El sueldo promedio aumentó el año pasado un 90%, frente a una inflación del 95%. Sobre todo perdieron los de los trabajadores en negro, que se elevaron sólo 65,4%.
Los empleados formales en el sector privado retrocedieron algo en su poder de compra al elevarse su remuneración el 93,8%. Únicamente los estatales mejoraron: 99,4%.
En el gobierno de Mauricio Macri, las remuneraciones habían perdido un 23%, casi un cuarto de su poder de compra, sobre todo por el derrumbe de 2018 y 2019. La baja le costó la reelección. En diciembre de 2019 volvió el peronismo al poder con la promesa de poner dinero en el bolsillo de la gente, pero en 2020 con la pandemia y la cuarentena ni el sector privado ni el Estado dieron aumentos salariales que superaron la inflación. En 2021 sí lo hicieron, por poco, pero lo que se suponía el inicio de un proceso gradual y lento de recuperación quedó abortado en 2022, cuando la invasión rusa de Ucrania elevó la inflación mundial a niveles inéditos en décadas. La Argentina, con sus problemas propios también, sufrió el peor índice de precios al consumidor (IPC) en 32 años. No por nada el Frente de Todos afronta con dificultad las próximas elecciones presidenciales de octubre.Y eso que la economía creció en 2022 por segundo año consecutivo, fenómeno que no se repetía desde 2010/11.
En diciembre pasado, el índice de salarios subió 5,3%, por encima del 5,1% de inflación. Pero sólo festejaron los empleados estatales, que consiguieron un 9,2%. En cambio, los trabajadores informales apenas recibieron un 0,5% más, es decir, prácticamente lo mismo que en noviembre, y los formales del sector privado, un 4,5%, con lo que perdieron contra el IPC.
Con miras a 2023, el ministro de Economía, Sergio Massa, se encontrará la semana próxima con la cúpula de la CGT. Su idea es que a los Precios Justos se agreguen unos salarios que aumenten en línea con su pauta de inflación, 60%. Varios sindicatos rechazan la propuesta, como lo hicieron ayer los docentes en la apertura de la paritaria nacional. La Bancaria amenaza con medidas de fuerza tras el carnaval. En cambio, la patronal rural reunida en la Mesa de Enlace recurre a la Justicia contra el bono extraordinario que dispuso el Gobierno a fines de 2022.
AR
