Durante la gestión de Mauricio Macri se firmó un acuerdo por 1.314 millones de pesos para mejorar rutas nacionales, pero las obras no se realizaron y el dinero desapareció.
Entre 2017 y 2019, la Agencia Nacional de Seguridad Vial transfirió más de 1.300 millones de pesos para obras en rutas nacionales que nunca se realizaron. La denuncia apunta a Javier Iguacel y Guillermo Dietrich. El caso, aún sin avances judiciales, expone una trama de presunto desvío de fondos públicos que hoy equivalen a más de $50.000 millones.
Una red de corrupción sin pavimentar: obras prometidas, fondos transferidos, resultados invisibles
Durante los últimos años del gobierno de Mauricio Macri, entre 2017 y 2019, la Agencia Nacional de Seguridad Vial transfirió $1.314 millones a la Dirección Nacional de Vialidad para la ejecución de obras de infraestructura en rutas nacionales clave. Las rutas 5, 7, 8, 22 y 34 debían ser intervenidas con mejoras orientadas a reducir la siniestralidad vial. Sin embargo, ninguna de las obras previstas se llevó a cabo y el destino de los fondos sigue sin explicación.
La denuncia fue presentada por el diputado nacional Rodolfo Tailhade (UxP), luego de que un informe oficial de la anterior gestión de Seguridad Vial revelara el incumplimiento total del plan de obras. Según el informe, no sólo no se ejecutaron los trabajos comprometidos, sino que las pocas intervenciones realizadas fueron de mala calidad y sin impacto comprobable en la seguridad de las rutas.
El foco de la investigación se dirige principalmente hacia Javier Iguacel, entonces titular de Vialidad Nacional, quien autorizó y administró los fondos. Pocos meses después de su paso por el organismo, Iguacel se presentó como candidato a intendente de Capitán Sarmiento y, según Tailhade, parte de su campaña habría sido financiada con recursos públicos desviados. “El dinero de los argentinos que debía ir a rutas más seguras, terminó en carteles de campaña y actos proselitistas”, expresó el legislador en declaraciones recogidas por Tiempo Argentino (29/6/2024).
Otro funcionario involucrado en la denuncia es Guillermo Dietrich, exministro de Transporte, responsable de autorizar los giros de dinero desde Seguridad Vial a Vialidad. Para Tailhade, Dietrich no sólo conocía el destino de esos fondos sino que habría facilitado el mecanismo para encubrir su desvío.
La causa judicial quedó en manos del juez federal Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita, aunque hasta el momento no ha mostrado avances significativos. Según fuentes judiciales, la investigación permanece en etapa preliminar, sin llamados a indagatoria ni medidas concretas que permitan rastrear el destino del dinero, que actualizado a valores actuales supera los $50.000 millones.
Mientras tanto, los principales señalados parecen ajenos al proceso judicial. Iguacel, tras su paso por la gestión pública, incursionó en el negocio del petróleo y se quedó con activos de YPF por una cifra irrisoria, según consta en informes de El Destape (2/7/2024). Por su parte, Dietrich abandonó la política y se radicó en Punta del Este.
El caso se suma a una larga lista de denuncias por supuestas irregularidades en la obra pública durante el macrismo, muchas de las cuales quedaron archivadas o sin resolución. En contraposición con el discurso anticorrupción que caracterizó a Cambiemos, las acusaciones por desvío de fondos públicos y enriquecimiento ilícito empiezan a configurar un patrón de doble vara judicial.
Desde la oposición exigen que se reactive la investigación. “No se trata de una diferencia contable, sino de un fraude multimillonario contra el Estado”, advirtió Tailhade en el Congreso. Diversos organismos de control, como la Auditoría General de la Nación y la SIGEN, podrían intervenir en el caso si se avanza en el plano judicial.
El silencio oficial, sin embargo, es elocuente. Ni Iguacel ni Dietrich han respondido públicamente a las acusaciones. Tampoco se ha dado a conocer un informe de ejecución presupuestaria que aclare qué ocurrió con los fondos transferidos.
En un país donde los siniestros viales provocan miles de muertes al año, la falta de inversiones en rutas seguras no es un dato menor. La opacidad en la gestión de fondos destinados a infraestructura crítica no sólo afecta las cuentas públicas, sino que compromete la seguridad de millones de argentinos.
NR
