Merluza, calamar y langostino generan 2.000 millones de dólares al año, pero el reparto de cuotas no pasa por licitación pública ni por un debate abierto en el Consejo Federal Pesquero. Mientras la flota fresquera pierde rentabilidad y el empleo en tierra se derrumba, denuncias periodísticas señalan pagos irregulares que la Justicia todavía no investigó a fondo.
En los muelles de Mar del Plata y Puerto Madryn se descarga apenas una porción de las cerca de cincuenta especies que habitan el Atlántico Suroccidental. Pero de tres de ellas —merluza, calamar y langostino— depende casi toda la actividad pesquera argentina: 425.000 toneladas exportadas por año, el 78% del volumen pesquero que sale del país y el 83% de los dólares que genera, unos 1.670 millones sobre un total sectorial cercano a los 2.000 millones. Sobre ese núcleo estrecho se sostiene una industria completa —trabajo, controles, administración pública— y también, según coinciden empresarios, gremialistas y varias notas periodísticas publicadas en los últimos meses, un sistema de asignación de cuotas que despierta sospechas de corrupción.
El recurso es del Estado, pero el negocio es de unos pocos.
La pesca no es una actividad de libre mercado. El recurso pertenece al dominio del Estado y su explotación se habilita mediante concesiones: cuotas y autorizaciones de captura que el gobierno otorga a las empresas bajo determinadas condiciones económicas y sociales. Esas condiciones —inversión, ocupación de personal, cumplimiento normativo— rara vez se verifican con el mismo rigor con que se exigen. Tampoco se sostienen del lado del Estado: no existe una cláusula de estabilización ni un mecanismo de ajuste automático frente a shocks de costos, algo que sí prevé el régimen de incentivos para grandes inversiones que hoy protege a otros sectores intensivos en capital extranjero. La pesca, con tres cuartas partes de su flota en manos de capitales foráneos, no goza de ese resguardo.
El combustible que se extrae acá pero se paga a precios internacionales.
El gasoil es el insumo central de la actividad y, pese a producirse en el país, sigue el ritmo de una divisa que no cede. Según datos aportados por cámaras empresarias, entre marzo y junio de 2026 aumentó 41,94% mientras el barril Brent caía 35% en el mercado internacional; desde enero de 2024 el acumulado ronda el 250-280%. A eso se suman energía, agua, fletes, envases y una carga impositiva que combina el Derecho Único de Extracción —que subió entre 300% y 500% según la especie— con Derechos de Exportación que gravan la misma materia prima dos veces. Ningún comprador extranjero paga esos impuestos: paga producto, y en el mercado internacional compite con flotas que reciben subsidios directos o indirectos de sus Estados —España, Francia, Italia, China, entre otros—, mientras barcos de esos mismos países, y también de Taiwán, Corea del Sur y el Reino Unido, capturan recursos migratorios originados en la Zona Económica Exclusiva argentina en aguas de alta mar y, los últimos cuatro, en Malvinas.
Baja rentabilidad y perdidas de puestos de trabajo-
La política de cuotas de los últimos años favorece a los buques congeladores, que ya representan el 46% de la flota nacional —frente al 20% de España, 8% de Noruega, 4% de Estados Unidos y 2% de Islandia—, en desmedro de la flota fresquera que abastece a las plantas de procesamiento en tierra, las que generan más empleo y mayor valor agregado por tonelada capturada. Esa flota fresquera opera hoy con un quebranto operativo del 21%, mientras en España ronda el 10-20% de rentabilidad, en Holanda el 15-20% y en Islandia el 10-25%. El resultado se mide en puestos de trabajo: el Sindicato de Obreros de la Industria del Pescado pasó de 20.000 afiliados en 1989 a menos de 1.500 en la actualidad, una caída que no responde a tecnificación sino a la asfixia de rentabilidad de las empresas que procesan en tierra. Mientras la industria fresquera se retrae, el gobierno sumó en 2026 un nuevo cargo, la Asignación Inicial de Cuotas de Captura de Merluza, que ninguna cláusula de la Ley 24.922 —ni el artículo 7° ni el 43°— contempla.
Los dólares que se escapan del sector
En un país que necesita cada dólar comercial genuino para sostener importaciones de energía y bienes de capital, 2.000 millones de dólares anuales no son un dato menor: equivalen a una porción relevante del saldo comercial que el gobierno exhibe trimestre a trimestre. Cuando la rentabilidad de esas exportaciones se erosiona por un tipo de cambio que no acompaña los costos internos, el resultado no se limita a un sector en pérdida: es menos ingreso genuino de divisas en una economía que continúa sin resolver su dependencia estructural de proveerse en dólares lo que no produce puertas adentro. La discusión sobre cuotas y autorizaciones no es entonces solo una cuestión sectorial: define cuánto de esa renta pesquera queda en el país, en qué manos y con qué capacidad de sostener trabajo en los pueblos costeros que dependen de ella.
