Diputados aprobó el pago a los fondos buitre y el Súper RIGI con los votos de los gobernadores aliados. Mientras el oficialismo profundiza el régimen de privilegios fiscales para el capital extranjero, la inversión real cae por cuarto trimestre consecutivo. El modelo promete dinamismo y entrega soberanía a cambio de desembolsos que no aparecen.
Por Antonio Muñiz
La madrugada del miércoles dejó dos sanciones que conviene leer juntas, porque cuentan la misma historia. La Cámara de Diputados aprobó el pago de 171 millones de dólares a los holdouts Attestor y Bainbridge —los fondos que nunca ingresaron a los canjes de 2005 y 2010— y, horas después, le dio media sanción al Súper RIGI, una versión recargada del régimen de incentivos que el oficialismo había incorporado en la Ley Bases de 2024. En ambos casos, la mayoría no la puso el partido de gobierno: la pusieron los gobernadores.
El acuerdo con los buitres se votó por 138 contra 98; el Súper RIGI obtuvo 130 votos a favor, 106 en contra y siete abstenciones. El respaldo provino del PRO, la UCR, el MID, los legisladores de Innovación Federal, los tucumanos de Jaldo, los sanjuaninos de Orrego, los cordobeses de Llaryora y Schiaretti, el santacruceño Garrido y la bonaerense Banfi. Es la misma coalición transversal que viene sosteniendo, ley por ley, la arquitectura económica del mileísmo. En contra se agruparon el peronismo, la izquierda, Pichetto, Natalia de la Sota y algún díscolo del propio espacio aliado.
El default como coartada
El miembro informante del acuerdo con los acreedores, Bertie Benegas Lynch, defendió el pago con un argumento que ya conocemos de memoria: cerrar «una herida de deshonra internacional» de veinticinco años y terminar con los «apóstoles del default». La urgencia tenía fecha: el 30 de junio vence el plazo fijado por la justicia de Estados Unidos, y de ahí la premura por aprobarlo a las apuradas, demorando incluso la renuncia del flamante vocero presidencial para garantizar el quórum.
La respuesta de Itai Hagman ordenó el debate en sus términos reales. «Hoy gobierna en Argentina el mismo liberalismo oligárquico que endeudó al país y lo llevó a sucesivas crisis», planteó, y desnudó el eufemismo: «El término holdouts suena mejor, parece más inofensivo, pero no tengan miedo de decir que lo que quieren es pagarle a los fondos buitre». El objetivo de fondo, agregó, es uno solo: «bajar el riesgo país para volver a endeudar a la Argentina».
Conviene retener esa frase, porque condensa la lógica del ciclo. La política económica entera —el ajuste fiscal, el blanqueo, la apertura, ahora el pago a los buitres— está subordinada a una única variable: comprimir el riesgo país para reabrir la ventanilla del endeudamiento externo. No es una novedad histórica. Es la misma matriz que Basualdo describió como el patrón de valorización financiera: endeudarse para fugar, y fugar para volver a endeudarse.
La política económica entera está subordinada a una sola variable: bajar el riesgo país para volver a endeudar a la Argentina.
Un régimen de excepción con nombre propio
El Súper RIGI merece una lectura más detenida, porque allí se juega algo más profundo que un beneficio impositivo. El esquema eleva el umbral de inversión a 1.000 millones de dólares —cinco veces el piso del RIGI original— y lo reserva para «nuevas industrias»: inteligencia artificial, data centers, semiconductores, baterías de litio, hidrógeno verde, reactores nucleares modulares. Es decir, actividades que en su mayoría todavía no existen a escala comercial en el país.
A cambio, el Estado ofrece un horizonte de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por treinta años: reducción del Impuesto a las Ganancias del 25% al 15%, amortización acelerada, deducción de quebrantos sin límite temporal, arancel cero a la importación, retenciones cero a la exportación, tope del 0,5% para Ingresos Brutos provinciales y prohibición de tasas municipales sobre ventas. Sobre el final, el oficialismo introdujo además una cláusula que impide a provincias y municipios aplicar nuevas regalías o cánones. El diputado Ferraro lo definió sin vueltas: «un régimen de excepción quizás nunca visto», con «nombre y apellido», en alusión a Peter Thiel y a la matriz geopolítica que representa.
El dato más revelador no es la generosidad fiscal, sino lo que el régimen elimina. El RIGI original obligaba a contratar proveedores locales por al menos el 20% de la inversión. El Súper RIGI suprime ese requisito y prohíbe imponer compras locales «en condiciones menos favorables que las de mercado». Traducido: se desactiva el último resorte que ataba la megainversión al entramado productivo nacional. Lo que llega no irradia hacia abajo; se enclava. La promesa de data centers en la Patagonia profunda —cerca de la energía, el agua y las bajas temperaturas— es la imagen exacta de un enclave: territorio cedido, soberanía regulatoria entregada, derrame inexistente.
Lo que llega no irradia hacia abajo; se enclava. La megainversión queda desacoplada del entramado productivo nacional.
