El gobierno nacional ha decidido eliminar el Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales y el Registro Nacional de Parques Industriales (RENPI). Este cambio, formalizado a través del Decreto 1077 y respaldado por la Ley Bases, fue presentado como un esfuerzo por reasignar recursos hacia sectores prioritarios, pero ha generado un debate intenso sobre su impacto en la industria nacional.
¿Eficiencia o abandono del desarrollo?
La justificación oficial se centra en la necesidad de optimizar recursos para atraer inversiones y mejorar la competitividad. «Estos gastos no eran prioritarios», declararon desde el Ejecutivo. Sin embargo, detractores advierten que la medida representa un golpe directo a la industria local, especialmente a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) que dependen del financiamiento para infraestructura y proyectos de ampliación.
El programa, creado en 2010 y ampliado en 2020, financiaba infraestructura a través de créditos con tasa bonificada y aportes no reintegrables. Ahora, su desaparición deja a cientos de parques industriales sin apoyo, amenazando su viabilidad y la de miles de empleos.
Críticas desde todos los ángulos
Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación, justificó la decisión al calificar los programas como «una fuente inagotable de corrupción». Argumentó también que la asignación de fondos había sido arbitraria y discrecional: “En el último presupuesto, se benefició a solo cinco provincias, dejando fuera a muchas otras sin explicación».
Por otro lado, Matías Kulfas, exministro de Desarrollo Productivo, criticó la medida al considerar que deja sin herramientas a un sector clave para el ordenamiento territorial, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo industrial. “Sin industria no hay nación”, declaró, defendiendo el rol de los parques industriales en una economía integrada y productiva.
La postura de la industria
La decisión oficial fue criticada por la dirigencia sectorial, como son los casos del presidente de APIA (Asociación de Parques Industriales Argentinos), Rodolfo Games, y el titular de IPA (Industriales Pymes Argentinos), Daniel Rosato.
Games -quien fuera director nacional de Parques Industriales en la segunda Presidencia de Cristina Fernández de Kirchner– destacó que el programa eliminado “tiene básicamente tres ejes de actuación: los ANR (subsidios para estudios y construcción de obras intramuros para parques públicos o mixtos, no para privados), el Renpi y la asistencia técnica, fundamentalmente capacitación para llevar adelante estos parques”.
“Suponiendo que la anulación del programa afecta solamente a los ANR, es una limitante importante para aquellos parques que están situados en lugares lejanos de los complejos productivos, que en general son de municipios chicos”, indicó.
Al respecto, describió que “los que los ANR les permiten un período de desarrollo en su etapa inicial, ya que contribuye a la creación de un pórtico, algunos caminos, el cerco perimetral y no mucho más; no alcanza para financiar obras generales de infraestructura que necesita un parque para generar la competitividad de las empresas que se van a alojar en él”.
“Pero si se afecta a todo el programa, los más de 600 parques que existen en la Argentina tendrían algunas dificultades para llevar adelante su objetivo primordial que es atender la competitividad de las empresas”, alertó.
En ese sentido, señaló que los parques industriales en esos municipios pequeños “promueven la buena convivencia, sacando del ejido urbano actividades que pueden generar ruidos, accidentes, humo, problemas de tránsito y estacionamiento”.
“Otro impacto que tienen es la promoción del desarrollo económico local, con la atracción de inversiones, el arraigo de los jóvenes que encuentran empleo genuino, agregando valor a las producciones locales, promoviendo las exportaciones y facilitando las sinergias”, completó.
Rosato consideró “negativo” el decreto que deroga el programa, ya que sostuvo que los parques “sirven para incentivar el ordenamiento territorial, promover la planificación productiva local, potenciar la generación de empleo, a través de medidas que se lanzan con estos programas, como financiamiento con tasas diferenciadas”.
“No vemos que esto sirva para mejorar la situación sino todo lo contrario, no aporta ningún beneficio que sirva para el desarrollo de la industria”, puntualizó el presidente de IPA, quien pidió al Gobierno que “retrotraiga esta derogación que no tiene sentido”, ya que el programa eliminado “no significa ningún gasto para el gobierno, todo lo contrario, es un avance en todo lo que sea sostener el desarrollo de la industria”.
Según datos oficiales, Argentina cuenta con más de 600 parques industriales operativos, aunque las cifras varían según la fuente. Estos espacios son fundamentales para fomentar la competitividad logística y atraer inversiones en zonas descentralizadas. Su desfinanciamiento podría agudizar la concentración económica y aumentar las desigualdades regionales.
Además, la apertura comercial y el enfoque en la reprimarización de la economía han generado descontento en el sector industrial. «Primero suben tarifas, luego premian la exportación sin manufactura y ahora eliminan normativas que fomentaban la actividad fabril», critican desde la Unión Industrial Argentina (UIA).
Una visión polarizada
El presidente Javier Milei defendió la medida como parte de su plan para eliminar “privilegios” y fomentar un mercado libre. En un discurso reciente, Milei sostuvo que los parques industriales generaban adicción al Estado y que el país debía enfocarse en la eficiencia y la inversión privada.
Sin embargo, la decisión de abandonar la 30ª Conferencia Industrial organizada por la UIA dejó aún más dudas sobre su compromiso con el sector fabril. Para muchos, el discurso libertario parece más orientado a desmantelar el aparato industrial que a promover su desarrollo.
La derogación del programa de parques industriales plantea una tensión entre la promesa de eficiencia fiscal y el impacto en el desarrollo regional e industrial. En un contexto de creciente incertidumbre, la medida podría tener consecuencias profundas para el tejido productivo del país. La pregunta que queda es si esta «optimización» de recursos realmente traerá inversiones o si, por el contrario, condenará a la industria argentina a un rol marginal en el escenario global.