Descarte sin sanción y reparto sin publicidad
La Ley 24.922 prohíbe expresamente, en su artículo 21° inciso m), el descarte de capturas en el mar. Sin embargo, la FAO, la Auditoría General de la Nación y el INIDEP coinciden en que un 30% de lo capturado se devuelve muerto al agua sin que la Subsecretaría de Pesca ni la Prefectura Naval —la autoridad de control en el mar— hayan revertido la práctica. A la falta de control físico se suma la opacidad administrativa: el proceso de otorgamiento de cuotas y autorizaciones no es público, las actas del Consejo Federal Pesquero no se difunden con antelación suficiente y las adjudicaciones recientes exhiben patrones que varios medios especializados documentaron como sospechosos.
Merluza, calamar y langostino bajo la lupa
En 2024, la renovación de cuotas de merluza habría replicado los volúmenes fijados en 2009 pese al crecimiento de inversiones, buques y personal ocupado por parte de varias empresas, sin que se acredite el cumplimiento de los artículos 27° y 27° bis de la Ley 24.922. La auditoría que la Universidad de Buenos Aires realizó en 2003 sobre aquella asignación original permanece sin resolución judicial. En 2026, la adjudicación de nuevas autorizaciones de captura de calamar Illex repitió el patrón: integrantes del Consejo Federal Pesquero habrían dispuesto de apenas horas para revisar la documentación antes de aprobarla; entre los beneficiarios aparecen buques de bandera y capital mayoritariamente chinos, sin certeza pública sobre su vinculación con el Estado chino ni sobre antecedentes de pesca ilegal; Mar del Plata, que concentró el 48% de los desembarques de calamar en 2025, recibió apenas uno de los dieciocho permisos otorgados; y no se llamó a concurso ni licitación pública pese a tratarse de habilitaciones nuevas, ni se exigió construcción naval en el país. Sobre el langostino, el subsecretario de Pesca, Julio López Cazorla, avanza junto a integrantes del Consejo Federal Pesquero hacia un régimen de cuotas sin un debate biológico, económico y social equivalente a la magnitud de la decisión, en una dinámica que empresarios y trabajadores del sector advierten podría replicar la concentración observada en merluza y calamar.
Lo que dicen las denuncias
Publicaciones de Punto Noticias, Plaza de Mayo y La Política Online, entre otras, reconstruyeron en los últimos meses versiones que vinculan el otorgamiento de cuotas de calamar y langostino con exigencias económicas a los armadores por fuera de los canales formales del Consejo Federal Pesquero, y una causa judicial avanza sobre presuntos pagos irregulares ligados a la distribución de cuotas pesqueras. Se trata, en todos los casos, de denuncias periodísticas y versiones de fuentes empresarias y sindicales que la Justicia todavía no confirmó ni descartó: ninguna constituye, por sí sola, prueba de un delito. Pero la combinación de un proceso de adjudicación no público, la ausencia de licitaciones en habilitaciones nuevas, plazos de revisión extremadamente breves para el Consejo Federal Pesquero y patrones de concentración que benefician sistemáticamente a los mismos actores configura, como mínimo, un terreno fértil para que esas versiones prosperen y una razón suficiente para que la Justicia federal las investigue con las herramientas que ya reclaman especialistas del sector: las versiones taquigráficas de las reuniones del Consejo, el cruce entre partes de pesca, desembarques y stock en cámaras frigoríficas, y la trazabilidad de las transferencias de cuotas entre buques fresqueros y congeladores que el artículo 27° inciso 5 de la misma ley prohíbe.
¿Quién decide quién pesca?
Ninguna de estas irregularidades es privativa de la pesca. Son la forma que toma, en este sector, un patrón más amplio: un Estado que renuncia a fijar reglas estables y verificables para la explotación de un recurso propio, mientras deja que la distribución de su renta se resuelva entre operadores e intermediarios que no siempre representan a quienes generan el empleo y el valor agregado.
Con 425.000 toneladas y 1.670 millones de dólares por año circulando en un circuito de reparto sin control público, la pregunta no es solo quién pesca en el Atlántico argentino: es ¿quién decide quién pesca?, y bajo qué reglas no escritas. y sobre todo ¿quien se queda con parte de la riqueza de todos los argentinos?
AM
INVESTIGACION ESPECIAL
Redacción Data política y económica
