El conflicto surge por la falta de acuerdo con el Gobierno de Javier Milei. Según el sindicato, las ofertas salariales presentadas no contemplan la inflación de septiembre y octubre, y los incrementos propuestos para noviembre (1%) y diciembre (2,5%) son insuficientes. Además, acusan al Ejecutivo de no reconocer un 46% de pérdida del poder adquisitivo acumulada desde el inicio de la gestión.
A través de un comunicado, La Fraternidad justificó la medida explicando que han pasado 90 días sin respuesta por parte de las autoridades:
“Nos vimos obligados a tomar esta decisión luego de agotar todas las instancias de diálogo. Defenderemos los derechos de los trabajadores y los valores conquistados para el pueblo trabajador”.
El gremio también lanzó críticas hacia la oposición, calificándola de “desorientada” y “sin rumbo”, lo que intensifica el malestar en un contexto de incertidumbre económica generalizada.
El paro afectará gravemente la movilidad de miles de usuarios que dependen del servicio ferroviario para trasladarse entre el Conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires, una situación que genera malestar entre los pasajeros habituales. Cabe recordar que el tren es uno de los medios de transporte más utilizados por los trabajadores y estudiantes, lo que resalta la magnitud del impacto que esta medida tendrá en el AMBA.
Contexto y mirada a futuro
La huelga se produce en un escenario económico tenso, donde la negociación paritaria de diversos sectores refleja el desacople entre la inflación y los ingresos reales. Este paro no solo se inscribe como una protesta laboral, sino también como un síntoma de las dificultades que enfrenta el nuevo gobierno para implementar políticas económicas en un contexto inflacionario extremo y creciente malestar social.
Para los vecinos de la región que dependen de estos servicios, el día miércoles será particularmente complicado. Los usuarios deberán buscar alternativas de transporte, aunque es esperable que colectivos y otras opciones se vean desbordados. Ante esto, las expectativas de resolución apuntan no solo al conflicto actual, sino también a cómo el gobierno maneje las demandas sindicales en el corto plazo.
