Operativos masivos de documentos en el transporte, perfilamiento racial, represión a vendedores ambulantes y una escalada represiva que organizaciones de derechos humanos califican de sistema. Todo, bajo la órbita política de Jorge Macri.
Por Antonio Muñiz
En cualquier colectivo o subte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puede ocurrir. El vehículo detiene su marcha, suben dos o tres efectivos de la Policía de la Ciudad con chalecos antibalas y comienzan a recorrer el pasillo exigiendo a los pasajeros que exhiban su documento de identidad. Sin orden judicial, sin sospecha concreta, sin justificación alguna. El pasajero que no lleva el DNI consigo no ha cometido ningún delito —no existe ley que obligue a portarlo— y sin embargo queda expuesto a una demora arbitraria que puede extenderse hasta cuatro horas dentro de una dependencia policial.
Esta práctica, que remite con precisión inquietante a los procedimientos de las décadas del autoritarismo, volvió a instalarse con fuerza en la agenda pública luego de que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) la denunciara como una forma de control poblacional ilegal con tintes racistas. La organización advirtió que los operativos no están dirigidos al azar: recaen de manera desproporcionada sobre personas jóvenes, de tez oscura, de aspecto humilde, migrantes. Un perfil estereotipado que la policía aplica como criterio de sospecha antes de que exista acto alguno que la justifique.
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Los operativos de control de documentos en el transporte público no previenen delitos. Son una forma de ejercer poder sobre cuerpos considerados sospechosos por su apariencia. — Análisis del CELS sobre prácticas policiales en CABA |
El fantasma de la dictadura.
La raíz jurídica del problema es reveladora en sí misma. La facultad policial de requerir documentos en espacios públicos no nace de ninguna ley sancionada por un Parlamento democrático: proviene del Decreto-Ley 333/58, aprobado durante la dictadura de Aramburu. Se trata de una norma concebida en un contexto de suspensión de garantías constitucionales, que nunca fue derogada y que sigue siendo invocada hoy para justificar estos operativos.
La cuestión se volvió más compleja en diciembre de 2015, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad dictó el fallo “Vera”. El máximo tribunal porteño sostuvo que pedir el documento sin motivo previo constituye una “facultad implícita” de la policía —es decir, una potestad no escrita en ley alguna, inferida por los jueces—, aunque aclaró que esa solicitud no habilita la detención si el ciudadano puede identificarse. El argumento judicial es en sí mismo una anomalía democrática.
Manuel Tufró, del Equipo de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del CELS, explicó el razonamiento de los magistrados con preocupación: los jueces afirman que en ese decreto hay funciones implícitas que permiten a la policía pedir el documento como forma de prevenir el delito, aunque esas funciones no estén claramente definidas en ninguna norma democrática.
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| MARCO LEGAL: LO QUE LA LEY REALMENTE DICE
— No existe ninguna ley en Argentina que obligue a las personas a llevar consigo el DNI en la vía pública. — La Policía de la Ciudad puede demorar para identificar solo cuando existan indicios concretos de delito o contravención. — La demora no puede exceder las cuatro horas, según la Ley 5.688 del Sistema Integral de Seguridad de la Ciudad. — El Decreto-Ley 333/58, base legal de estas prácticas, fue sancionado durante la dictadura de Aramburu en 1958. — El fallo “Vera” (TSJ CABA, 2015) reconoció facultades policiales “implícitas” no escritas en ley alguna. |
Perfilamiento racial: el sospechoso invisible
La academia jurídica y criminológica tiene un nombre preciso para lo que ocurre en esos colectivos: perfilamiento racial. La policía no selecciona a quién pedirle documentos en función de conductas observadas, sino de atributos físicos, de clase social, de supuesto origen étnico. Décadas de investigación en ciencias penales demuestran que esta práctica tiene una eficacia virtualmente nula para prevenir delitos —las detenciones por averiguación de identidad se traducen en procesamiento penal en menos del 0,5% de los casos— y un daño enorme sobre el vínculo institucional.
