La posible reforma jubilatoria de Milei genera polémica
El gobierno de Javier Milei estaría considerando una drástica reforma al sistema jubilatorio argentino, según medios porteños. La propuesta central: unificar la edad de jubilación para hombres y mujeres en 75 años, con el argumento de que el sistema actual está al borde del colapso financiero.
El argumento oficial: evitar la quiebra del sistema
Desde la Casa Rosada, las fuentes gubernamentales indican que la reforma es imprescindible. Sostienen que el sistema de pensiones argentino enfrenta una presión financiera insostenible y que, sin cambios profundos, podría colapsar. Además de aumentar la edad jubilatoria, el gobierno estudia la posibilidad de reintroducir un sistema privado, similar a las antiguas AFJP, en paralelo con una reforma laboral orientada a formalizar el empleo y sumar nuevos aportantes al sistema.
¿Globo de ensayo?
La posible suba de la edad jubilatoria a 75 años ha generado un aluvión de reacciones en redes sociales. Muchos usuarios sospechan que esta filtración no es más que un «globo de ensayo» lanzado por medios aliados al gobierno. La estrategia, según algunos analistas, podría ser plantear una edad de retiro exagerada para luego reducirla a 67 o 70 años, y así presentar la medida como un gesto de moderación y flexibilidad.
La presión sobre las cuentas públicas
Las cifras oficiales reflejan un panorama complicado: más del 90% de la recaudación fiscal en Argentina proviene de impuestos indirectos como el IVA, Ganancias, Ingresos Brutos y derechos de importación/exportación. Mientras tanto, el gasto en jubilaciones es significativo. Las pensiones generales tienen un promedio de $298.051 mensuales por beneficiario, mientras que los regímenes especiales, que incluyen a jueces y diplomáticos, superan el millón de pesos por mes. El sistema general cuenta con 7 millones de beneficiarios, mientras que los regímenes especiales benefician a unas 250.000 personas.
Carlos Guberman, secretario de Hacienda, argumentó recientemente que la reforma está orientada a reducir la cantidad de jubilados y fomentar el empleo formal, ya que un 40% de los trabajadores actuales no realiza aportes previsionales.
Un cambio extremo: comparaciones internacionales
En Argentina, la edad jubilatoria es actualmente de 65 años para hombres y 60 para mujeres. Comparado con otros países, estas cifras son relativamente bajas. En España y Alemania, la edad de jubilación es de 67 años, en Brasil es de 65 para hombres y 62 para mujeres, mientras que en México llega a 68. Pero elevar la edad a 75 años colocaría a Argentina como el país con la edad de retiro más alta del mundo.
El debate sobre retrasar la jubilación no es nuevo a nivel global, en respuesta a sociedades cada vez más envejecidas. Sin embargo, en un país donde la esperanza de vida es de 76 años para hombres y 81 para mujeres, la propuesta parece desconectada de la realidad laboral argentina.
Oposición y críticas al proyecto
Sindicatos, organizaciones sociales y economistas ya han comenzado a expresar su rechazo. En un país donde muchas profesiones, como la construcción, el comercio o la salud, implican un desgaste físico notable, extender la vida laboral parece inviable. Además, la memoria de las AFJP, eliminadas en 2008 tras denuncias de desigualdad y malas gestiones, sigue generando desconfianza respecto a la vuelta de un sistema privado.
El gobierno, por su parte, asegura que la reforma podría aliviar el gasto público, e incluso fomentar que los trabajadores sigan activos más allá de la edad mínima. Las proyecciones oficiales apuntan a una reducción del 20% en el déficit previsional en el mediano plazo, de aplicarse estas medidas.
Un debate crucial en el horizonte
A pesar de que la propuesta aún no ha sido anunciada oficialmente, la discusión se perfila como uno de los grandes temas políticos de 2025. Para muchos, esta reforma representaría un golpe al contrato social que sostiene el sistema jubilatorio argentino. De ser aprobada por el Congreso, el país enfrentaría una transformación profunda en uno de sus pilares fundamentales de protección social, con consecuencias aún inciertas y posiblemente controvertidas.
