La coparticipación federal registró el segundo peor inicio de año desde 2018. El Ejecutivo nacional giró un adelanto de $400.000 millones a doce provincias, pero la maniobra tiene tanto de auxilio fiscal como de palanca política para garantizar votos en el Congreso.
La Argentina fiscal de 2026 presenta una paradoja difícil de disimular: el gobierno nacional que predicó el ajuste sin concesiones como dogma fundacional termina girando adelantos de coparticipación a media docena de gobernadores que, a su vez, necesitan esos fondos para pagar sueldos estatales mientras votan las reformas que Javier Milei necesita aprobar antes de las elecciones de octubre. El cruce de estas dos lógicas —la presión económica sobre las provincias y el cálculo político del Ejecutivo— define el clima del federalismo argentino en este inicio de año.
Los números son contundentes. Según un informe de Politikón Chaco, el primer trimestre cerró con transferencias automáticas a provincias y CABA por $16,3 billones, cayendo 6,4% respecto a igual período de 2025. Se trata del segundo peor primer trimestre desde 2018, ubicándose solo por encima de 2024. Esa caída equivale a una pérdida de $1.151.364 millones para el conjunto de provincias y CABA en los primeros tres meses del año.
La Nación sangra más, pero las provincias lo sienten igual
La caída de los ingresos tributarios en el primer trimestre de 2026 afectó más a la Nación que a las provincias. Si bien en total la recaudación cayó 7,5% respecto de igual período de 2025, la que queda para el gobierno nacional retrocedió 8%, mientras que la destinada a los estados subnacionales disminuyó 6,5%. El dato proviene de un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) y marca una asimetría que los técnicos provinciales no pasan por alto: que la Nación también sufra no suaviza el golpe sobre las cuentas locales, pero sí complica el margen de reclamo.
En marzo, los envíos por coparticipación federal de impuestos alcanzaron los $4.534.464 millones —el 90% del total— y exhibieron una caída real del 7,4% interanual, desempeño explicado principalmente por una nueva merma del IVA (-3,9% i.a.), una fuerte baja en Ganancias (-12,7%) y retrocesos en los impuestos internos (-14,3% i.a.) y los Otros Coparticipados (-10,3% i.a.). La excepción positiva estuvo en los envíos por compensación del consenso fiscal, que totalizaron $273.907 millones y mostraron una suba real del 43,1% interanual.
En términos geográficos, 23 de las 24 jurisdicciones presentaron un descenso en las transferencias automáticas recibidas en marzo. La única excepción fue Salta, con un alza del 0,4% explicada por un mayor volumen de crecimiento en los envíos por la compensación del Consenso Fiscal. Entre las bajas, las más leves se observaron en Buenos Aires (-1,8%) y Catamarca (-2,7%), mientras que Tucumán y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires exhibieron los descensos más pronunciados (hasta -7,2% para el caso porteño).
El ajuste que se federaliza
Según los cálculos del economista Nadin Argañaraz, titular del IARAF, entre diciembre de 2023 y febrero de 2026 la reducción acumulada de envíos automáticos de la Nación a todas las provincias y a CABA fue de 5.558 millones de dólares. Pero si se suman las transferencias no automáticas, el recorte acumulado desde el inicio de la gestión Milei llega a los 12.880 millones de dólares para todas las provincias. En 26 meses, la administración Milei acumuló recortes de transferencias automáticas y no automáticas por un total de 18.500 millones de dólares.
El caso de Córdoba ilustra bien la encrucijada. La administración Llaryora se cubrió las espaldas con emisiones internacionales de deuda: en junio de 2025 tomó 725 millones de dólares a siete años y en enero de 2026 emitió un bono a nueve años por 800 millones de dólares. En febrero, la provincia sufrió una caída real de su recaudación propia del 15%, mientras que la coparticipación recibida bajó 8%.
«La situación es dramática. Están todos preocupados, sean del color que sean. Todos con los frentes abiertos y las paritarias incendiadas.» Fuente cercana al Gobierno Nacional — Infobae, abril 2026
La retracción del Estado nacional también traslada a las provincias el costo de los servicios abandonados por la administración Milei: en Córdoba, esto ocurrió con los subsidios al transporte, el incentivo docente, la realización de obras viales y prestaciones a la discapacidad que debió reemplazar con recursos propios. La «federalización del ajuste» —un concepto que circula entre economistas provinciales— describe exactamente este fenómeno: el gobierno central reduce el gasto, pero parte de ese gasto no desaparece sino que migra, sin financiamiento adicional, hacia los tesoros subnacionales.
El auxilio que tiene precio político
El 3 de abril, Javier Milei firmó un decreto que habilitó un adelanto de hasta $400.000 millones en concepto de coparticipación para doce jurisdicciones. El paquete incluyó provincias alineadas o en diálogo frecuente con el oficialismo, como Chaco, Mendoza, Salta, Tucumán, Catamarca y Misiones, pero también distritos con fuerte oposición al gobierno central, entre ellos La Rioja y Tierra del Fuego, junto a Chubut, Corrientes, Río Negro y Santa Cruz. La provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof, quedó fuera del esquema.
