Ante la retirada del Estado en los barrios más vulnerables, la Iglesia Católica y sectores del Poder Judicial articulan una red de contención social para enfrentar el avance del narcotráfico y la crisis humanitaria. Un documento del Episcopado denuncia el abandono oficial y la falta de políticas públicas del gobierno de Javier Milei.
Por Redacción Data Política y Económica
“La retirada del Estado es una forma indirecta de condenar a muchos a la muerte”. Con esa frase lapidaria, la Conferencia Episcopal Argentina sintetizó en un reciente documento el drama social que atraviesan miles de jóvenes atrapados por el narcotráfico en los barrios populares. El texto, firmado por los arzobispos Marcelo Colombo, Ángel Rossi, Cesar Daniel Fernández y Raúl Pizarro, denuncia la descomposición social agravada por el ajuste del gobierno de Javier Milei, y expone la falta de políticas activas en el abordaje del consumo problemático de drogas.
Lejos de ser un diagnóstico aislado, la posición de la Iglesia se inscribe en una articulación cada vez más fuerte con sectores del Poder Judicial y movimientos sociales que buscan suplir la ausencia del Estado. Esta “Pastoral Judicial”, encabezada por figuras como el camarista Alejandro Slokar y el arzobispo Jorge García Cuerva, promueve una red de contención institucional en barrios atravesados por la pobreza, el consumo y la violencia narco.
Ajuste sin contención: el caso Sedronar
Según cifras oficiales, desde que asumió Milei la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (Sedronar) sufrió un recorte del 20% de su personal, pasando de 655 empleados a 522. A eso se suma una fuerte subejecución presupuestaria: de los más de $37.000 millones asignados en 2023, solo se ejecutó el 54% al mes de septiembre. Para 2025, el panorama es aún más grave: hasta junio, los recursos efectivamente transferidos a programas de atención y prevención no superan los $23.400 millones.
“El que venía al comedor ahora viene alcoholizado. El que jugaba al fútbol en la capilla hace dos años ahora lo ves drogándose”, relatan los curas villeros. Según estimaciones, al menos 300.000 jóvenes necesitan asistencia por consumo problemático en todo el país. Pero los centros comunitarios denuncian recortes, demoras en los pagos y restricciones en el uso de subsidios, que ya no pueden destinarse a salarios de profesionales.
“Nos dicen que hay plata, pero la única política antinarco es mandar Gendarmería”, deslizó una fuente eclesiástica. El Sedronar, dirigido por Roberto Moro –funcionario también durante el macrismo–, prioriza ahora gastos en insumos frente a recursos humanos, desarticulando los equipos de atención integral.
La red de Hogares de Cristo y la alianza con el Poder Judicial
Frente al abandono estatal, la Iglesia profundizó la expansión de su red de Hogares de Cristo, que ya suma más de 300 espacios en el país, incluso en regiones alejadas como la comunidad wichi de Ingeniero Juárez, Formosa. El último fue inaugurado en Once, con la presencia de García Cuerva y el juez Slokar, junto a defensores, fiscales y jueces laborales y penales.
“La verdadera reforma judicial es que el poder funcione para las comunidades olvidadas, que la justicia sea un puente y no una barrera”, dijo Slokar. La imagen de la misa y el reparto de mate cocido en Plaza Miserere no es solo un símbolo: expone la ocupación de un vacío que ni las políticas sociales ni las fuerzas de seguridad están abordando de manera integral.
La Pastoral Judicial: una alianza inédita
La Pastoral Judicial nació en 2024 en el cruce entre la Iglesia, el sistema judicial y las organizaciones sociales. Con apoyos explícitos del papa Francisco, ya tuvo encuentros en la ex villa 1-11-14, La Plata, La Matanza y Moreno, con participación de figuras como Gustavo Carrara, Alejo Ramos Padilla, Julio Conte-Grand y referentes sindicales y sociales cercanos al kirchnerismo.
Más allá de las diferencias políticas, la articulación tiene una lógica de urgencia humanitaria. “No se puede gestionar por formularios. Se necesita humanidad”, advierte Pablo Vidal, de Cáritas y los Hogares de Cristo. Y agrega: “Hay una conciencia del riesgo jurídico de los jóvenes frente al avance del narco y la cultura del descarte”.
Una foto que incomoda al poder
La relación entre el gobierno nacional y la Iglesia atraviesa su momento más tenso desde la asunción de Javier Milei. El Ejecutivo evitó responder el documento episcopal. “Nunca contestan”, reconocen fuentes cercanas al Episcopado. La vinculación se reduce a la Secretaría de Culto, bajo la órbita de Nahuel Sotelo, sin canales de diálogo reales.
Pero el mensaje de la Iglesia no se detiene. En mayo, García Cuerva alertó ante Milei en el Tedeum que “la Argentina sangra de inequidad”. Esta semana volvió a reiterar el mismo llamado en el barrio de Once, donde pidió “no dejar en el camino a quienes se han caído”.
Conclusión: cuando el ajuste deja sin red
El avance del narcotráfico sobre las poblaciones más vulnerables no es nuevo, pero el deterioro de la red institucional y social lo agrava. El retiro del Estado, materializado en recortes presupuestarios y desarticulación de políticas públicas, deja el terreno libre a las economías criminales. Frente a esa realidad, la alianza entre la Iglesia y sectores del Poder Judicial busca construir una malla de contención que no reemplace, sino que interpela al Estado.
El desafío es claro: si no se refuerzan las comunidades y se invierte en la reconstrucción del tejido social, como advierte un sacerdote del conurbano, “podemos derrumbar todos los búnkeres que queramos, pero si no fortalecemos a la comunidad, el narco va a volver a entrar”.