Lo que sí produce es estadística. Los operativos generan números que las jefaturas exhiben como indicador de actividad. En esa lógica perversa, detener a decenas de personas inocentes en el transporte público se convierte en un argumento de gestión. El cuerpo del ciudadano como insumo burocrático.
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La policía ejerce la facultad de detener por averiguación de identidad a través de prácticas rutinizadas que dan lugar, en muchos casos, a situaciones de violencia y violaciones a los derechos humanos. — Martínez, Palmieri y Pita, investigadoras del CELS |
La represión a los vendedores ambulantes: criminalización de la pobreza.
Los controles de documentos en el transporte son sólo una dimensión del avance policial sobre los sectores más vulnerables de la Ciudad. La otra cara de la misma política es la represión sistemática a los vendedores ambulantes, manteros y feriantes, que el gobierno de Jorge Macri ejecuta como una de las banderas explicitadas de su gestión bajo el eufemismo de “Ciudad Limpia”.
El 3 de mayo de 2025, un operativo de 200 efectivos de la Policía de la Ciudad y 110 inspectores de Espacio Público desalojó de madrugada la feria del Parque Los Andes, en el barrio de Chacarita, donde desde hacía siete años cientos de feriantes armaban sus puestos los fines de semana para vender antigüedades, libros, ropa y objetos usados. El saldo del operativo fue devastador: más de 6.700 bultos de mercancía secuestrada, 127 estructuras de puestos destruidas y 112 hierros metálicos confiscados, además de dos camionetas. Sin oferta alguna de reubicación.
Los propios feriantes denunciaron que la feria había crecido exponencialmente en 2024 “gracias a la política de desalojos que llevó a cabo Jorge Macri con Ignacio Baistrocchi, ministro de Espacios Públicos”, ya que quienes eran expulsados de un lugar se reagrupaban en otro. La política de limpieza terminó multiplicando el fenómeno que decía combatir.
El patrón se repitió en barrios como Once, Avellaneda y Villa del Parque, donde la Policía de la Ciudad también retiró manteros y le quitó un predio a una cooperativa de recuperadores urbanos. Las organizaciones de vendedores denunciaron un triple agravio: “Represión, persecución, discriminación y robo de la mercancía”, en un contexto de ajuste económico que empujó a miles de familias a la informalidad laboral como única alternativa.
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La usurpación genera inseguridad, desorden, suciedad y una competencia desleal para los comerciantes que pagan sus impuestos. — Jorge Macri, jefe de Gobierno, al justificar los operativos contra manteros |
En octubre de 2024, el dirigente Juan Grabois fue a la Comisaría 7ª junto a vendedores desplazados y denunció públicamente que efectivos de la Policía de la Ciudad exigían $400.000 semanales a los manteros a cambio de dejarlos trabajar. Macri respondió por redes sociales rechazando las denuncias, sin que se iniciara ninguna investigación oficial sólida sobre los oficiales presuntamente implicados.
Jorge Macri: la decisión política de la represión
Lo que distingue a este ciclo represivo de otras etapas es que no ocurre en la sombra ni es negado por sus responsables: es exhibido. Jorge Macri ha reivindicado públicamente y en repetidas oportunidades cada operativo de su policía, convirtiéndolos en argumentos de gestión ante la opinión pública.
Ante la represión de una protesta de movimientos sociales en la Avenida 9 de Julio en abril de 2024, Macri se presentó en el Centro de Monitoreo de Chacarita y afirmó: “El operativo fue excelente. La Policía de la Ciudad le puso el cuerpo a la decisión política que tenemos, fue para nosotros un orgullo”. Y agregó: “Fue un operativo que marca un antes y un después sobre cómo se plantea y cómo se defiende el orden y la libertad de circular en la Ciudad”.
