El Salario Básico Universal (SUB), la herramienta ideada por economistas de La Cámpora y las organizaciones sociales encabezadas por Juan Grabois, sería el equivalente a una Canasta Básica Alimentaria de una persona adulta, que el pasado abril ascendió a 13.763 pesos.
Según el paper, el beneficio, en caso de ser instrumentado por el Gobierno -en principio, la Casa Rosada, lo considera financieramente inviable- beneficiaría a las siguientes franjas de la población:
-«Personas de bajos ingresos que se encuentren sin ocupación plena y se desempeñen como cuentapropistas o en la economía informal». Concretamente, «desocupados, informales, monotributistas sociales, trabajadores y trabajadoras agrarios y de casas particulares».
-El techo del concepto universal sería para «quienes percibieran rentas del suelo o de capitales (primera y segunda categoría del Impuesto a las Ganancias)».
-Los trabajadores temporarios o permanentes de prestación discontinua (Ley Nº 26.727), cuyo ingreso bruto anual no superase el límite de la categoría A del monotributo, continuarían percibiendo el SBU mientras durara la relación laboral.
El costo fiscal bruto anual para el pago mensual de 7,5 millones de beneficios sería de 2,1% del PBI, pero, según las cuentas que sacan los autores del proyecto, el costo fiscal neto anual se reduce al 1% del PBI porque «se resta el gasto actualmente afrontado por programas que serían total o parcialmente absorbidos por el SBU», como la Tarjeta Alimentar.
Si a esa cuenta se le reduce «el retorno fiscal» generado por el propio SBU en virtud de una mayor recaudación por inyección de demanda a partir del consumo dinamizado por los nuevos ingresos, el costo neto a financiar terminaría siendo de 0,7% del PBI.
Por Ariel Maciel
