El fallo de la jueza Loretta Preska en Nueva York agrava el litigio por la expropiación de YPF y pone en riesgo el control estatal sobre la principal petrolera del país. La omisión del gobierno de Javier Milei al no presentar garantías clave en 2024 habilitó la decisión. El conflicto involucra vínculos cuestionables entre funcionarios y los demandantes.
La jueza Loretta Preska, del tribunal del distrito sur de Nueva York, ordenó que la Argentina entregue el 51% de las acciones de YPF a los fondos litigantes Burford Capital y Eaton Park como forma de pago por la sentencia que condenó al Estado a indemnizar con US$16.000 millones por la expropiación de la petrolera en 2012. La decisión, si bien apelable, representa un golpe simbólico e institucional al patrimonio estratégico argentino, y abre una nueva etapa en el prolongado conflicto judicial por el control de la empresa más importante en Vaca Muerta.
El fallo responde a un extenso litigio iniciado tras la reestatización parcial de YPF durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Aunque Repsol –la anterior accionista mayoritaria– fue compensada en 2014 tras un acuerdo con el Estado argentino, los fondos litigantes adquirieron los derechos de juicio derivados del incumplimiento de las condiciones del estatuto de YPF, que exigía una oferta pública por la totalidad de las acciones ante una nacionalización parcial.
Burford Capital, un fondo especializado en litigios, compró los derechos de los herederos del Grupo Petersen –la familia Eskenazi– que en 2007 habían ingresado al capital de YPF con una participación del 25%, financiada enteramente por deuda y pagadera con los dividendos futuros de la petrolera. Tras la estatización de 2012, el cese de los pagos por dividendos derivó en la cesación de pagos de los Eskenazi, y finalmente en la cesión de sus derechos legales a Burford. Por su parte, Eaton Park también reclamó judicialmente por su tenencia minoritaria (3,5%).
La sentencia original fue dictada por Preska en septiembre de 2023. El gobierno de Alberto Fernández apeló, pero al asumir Javier Milei en diciembre, el nuevo gobierno debía presentar en enero de 2024 una garantía judicial para mantener vigente la apelación. Esa garantía –de carácter económico– nunca fue presentada, según confirmó el analista financiero Sebastián Maril, lo que dejó vía libre para que los fondos buitres solicitaran la ejecución del fallo mediante el embargo del paquete accionario estatal.
Un dato que agrava el cuadro es la representación legal del Estado argentino. Actualmente, la Procuración del Tesoro de la Nación está a cargo del abogado Santiago Castro Videla, quien previamente fue socio del estudio Bianchi, Galarce & Castro Videla. Uno de sus exsocios, Alberto Bianchi, asesoró al propio Burford Capital en el marco del litigio por YPF. Esta situación levanta serios cuestionamientos sobre eventuales conflictos de interés y la debilidad institucional en la defensa de los intereses nacionales.
Especialistas en derecho internacional coinciden en que la entrega de acciones no está aún cerrada. La decisión de Preska puede ser apelada ante un tribunal superior. Además, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, durante la administración de Joe Biden, presentó un escrito en favor de Argentina en una de las instancias, alegando la soberanía del país sobre sus decisiones energéticas y el carácter estratégico de YPF.
Por lo tanto, existen aún canales legales abiertos para evitar que se concrete la cesión del 51% accionario. No obstante, el perjuicio reputacional y financiero ya está en marcha, agravando la incertidumbre jurídica para las inversiones y debilitando la posición argentina en otros litigios similares. El caso YPF se suma así a una serie de frentes abiertos en la relación entre Argentina y los fondos buitre, como lo fueron en su momento los juicios por deuda soberana tras el default de 2001.
En el plano geopolítico y económico, la pérdida de control estatal sobre YPF podría significar un retroceso en la soberanía energética, especialmente en un contexto donde Vaca Muerta representa uno de los principales activos estratégicos del país en materia de producción de gas y petróleo no convencional.
La causa judicial continúa abierta, pero la combinación de omisiones gubernamentales, vínculos cuestionables y un sistema jurídico adverso en el exterior sitúan a la Argentina en una posición de extrema vulnerabilidad en un terreno donde el patrimonio nacional está en juego.
