El gobierno paralizó el dragado del Río Salado, esencial para evitar anegamientos en una de las zonas más productivas del país, aunque continúa recaudando el impuesto a los combustibles destinado por ley a financiarla. Las pérdidas por las inundaciones superan los US$ 5.000 millones.
Paradoja fiscal: se cobra el impuesto, pero no se hace la obra
Mientras millones de hectáreas permanecen inundadas en la provincia de Buenos Aires y regiones vecinas, el Gobierno nacional mantiene congelada una obra estratégica diseñada para prevenir este tipo de desastres. Se trata del dragado del Río Salado, una de las iniciativas más importantes del Plan Maestro de la Cuenca del Salado, frenada por decisión del presidente Javier Milei, pese a que existe financiamiento disponible por ley y fondos acumulados por más de $155.000 millones.
La paradoja es clara: cada vez que un argentino carga nafta o gasoil, abona el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC), un porcentaje de los cuales —según la Ley 23.966 y el Decreto 1381/2001— se destina directamente al Fideicomiso de Infraestructura Hídrica para obras como esta. El 4,31% de esa recaudación está específicamente asignado al financiamiento de proyectos hidráulicos. Sin embargo, pese a seguir cobrando este tributo, el Gobierno decidió no ejecutar los fondos.
Impacto productivo y ambiental
El Río Salado atraviesa una de las regiones agropecuarias más ricas del país. Su cuenca abarca 17 millones de hectáreas en 59 municipios bonaerenses, alberga el 75% del stock vacuno de la provincia y genera más del 70% de los granos y el 20% de la leche producida en Argentina. La obra de dragado y canalización está pensada para darle mayor pendiente a un curso de agua que atraviesa una superficie extremadamente plana, lo que agrava los anegamientos en temporadas de lluvias.
En 2025, se registraron tres episodios de inundaciones que, según la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), generaron pérdidas por más de US$ 5.000 millones. El último informe de la entidad, de 11 páginas, señala que actualmente hay cerca de 2 millones de hectáreas bajo agua, afectando tanto a la actividad agrícola como ganadera. El sector privado y entidades como la Sociedad Rural, la Federación Agraria y la Unión Industrial Argentina integran el Consejo Honorario del Salado, desde donde emitieron duras críticas al Gobierno por la paralización de las obras.
La obra paralizada: tramo estratégico, consecuencias concretas
El Plan Maestro del Río Salado, iniciado hace más de dos décadas tras las inundaciones de los años ‘80 y ‘90, se divide en cinco etapas. El conflicto actual gira en torno a la paralización del tramo IV.2, ubicado entre los partidos de 25 de Mayo y Lobos. Son apenas 30 kilómetros en una obra de 400, pero ese segmento funciona como un cuello de botella: al encontrarse aguas abajo de zonas ya dragadas, el agua se acumula y desborda, generando las mayores afectaciones.
Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, explicó que la provincia continúa con otros tramos gracias a financiamiento internacional, pero que resulta «incomprensible» que el Gobierno nacional congele los pagos mientras retiene fondos que por ley deben destinarse a estas obras. “Las pérdidas por las inundaciones son mucho mayores que los costos de las obras de dragado”, subrayó.
Inacción costosa: los tres eventos de 2025
Carbap detalla tres eventos de inundaciones este año con impacto directo en la economía agroindustrial:
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Febrero-marzo: afectó áreas ganaderas del suroeste bonaerense, con pérdidas forrajeras y daños en cultivos de girasol.
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Marzo-abril: afectó regiones agrícolas como Carlos Casares, 9 de Julio, Bolívar y Roque Pérez, impidiendo la cosecha de soja y maíz.
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Mayo: fuertes lluvias en el norte y centro de la provincia impidieron la siembra de trigo y cebada.
Los productores denuncian que estas lluvias no fueron excepcionales, sino dentro de parámetros normales, y que los daños se deben directamente a la falta de mantenimiento y ampliación del cauce.
Fondo inmovilizado y futuro incierto
Pese a las críticas, el Ejecutivo no ha brindado explicaciones claras sobre la inejecución de los fondos, más allá de haber prometido una auditoría a los contratistas. Entretanto, la provincia de Buenos Aires anticipó que en los próximos 60 días licitará la Etapa V del plan, con un presupuesto estimado en $160.000 millones, aunque para ello también se requiere cooperación nacional.
El caso del Río Salado refleja una contradicción fundamental en el programa económico del gobierno libertario: mantener el «déficit cero» a costa de abandonar funciones básicas del Estado, incluso cuando los recursos están disponibles y las consecuencias de la inacción son devastadoras. Una política de ajuste que no distingue entre gasto superfluo e inversión vital.
