Durante una interpelación parlamentaria, el jefe de Gabinete Guillermo Francos admitió que el presidente Javier Milei ya conocía y había discutido el proyecto cripto $Libra antes de su lanzamiento. El Gobierno intenta desvincularse de la estafa, pero las declaraciones oficiales revelan inconsistencias, silencios y una preocupante falta de documentación.
La sesión en la Cámara de Diputados del martes 29 de abril dejó más dudas que certezas sobre el escándalo que envuelve al presidente Javier Milei y al proyecto cripto conocido como $Libra, señalado como una posible estafa de alcance internacional. Interpelado por legisladores de distintas bancadas, el jefe de Gabinete Guillermo Francos osciló entre el desconocimiento, las evasivas y las contradicciones.
Francos reconoció que entre septiembre de 2024 y enero de 2025, Milei mantuvo reuniones con empresarios cripto como Mauricio Novelli, Hayden Mark Davis (CEO de Kelsier Ventures) y Julian Peh (CEO de Kip Protocol), donde se discutió el ahora polémico proyecto “Viva la Libertad”, nombre original de $Libra. Estas declaraciones desmienten afirmaciones previas del propio Francos, quien horas antes había asegurado que el presidente “no mantiene ni mantuvo ningún vínculo con el proyecto”.
Una relación personal con los promotores de $Libra
En un intento de minimizar la conexión, Francos señaló que el presidente conoció a Novelli en 2020 y que entre ambos existe una “relación personal y profesional”, incluso afirmando que Milei dictó clases en la academia de trading de Novelli. Sin embargo, aseguró que ninguno de los promotores del proyecto fue contratado por el Estado, ni tuvo una relación formal con el Gobierno nacional.
La diputada Mónica Frade (Coalición Cívica) preguntó si existía algún documento oficial sobre el proyecto, a lo que Francos respondió: “No he visto ningún escrito sobre el proyecto concreto”, lo cual refuerza la sensación de informalidad en el vínculo entre la presidencia y una iniciativa que terminó involucrando a cientos de damnificados.
El auspicio fantasma y las redes oficiales
Durante la interpelación, el diputado Itai Hagman (Unión por la Patria) mostró evidencia de que en la página web del evento Tech Forum, organizado por Novelli, figuraban los logos del Gobierno Nacional y del Gobierno porteño como auspiciantes. Francos no pudo explicar cómo ni por qué aparecían esas insignias oficiales. Más llamativa aún fue la discusión en torno a un tuit del propio Milei, quien difundió un contrato del proyecto $Libra antes de que estuviera publicado en la web oficial. La oposición insistió en que dicha información no era pública en ese momento.
Francos intentó justificar al presidente asegurando que “le pareció una buena idea y la difundió”, subrayando que no investigó a fondo el proyecto ni a sus impulsores. También intentó desvincular al mandatario de la estafa: “Milei no considera que esto sea una estafa (…) es un negocio entre privados”, dijo, aunque reconoció que el Presidente se retiró del tema cuando “se generó un ruido muy grande en la red”.
Una respuesta que no responde
Francos insistió en que no puede opinar sobre un tema que está siendo investigado por la Justicia. Hasta el momento, se han presentado más de 140 denuncias en juzgados federales de la Ciudad de Buenos Aires y de San Isidro, lo que podría convertir este caso en una de las mayores estafas ligadas al universo cripto en la región.
Sin embargo, lo más alarmante no es solo el posible perjuicio económico para los ciudadanos, sino la ligereza con la que la figura presidencial se habría vinculado a un proyecto sin respaldo técnico, legal ni institucional. La afirmación de Francos de que «quizás estaban jugando al ajedrez» al referirse a una reunión de cuatro horas entre Milei y Novelli, fue tomada por muchos como un símbolo de la falta de seriedad con la que el Gobierno aborda una denuncia de esta magnitud.
Opacidad institucional y falta de controles
La defensa cerrada de Karina Milei, quien autorizó cientos de ingresos a Casa Rosada desde la asunción presidencial, tampoco despeja las sospechas. Francos intentó justificarlo argumentando que se trata de encuentros habituales con actores del sector privado. Sin embargo, la falta de documentación, el carácter informal de los contactos y la posterior utilización de redes sociales oficiales para promocionar el proyecto, configuran un cuadro preocupante.
El caso $Libra pone en cuestión los límites entre lo público y lo privado, así como la responsabilidad institucional en un escenario donde la desregulación, la ideología libertaria y la confianza ciega en los «mercados» se convierten en terreno fértil para operaciones de dudosa legalidad.
La Justicia deberá avanzar en la investigación. Pero el Congreso, los medios y la sociedad tienen el deber de exigir transparencia, rendición de cuentas y control democrático sobre quienes dicen representar al pueblo. Porque, más allá del ruido en las redes, el silencio institucional puede ser mucho más ensordecedor.
