Milei blindó a Adorni desde Los Ángeles mientras la causa judicial acumula evidencia que el Gobierno ya no puede ignorar
La secuencia del miércoles fue reveladora. Patricia Bullrich salió al aire en A24 y exigió que Manuel Adorni presentara su declaración jurada «de inmediato». Pocas horas después, desde Estados Unidos, Javier Milei respondió con una frase que sintetizó su posición ante el escándalo más persistente de su gestión: «Ni en pedo se va Adorni». El episodio no fue una simple escaramuza mediática. Fue la primera grieta visible dentro del oficialismo ante una causa que lleva casi dos meses erosionando la imagen del Gobierno.
La investigación a cargo del juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita tiene un eje preciso: determinar si el patrimonio acumulado por Adorni —hoy jefe de Gabinete— guarda proporción con sus ingresos como funcionario. El expediente registra que el funcionario acumuló en los últimos dos años y medio gastos y deudas por 840 mil dólares, con un sueldo que hasta comienzos de 2026 no superaba los tres millones de pesos. La aritmética, por sí sola, es el problema central que ni el respaldo presidencial ni los comunicados de la Jefatura de Gabinete logran disolver.
El punto de inflexión llegó el lunes cuando el contratista Matías Tabar declaró ante el fiscal Pollicita que Adorni le pagó en efectivo 245.000 dólares por remodelar la casa del country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Los trabajos incluyeron pisos, paredes, muebles de cocina, artefactos de baño, una pileta y una cascada en el jardín. Todo se pagó en efectivo, sin que mediara factura por los trabajos. La Jefatura de Gabinete rechazó ese monto y anticipó un pedido de pericia, pero el daño estaba hecho.
Lo que siguió agravó aún más el cuadro. Salieron a la luz chats del jefe de Gabinete intentando comunicarse con Tabar antes de su declaración testimonial. En esos mensajes, Adorni le habría escrito al contratista: «Che, tenía que hablar con vos por el tema de la declaración», y luego: «Podés contar conmigo para lo que necesites. Tenés todo mi apoyo. Te van a estar llamando de mi equipo. El abogado». La diputada Marcela Pagano —principal denunciante de la causa— presentó ante el juez Lijo un pedido de detención invocando la «doctrina Irurzun», que justifica la prisión preventiva de funcionarios con poder si se presume que sus vínculos pueden entorpecer la investigación penal. El fiscal Pollicita rechazó la solicitud por no encontrar un riesgo «real o grave», pero dejó abierta la posibilidad de evaluar otras medidas cautelares y ordenó el peritaje del celular de Tabar para verificar el intercambio de mensajes con Adorni y su esposa, Bettina Angeletti.
Frente a ese cuadro judicial, el Presidente eligió el tono del ataque. Cuestionó la «violación al principio de presunción de inocencia» por parte de los medios, descalificó a Pagano como alguien que «no sabe sumar ni restar», tildó a Tabar de «militante kirchnerista» y aseguró que las obras consistían en «dos cañitos de agua». La estrategia de desacreditar al testigo antes de que la Justicia evalúe su declaración tiene un problema de fondo: el juez Lijo ya dispuso levantar el secreto fiscal de Adorni y su esposa, lo que permitirá cruzar cuentas bancarias, movimientos de tarjetas y bienes registrados con la declaración jurada presentada por el funcionario.
Cerca del ministro reconocen que está trabajando con su abogado y su contador para adelantar la presentación de la declaración jurada, sin esperar al 31 de julio. «Está trabajando en eso, no puede equivocarse ni en un decimal», señalaron fuentes del entorno. La ventana de salida que el Gobierno construyó es estrictamente contable: no importa cuánto gastó sino si puede acreditar el origen de los fondos. Una estrategia legal que podría ser jurídicamente correcta pero que, en términos de opinión pública, ya acumula un costo considerable.
En el Gobierno reconocen que el caso impactó de manera negativa en los indicadores que miden la percepción pública de la administración libertaria. El reconocimiento marca un cambio sorpresivo entre los funcionarios que hasta entonces minimizaban las repercusiones del caso. Bullrich, que rompió la unanimidad oficialista con su pedido de urgencia, lo dijo con una crudeza que nadie en Balcarce 50 se animó a repetir: «El gobierno se empantana».
Milei respondió que el «desgaste político no le importa». Es posible que sea así. Pero la declaración jurada que Adorni deberá presentar en los próximos días tendrá que convencer no solo a la opinión pública sino, sobre todo, a un juez que ya tiene acceso a sus cuentas bancarias.
REDACCION DATA POLITICA Y ECONOMICA
