Kicillof pide «mayor rigor» judicial y acusa a la oposición de hacer «política con la tragedia»


El gobernador bonaerense apuntó contra la Justicia y el Gobierno nacional tras el asesinato de Kim Gómez en La Plata. Exigió que se apliquen penas con firmeza y cuestionó la falta de recursos en seguridad.


El brutal asesinato de Kim Gómez, la niña de siete años que murió tras ser arrastrada por delincuentes durante un intento de robo en La Plata, conmocionó a la sociedad argentina y desató una fuerte controversia política. Desde San Bernardo, el gobernador bonaerense Axel Kicillof se refirió al caso con dureza, exigiendo «todo el rigor» de la Justicia y acusando a la oposición de «hacer campaña con la tragedia».

En conferencia de prensa, el mandatario expresó su dolor por el crimen ocurrido el martes en el barrio Altos de San Lorenzo y señaló que la provincia actuó de inmediato para apresar a los responsables. «Nos dedicamos desde el primer momento a capturar a los delincuentes, que tenían que estar presos», afirmó Kicillof.

Sin embargo, su discurso fue más allá de la indignación y se transformó en una dura crítica a la dirigencia opositora, a la que calificó de «inmoral y miserable» por utilizar el caso con fines electorales. «Algunos usan esto para ganar un voto, para lucrar con el dolor y ver si pueden sacar ventaja. Se han traspasado todos los límites», sentenció.

El foco en la Justicia y la responsabilidad política

Kicillof destacó que la imputabilidad no es un problema en este caso, ya que el principal acusado tiene 17 años y podía haber sido condenado en instancias anteriores. «El problema es si la ley no se aplica o se aplica mal. A quien cometió esta atrocidad ya lo habíamos apresado en febrero y estuvo inmediatamente libre», explicó el gobernador, señalando que la liberación previa del joven podría haber evitado la tragedia.

En este punto, el mandatario hizo énfasis en la responsabilidad del Poder Judicial, marcando distancia respecto a la toma de decisiones en materia de penas. «Yo no nombro a los jueces, no pongo preso ni libero a nadie. Nosotros somos responsables de la Policía, que actúa como auxiliar de la Justicia», sostuvo.

En sintonía con esta postura, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, había apuntado anteriormente contra la Justicia por la reincidencia del menor implicado. «Si las leyes no se cumplen o los jueces toman decisiones erradas, los resultados son estos», declaró Alonso.

Críticas al Gobierno nacional y reclamo por recursos

El discurso de Kicillof no solo incluyó cuestionamientos al sistema judicial, sino también al Gobierno de Javier Milei, al que responsabilizó por la falta de recursos destinados a la seguridad en la provincia. «Tiene que haber un trabajo en conjunto. Nosotros nos hacemos cargo de lo que nos corresponde, pero que cada uno asuma su parte y que le devuelvan los recursos a la provincia de Buenos Aires», reclamó el gobernador.

Además, cargó contra la administración nacional por lo que considera una falta de articulación en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. «Estaría bueno que dejen Twitter y pisen los barrios», lanzó con ironía, en un claro mensaje hacia Milei y su equipo.

El mandatario también recordó que desde antes del fallido Pacto de Mayo viene pidiendo un encuentro con el presidente para abordar la problemática de seguridad. «Yo lo invito al Presidente, estoy dispuesto a ir a trabajar con seriedad estas cuestiones. La situación se agrava y necesitamos soluciones concretas», afirmó.

Un debate que se traslada a la arena política

El asesinato de Kim Gómez no solo expuso las falencias del sistema judicial y de seguridad, sino que también avivó un enfrentamiento político en un contexto de alta tensión entre la Nación y la Provincia.

Mientras la oposición insiste en la baja de la edad de imputabilidad y en una política de mano dura, Kicillof pone el acento en la necesidad de fortalecer el accionar judicial y garantizar los recursos para la seguridad pública.

En medio de este cruce, la sociedad argentina reclama respuestas efectivas ante un delito que se cobra vidas inocentes y pone en jaque la capacidad del Estado para garantizar la seguridad de sus ciudadanos. En este escenario, la presión sobre la Justicia, el Gobierno nacional y la dirigencia política en su conjunto no hará más que crecer en las próximas semanas.