El gobernador bonaerense cuestionó duramente al gobierno libertario por no sostener la apelación ante la justicia de EE.UU. en la causa por la reestatización de YPF. Afirmó que la expropiación fue legítima y que sin ella “no habría Vaca Muerta”. Denunció conflictos de interés en la actual defensa del Estado.
En una extensa conferencia de prensa, el gobernador bonaerense Axel Kicillof defendió con firmeza la expropiación de YPF realizada en 2012 y calificó de “disparate jurídico” el reciente fallo de la jueza neoyorquina Loretta Preska que ordena entregar el 51% de las acciones estatales de la petrolera como forma de pago a fondos buitre. A su vez, denunció la “desidia” del gobierno de Javier Milei por no haber presentado garantías procesales para continuar con la apelación iniciada por la gestión anterior.
La sentencia de Preska se basa en la supuesta violación de una cláusula del estatuto de YPF, que exigía realizar una oferta pública de adquisición a los accionistas minoritarios en caso de cambio de control. Aunque el fallo no cuestiona la potestad del Estado argentino para expropiar, impone una millonaria penalización —originalmente estimada en US$16.000 millones— por no haber cumplido con los procedimientos internos de la empresa.
“Lo que se intenta imponer es el estatuto de una empresa privada por sobre la Constitución Nacional”, afirmó Kicillof, quien fue ministro de Economía durante la reestatización. La operación fue avalada en su momento por el Congreso argentino con amplio respaldo político: 208 votos afirmativos en Diputados y 63 en el Senado, incluyendo bloques opositores como la UCR, el socialismo y Proyecto Sur.
La falta de defensa del Estado
El punto más crítico del discurso de Kicillof fue la acusación directa al gobierno de Javier Milei por no haber sostenido la defensa jurídica del Estado argentino. Tras la apelación presentada en 2023 por el entonces gobierno de Alberto Fernández, la administración libertaria debía presentar garantías para mantener la apelación activa al asumir en enero de 2024. No lo hizo.
“Fue esa omisión deliberada del Gobierno libertario la que permitió a los fondos buitre avanzar hasta esta situación”, aseguró el gobernador, quien además cuestionó la actuación del actual procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla. Según Kicillof, uno de los socios del estudio del funcionario habría asesorado previamente a Burford Capital, uno de los principales beneficiarios del fallo.
Burford compró en 2015 los derechos de litigio del Grupo Petersen, el holding de la familia Eskenazi que había ingresado a YPF en 2007 mediante un esquema de pago con utilidades futuras. Tras la expropiación de 2012, el grupo no pudo continuar con los pagos, dando origen a la disputa legal.
Un balance de la reestatización
Kicillof reivindicó la decisión de reestatizar YPF como un acto de soberanía energética, necesario ante la “catástrofe” que representó, a su juicio, la gestión privada de Repsol. Según el gobernador, entre 2007 y 2011 Argentina pasó de un superávit comercial energético de US$6.000 millones a un déficit de US$3.000 millones, producto de la falta de inversiones y el deterioro de la producción.
“El vaciamiento de YPF por parte de Repsol fue brutal: la producción cayó un 50%, las reservas se redujeron, y no se invirtió un dólar en Vaca Muerta”, sostuvo. Tras la reestatización, Kicillof indicó que la producción de petróleo creció un 78%, la de gas un 18% y que en 2024 el país volvió a registrar superávit energético por US$5.696 millones. “Sin expropiación no habría Vaca Muerta”, remarcó.
Ecos políticos y jurídicos
La controversia también generó repercusiones en el ámbito jurídico. El propio Bernardo Saravia Frías, ex procurador del Tesoro durante el gobierno de Mauricio Macri, consideró que el fallo de Preska es “jurídicamente insostenible” y propuso avanzar con un per saltum hacia la Corte Suprema de EE.UU.
La ofensiva judicial impulsada por fondos como Burford y Eaton Park representa, según Kicillof, un nuevo capítulo en la disputa por la soberanía de los recursos estratégicos del país. “Estamos ante una ofensiva de intereses privados que buscan poner por encima de nuestras leyes una cláusula societaria. Es inaceptable”, concluyó.
