Caputo comenzaron a distanciarse y a reunirse entre sí. El punto de quiebre fue una frustrante reunión con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien acudió a un encuentro con los ministros de Economía de 17 provincias sin ofrecer respuestas sobre la transferencia de fondos coparticipables, ATN ni recursos del impuesto a los combustibles.
“Cuando la Nación retiene los ATN, genera un superávit con plata que es de las provincias”, denunció Pablo Olivares, ministro de Economía de Santa Fe. El funcionario se refirió al superávit que el Ejecutivo nacional promociona como logro, pero que, según sostienen en varias gobernaciones, se construye artificialmente a costa del estrangulamiento financiero de los distritos.
Los gobernadores preparan una ofensiva legislativa con proyectos de ley para obligar al Ejecutivo a distribuir los fondos que, según afirman, les corresponden por derecho. La estrategia suma adhesiones incluso entre legisladores que en su momento habían acompañado al oficialismo, como parte de un clima de creciente disconformidad ante el “centralismo fiscal” de Milei.
En paralelo, se profundiza la ruptura con sectores de la UCR. Legisladores como Mariano Campero, que en su momento rompieron con la estructura radical para apoyar al presidente, fueron desplazados de las listas de candidatos, lo que desató fuertes tensiones internas. El caso del misionero Martín Arjol —que, al competir por fuera de la lista oficial, apenas superó el 7% de los votos— es ilustrativo del derrumbe de la estrategia electoral libertaria en varias provincias.
A esto se suma la creciente incomodidad de los gobernadores por el accionar digital del oficialismo. Según trascendidos, mandatarios provinciales denuncian que cada vez que marcan diferencias con el rumbo económico o institucional del gobierno, son blanco de campañas de trolls libertarios orquestadas por Santiago Caputo, el estratega digital y asesor clave del presidente.
La fractura con Mauricio Macri también se profundiza. Aunque en algunos distritos se mantienen acuerdos —como en la provincia de Buenos Aires con figuras como Cristian Ritondo o Guillermo Montenegro—, el expresidente y su círculo más cercano desconfían de la estrategia libertaria, centrada en priorizar la pureza ideológica sobre la construcción territorial y la gobernabilidad.
En el plano interno, la Casa Rosada muestra señales de descoordinación. Guillermo Francos, jefe de Gabinete, quedó políticamente aislado. Sus intentos de tender puentes con los gobernadores chocan con las decisiones de Caputo, que se niega a liberar fondos para no desestabilizar la macroeconomía en plena etapa preelectoral. A su vez, Francos mantiene una relación cada vez más tirante con Santiago Caputo y con el arquitecto de reformas Federico Sturzenegger. Según fuentes legislativas, incluso estaría considerando no volver a presentarse en el Senado para rendir informes tras haber sido blanco de críticas en la última sesión.
En medio del desorden, crecen los rumores de cambios en el gabinete después de las elecciones. Se especula con que Patricia Bullrich dejaría el Ministerio de Seguridad para competir por una banca en el Senado, acompañada por el propio Francos, lo que abriría la puerta a un eventual ascenso del vocero presidencial Manuel Adorni.
La suma de crisis en el Congreso, las provincias y el gabinete plantea un escenario de debilidad inédita para un gobierno que construyó su fuerza sobre alianzas provisorias y una lógica de confrontación constante. Sin los votos necesarios para sostener un veto presidencial y con aliados cada vez más distantes, Milei enfrenta un desafío crucial para sostener su agenda económica sin un andamiaje político sólido.