En la presentación del Mapa del Delito 2025, el jefe de Gobierno subrayó personalmente el trabajo realizado contra los manteros como uno de los logros centrales de su mandato. Ese mismo año se incorporaron más de 2.000 nuevos agentes a la fuerza, 500 nuevos vehículos y la red de videovigi-lancia llegó a más de 17.000 cámaras. El Estado se equipa para controlar.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su tercer informe sobre represión a la protesta social, documentó que durante los dos primeros años del gobierno de Jorge Macri en la Ciudad, la violencia estatal se duplicó: de las 139 movilizaciones monitoreadas entre 2024 y 2025, el 37% fue reprimida. Las detenciones arbitrarias aumentaron un 77%, pasando de 93 en 2024 a 165 en 2025. Entre los detenidos: periodistas, jubilados, vendedores ambulantes y personas en situación de calle.
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LA REPRESIÓN EN NÚMEROS (CPM, 2025) — 139 movilizaciones monitoreadas entre 2024 y 2025; el 37% fue reprimida. — La violencia estatal se duplicó: 17 protestas reprimidas en 2024 vs. 34 en 2025. — Detenciones arbitrarias: +77% (de 93 a 165 en un año). — 2.585 lesionados en dos años; 155 adultos mayores heridos en 2025 (cuatro veces más que en 2024). — 184 periodistas alcanzados por la represión en 2025, casi el doble que en 2024. — Inteligencia ilegal registrada en el 69% de las marchas monitoreadas. — Armas de fuego con balas de plomo —prohibidas en protestas— en el 78% de los operativos. |
El mapa de la violencia institucional
Los controles masivos de documentos, la represión a los feriantes y los operativos en movilizaciones son las patas visibles de una arquitectura de control más amplia. En 2022, el CELS junto con la legisladora Ofelia Fernández y el Equipo de Investigación Política lanzaron el “Mapa de la Policía de la Ciudad”: una plataforma pública para denunciar abusos e identificar comisarías y agentes implicados. La iniciativa surgió de una comprobación: la fuerza porteña arrastra lógicas de opacidad que demandan herramientas ciudadanas de visibilización.
Esa opacidad no es accidental. Los escándalos que periódicamente sacuden a la fuerza revelan estructuras internas de encubrimiento. En uno de los casos más resonantes, el juez Sebastián Casanello procesó al financista Elías Piccirillo y a siete efectivos de la División Robos y Hurtos Norte, incluido un comisario, acusados de fabricar un operativo para detener ilegalmente a una pareja de acreedores, en cuyo vehículo habrían colocado más de un kilo de cocaína y un arma robada. Ocho de los nueve imputados fueron enviados a prisión preventiva.
Tecnología al servicio del control
La de Buenos Aires fue pionera en la implementación de sistemas de reconocimiento facial en el espacio público, instalados en 2019 bajo el argumento de identificar prófugos con pedido de captura. El sistema funcionó durante años sin la supervisión adecuada hasta que el Poder Judicial porteño ordenó su suspensión preventiva a la espera de una auditoría que evaluara sus sesgos discriminatorios. El CELS, junto con el ODIA y la Fundación Vía Libre, exigió una auditoría efectiva antes de cualquier reimplementación.
En paralelo, el Decreto 383/2025 —promulgado como Decreto de Necesidad y Urgencia sin debate parlamentario— estableció un nuevo estatuto para la Policía Federal que habilita el ciberpatrullaje de redes sociales sin orden judicial. El CELS y el INECIP lo impugnaron de raíz, alertando que esa disposición “habilita el ciber patrullaje masivo de opositores y otras intervenciones sin control judicial”.
