En el primer año de gestión del gobierno de Javier Milei, las universidades públicas experimentaron un drástico recorte presupuestario del 30%, lo que también impactó negativamente en los salarios reales de los docentes, que se redujeron en un 23%. Este contexto de ajuste fue acompañado por el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, lo que desató una serie de protestas masivas por parte de la comunidad universitaria.
El conflicto, que se extendió durante todo el 2024, involucró a estudiantes, docentes y sindicatos de instituciones públicas y privadas, quienes llevaron adelante dos marchas multitudinarias. En la primera de ellas, realizada el 23 de abril, participaron más de 800.000 personas en todo el país. Según un relevamiento nacional del Equipo Mide, el 51% de los encuestados expresó su apoyo a estas movilizaciones, frente a un 22% que manifestó su oposición.
Desde el Gobierno Nacional, sin embargo, minimizaron las demandas del sector universitario. El presidente Milei calificó las manifestaciones como «reclamos construidos sobre mentiras» y afirmó que reflejaban el temor de sus detractores hacia su figura. Además, el Ejecutivo argumentó que las universidades se resistían a las auditorías impulsadas por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). No obstante, diversas instituciones, como la Universidad de Buenos Aires (UBA), aclararon que ya son auditadas regularmente por la Auditoría General de la Nación (AGN) desde 1994.
El rector de la Universidad Nacional de Catamarca, Oscar Arellano, desmintió las acusaciones de que las universidades inventan estudiantes para obtener mayores recursos. Arellano explicó que el Sistema de Información Universitaria (SIU) registra de manera estricta las inscripciones y el desempeño académico de cada alumno, lo que imposibilita cualquier irregularidad en la asignación presupuestaria.
El 2 de octubre se llevó a cabo la segunda Marcha Federal Universitaria, que congregó a más de un millón de personas en las inmediaciones del Congreso y a 400.000 manifestantes en otras localidades del país. Esta vez, el principal reclamo fue contra el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario y por mejoras salariales para los docentes. En el acto de cierre, la presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Piera Fernández de Piccoli, exigió al gobierno la promulgación de la ley como un acto necesario para salvar al sistema universitario.
A pesar de las multitudinarias movilizaciones, el veto presidencial fue ratificado en la Cámara de Diputados debido a la falta de consenso para rechazarlo. Mientras tanto, el Consejo Superior de la UBA advirtió que las necesidades presupuestarias del sistema universitario ascienden a 7,2 billones de pesos para el 2025, frente a los 3,95 billones contemplados en el proyecto oficial. La incertidumbre respecto al futuro de la educación superior en Argentina sigue latente, con un sector universitario que enfrenta uno de los períodos más críticos de su historia reciente.
