En una escalada de derrotas judiciales y crisis económica, la Argentina enfrenta un nuevo golpe internacional. La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la apelación presentada por el país y habilitó el embargo de 310 millones de dólares. Este dinero, depositado como garantía en la Reserva Federal de Nueva York y bancos en Europa, irá a parar a manos de los denominados “fondos buitre”. Mientras tanto, el gobierno de Javier Milei, con su retórica de libertad y mercados, sigue trasladando oro al exterior sin rendir cuentas, dejando al país vulnerable y saqueado.
El fallo de la Corte, que ratifica sentencias previas, es solo el último capítulo de una larga historia de litigios contra el Estado argentino por deudas acumuladas desde la cesación de pagos de 2001. Bonos como los del Plan Brady y los “cupón PBI” se han convertido en armas legales para que fondos especulativos como Attestor Master Value y Burford exijan indemnizaciones multimillonarias. La raíz de estos conflictos se remonta a la explosión de la convertibilidad y la crisis de 2001, pero los sucesivos gobiernos no han logrado cerrar las heridas abiertas.