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CRONOLOGÍA: EL AVANCE POLICIAL SOBRE LOS DERECHOS EN CABA — 1958 — Decreto-Ley 333 (dictadura de Aramburu): habilita el pedido de DNI sin causa en espacios públicos. — 2015 — Fallo “Vera” del TSJ porteño: reconoce facultades policiales “impícitas” no escritas en ley democrática. — 2019 — La Ciudad instala reconocimiento facial en el espacio público sin debate legislativo previo. — 2022 — El CELS lanza el Mapa de la Policía de la Ciudad para documentar abusos. — 2024 — El sistema de reconocimiento facial permanece suspendido judicialmente a la espera de auditoría. — 2024 — Macri reivindica la represión en la 9 de Julio: “Fue un orgullo”. — 2024 — Denuncias de coimas a manteros; Macri desestima las acusaciones. — 2025 — Operativo de 200 efectivos desaloja la feria del Parque Los Andes con más de 6.700 bultos secuestrados. — 2025 — La violencia estatal en protestas se duplica; detenciones arbitrarias suben 77%. — 2025 — Decreto 383/2025 habilita ciberpatrullaje sin orden judicial. — 2025 — Siete policías porteños procesados por fabricar un operativo ilegal. — 2026 — El CELS denuncia operativos masivos de documentos en el transporte como ilegales y racistas. |
El orden como coartada: control social sobre los de afuera
Detrás del mantra del orden late una lógica que rara vez se enuncia con tanta claridad como la practican: la Ciudad de Buenos Aires no persigue delitos, persigue perfiles. El orden, elevado a premisa superior e indiscutible de la gestión de Jorge Macri, funciona como coartada de una política de control social que tiene destinatarios precisos. No son los evasores fiscales, no son los especuladores inmobiliarios, no son quienes delinquen con corbata. Son los inmigrantes que viajan apretados en el subte de madrugada. Son los jóvenes de tez oscura que vuelven del trabajo en colectivo. Son los manteros que extendieron una manta en una plaza porque el mercado formal les cerró todas las puertas. Son los trabajadores del Conurbano que entran a la Ciudad cada día a ganarse la vida y son recibidos, en la puerta misma del transporte público, por una policía que les pide documentos sin causa, que les secuestra la mercancía sin reposición, que los detiene sin delito.
Esa selección no es un accidente operativo ni el exceso de un agente aislado: es el resultado predecible de una decisión política que define quién pertenece a la Ciudad y quién la contamina. El vecino que paga impuestos, en la retórica oficial, merece protección. El que no los paga —porque no puede, porque trabaja en negro, porque vino desde Lomas o desde Bolivia a vender ropa usada en una feria— merece control. La geografía del miedo se traza así con precisión de clase: hay una Ciudad para los que tienen documentos en regla, cuenta bancaria y domicilio porteño. Y hay otra Ciudad, la de los operativos de madrugada, para todos los demás.
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El orden no es neutral. Cuando se aplica sistemáticamente sobre los mismos cuerpos —inmigrantes, jóvenes, pobres, trabajadores del Conurbano— sin importar lo que hayan hecho, deja de ser una garantía y se convierte en un instrumento de exclusión.
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La pregunta que la Ciudad evita responder
El gobierno de Jorge Macri no ha ofrecido respuestas sustanciales a las denuncias del CELS ni a las cifras de la CPM. La retórica oficial oscila entre la defensa irrestricta de los operativos como “prevención del delito” y el orgullo expreso ante la cámara cuando sus fuerzas intervienen contra manifestantes, feriantes o pasajeros. Es una posición cómoda: la narrativa securitaria tiene rédito electoral, los afectados por los abusos raramente tienen acceso a los medios y el costo político de reformar las fuerzas siempre es mayor, en el corto plazo, que el de dejarlas actuar con discrecionalidad.
Lo que los datos, los fallos judiciales y los informes de derechos humanos muestran no es la política de seguridad de una democracia plena. Es el perfil de un estado que ha decidido que ciertos ciudadanos —jóvenes, pobres, migrantes, trabajadores informales, manifestantes— son sospechosos por definición. Un estado que no pregunta qué hiciste, sino quién sos.
La pregunta que subyace a cada operativo en el transporte, a cada cámara de reconocimiento facial, a cada feria desalojada de madrugada, es siempre la misma: ¿en nombre de qué seguridad se renuncia a las garantías que definen una democracia? La respuesta que la Ciudad de Buenos Aires está construyendo, decreto a decreto, operativo a operativo, no resulta tranquilizadora.