La paradoja: privilegios sin inversión
Y aquí aparece la contradicción que el propio relato oficial no logra disimular. Mientras el Congreso multiplica los privilegios para atraer capital, los números muestran que el capital no llega. Los datos del INDEC para el primer trimestre de 2026 son contundentes: el PBI creció 2,3% interanual, pero la formación bruta de capital fijo —la inversión— cayó 11,6%. Es la cuarta caída trimestral consecutiva en términos desestacionalizados.
La consultora Equilibra resumió la anomalía: desde 1993 no se veía un PBI en crecimiento conviviendo con caída de inversión y destrucción de empleo formal. La inversión representa hoy apenas el 17,7% del PBI, muy por debajo del 20% que los especialistas consideran piso para sostener un proceso de desarrollo. En términos per cápita, fue la cuarta más baja desde 2010 y un 21,8% inferior al récord de 2018. La consultora es explícita sobre las causas: tasas de interés reales todavía altas, anemia de la demanda interna, fuerte competencia internacional y parálisis de la obra pública.
Misión Productiva apuntó en la misma dirección: «la apuesta oficial por el RIGI todavía no logra traducirse en una recomposición sostenida de la formación de capital». Y el propio Lorenzo Sigaut Gravina, de Equilibra, marcó la distancia entre el anuncio y la realidad: «Una cosa es presentar proyectos, otra que se aprueben y otra que efectivamente se materialicen». Hasta hoy, el RIGI lleva acumulados anuncios por casi 100.000 millones de dólares, pero no hay cifras públicas de cuánto se desembolsó efectivamente. La estadística real, en cambio, no miente: la inversión productiva se contrae.
Desde 1993 no se veía un PBI en crecimiento conviviendo con caída de inversión y destrucción de empleo formal.
El crecimiento de dos velocidades
La economía que celebra Caputo crece, pero crece torcida. El impulso proviene de las actividades primarias —agro, petróleo, gas, minería—, que treparon 16,2% interanual, mientras la producción no primaria quedó prácticamente estancada. Es el patrón de una economía de enclave exportador: los sectores «ganadores» generan divisas pero no empleo suficiente, y no alcanzan a compensar la pérdida de puestos de trabajo ni el déficit de inversión del resto del aparato productivo. Por eso, como advierte Equilibra, cae el empleo formal aun cuando el PBI sube.
Es exactamente el modelo que la tradición estructuralista argentina supo diagnosticar. Diamand lo llamó estructura productiva desequilibrada: un sector primario competitivo que provee dólares mientras la industria —generadora de empleo y de demanda interna— se desfinancia. Prebisch advirtió sobre las economías que se especializan en lo que el mundo central necesita y desindustrializan lo que el propio pueblo consume. El Súper RIGI no corrige ese desequilibrio: lo profundiza, ofreciendo treinta años de estabilidad a la frontera tecnológica extranjera mientras el tejido pyme nacional se descapitaliza.
Una burguesía que vuelve a no ser
Hay algo casi arquetípico en esta escena. Un gobierno que se proclama campeón del mercado y de la inversión privada termina legislando un régimen de excepción para que el capital —que en la teoría debía acudir solo, atraído por la libertad— acepte instalarse. Caputo lo dijo con todas las letras: les pidió a los empresarios «perder el miedo a que salga mal», «asumir más riesgos». Es la confesión de un fracaso. Si el clima de negocios fuera tan favorable como proclama el relato, no haría falta rogar por unos dolares.
La pregunta de fondo es vieja y persistente: ¿quién invierte, produce y crea trabajo en la Argentina? El liberalismo de Milei responde con la misma fe que ya falló antes: el capital concentrado, preferentemente extranjero, llegará si se le garantizan privilegios y se le quitan obligaciones. Pero el capital, una vez más, calcula y se queda esperando. Mientras tanto se desmantelan los instrumentos —el componente nacional, la obra pública, el crédito productivo, la demanda interna— que en otros momentos de nuestra historia permitieron que la inversión efectivamente ocurriera.
Jauretche escribió que cada época tiene su «intelligentzia» dedicada a convencernos de que lo nuestro no sirve y que la salvación viene de afuera. El Súper RIGI es la versión legislativa de esa pedagogía del desánimo: la renuncia explícita a una estrategia nacional de desarrollo, sustituida por la espera de un mecenas tecnológico que decida, generosamente, radicar su enclave en la Patagonia. Se entrega soberanía fiscal, regulatoria y territorial a cambio de una promesa. Y la promesa, por ahora, no se cumple.
Se entrega soberanía fiscal, regulatoria y territorial a cambio de una promesa. Y la promesa, por ahora, no se cumple.
El miércoles, entonces, el Congreso no resolvió el problema de la inversión, ratificó el diagnóstico equivocado. Pagó a los buitres para reabrir el endeudamiento, profundizó los privilegios para un capital que no llega y desactivó los últimos lazos entre la megainversión y la producción nacional. La economía sigue creciendo a dos velocidades, con un motor primario que gira y un mercado interno que se apaga. Y la inversión —ese combustible sin el cual ninguna recuperación se sostiene— continúa, obstinadamente, sin aparecer, a pesar del relato que intenta imponer el gobierno nacional.