El mecanismo, que ya había sido instrumentado para Entre Ríos en enero de 2026, responde a la evaluación puntual de la situación fiscal de cada provincia y establece la devolución del monto recibido antes de finalizar el año, con una tasa de interés del 15%. La política busca impedir que las administraciones locales acudan al crédito externo, donde el costo financiero oscila entre 30% y 45%.
Detrás de las gestiones políticas de estos acuerdos aparecen el ministro del Interior, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo: uno desde el lado político y otro desde el punto de vista del cuidado fiscal. La medida se adopta luego de un mes de marzo con bajísima actividad parlamentaria, en el que el Ejecutivo necesitaba recuperar la iniciativa legislativa de cara a un segundo semestre que considera clave para consolidar reformas antes de las elecciones de medio término.
Gobernadores dialoguistas: aliados costosos
Catamarca, Córdoba, Jujuy y Tucumán aplican severos recortes de gastos por la caída de la coparticipación mientras sus bloques legislativos se convierten en piezas clave que el presidente Javier Milei necesita en el Congreso. Pese a haberle facilitado votos cruciales para la reforma laboral y el Presupuesto 2026, los mandatarios no se sienten correspondidos y el malestar crece en sus segundas líneas.
El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, definió en una entrevista a marzo como «el peor momento» fiscal, con una caída del 4% en la coparticipación. «Hemos salido a pedir recursos a todos», reconoció el mandatario peronista, quien intensificó la gestión ante empresas mineras y organismos de crédito. En febrero, Jalil aseguró que la suba de precios mineros abriría expectativas de mayor financiamiento para obras públicas, señalando que el aumento en la cotización del litio y otros minerales permitiría captar recursos privados para infraestructura.
El vínculo que Nación pueda seguir estableciendo con un grupo de gobernadores se presagia vital para que el Gobierno pueda mantener una agenda propositiva en materia de reformas. Sin ellos, al oficialismo le resultaría imposible aprobar proyectos en el Congreso. En ese tablero, el proyecto de modificación a la Ley de Glaciares se perfila como la próxima gran batalla: las provincias mineras son pieza central del quórum necesario para aprobarlo.
El frente cambiario, otro foco de tensión
La crisis fiscal no es el único termómetro de la economía argentina en este inicio de 2026. En febrero, la salida de dólares por parte de personas humanas en concepto de ahorro y gastos de turismo casi igualó al ingreso de divisas por parte de las empresas por exportaciones y colocaciones de deuda. La consultora LCG plasmó en un informe que las personas humanas tuvieron una compra neta de billetes y divisas por u$s2.478 millones, y que si se agregan los flujos de otros componentes —incluyendo el saldo de servicios y turismo— el rojo fue de u$s2.552 millones.
Esa cifra casi compensó la entrada del agro (u$s1.408 millones) fundamentalmente por las ventas al exterior, y del resto de los sectores reales productivos (u$s1.579 millones), traccionadas en este caso por operaciones de endeudamiento. El balance ajustado entre oferta y demanda de dólares agrega incertidumbre a un escenario en el que el gobierno nacional necesita reservas para sostener el esquema cambiario mientras negocia con las provincias en pesos.
«Las vacas flacas son para todos.» Funcionario del Gobierno Nacional — Infobae, abril 2026
Una ventana, y no mucho más
En el círculo más cercano al Gobierno reconocen que creen tener «hasta agosto para poder continuar con la dinámica que tuvieron desde las sesiones extraordinarias». Pese a que el presidente Milei consignó que el 2026 sería el año más reformista de su gestión, durante el mes de marzo el Congreso permaneció prácticamente sin actividad.
En 2024, el ajuste nacional fue muy fuerte y también se sintió en las provincias, que mejoraron su posición fiscal licuando sueldos y jubilaciones. En 2025, los gobernadores enfrentaron demandas salariales fuertes y hubo una suba real en esos sueldos y jubilaciones, con lo que se quedaron sin ahorros. En 2026 la situación es compleja y depende mucho del acceso al financiamiento, porque además se agrava la caída de la coparticipación y de los ingresos propios, según explicó el economista Nadin Argañaraz del IARAF.
Lo que el primer trimestre dejó en claro es que el equilibrio fiscal del que habla la Casa Rosada es, en buena medida, un equilibrio de cuerda floja. La Nación logró contener su déficit transfiriendo presión hacia las provincias. Las provincias resistieron transfiriendo esa presión hacia los municipios. Y los intendentes de todo el país ya comenzaron a movilizarse, denunciando una «asfixia financiera crítica».
En ese contexto, los $400.000 millones del decreto presidencial no son solo un auxilio: son también una señal de que la negociación política entre Nación y provincias seguirá siendo, durante 2026, tan tensa e inescindible como los propios números fiscales que la impulsan.
