Los documentos oficiales del Gobierno porteño muestran que, en menos de una semana, el Programa 51 de Asistencia Alimentaria perdió al menos $3.325,2 millones. La poda impacta sobre el esquema que sostiene viandas, comedores y becas alimentarias en las escuelas públicas, en un contexto en el que la propia comunidad educativa viene denunciando desde hace años problemas de calidad y cobertura.
No surge de una denuncia aislada ni de una lectura partidaria: está en los papeles del propio Estado porteño. La Resolución 51/SSHA/26 de la Subsecretaría de Hacienda, fechada el 20 de marzo y publicada en el Boletín Oficial del 27 de marzo, aprueba compensaciones presupuestarias. En los anexos vinculados a esa secuencia aparecen dos bajas concretas al Programa 51 de Asistencia Alimentaria: una por $540 millones y otra por $320,2 millones. A ese primer recorte se sumó luego otra modificación que quitó $1.465 millones y $1.000 millones más del mismo programa. La suma de esos movimientos arroja un recorte de al menos $3.325.200.450.
El dato es políticamente delicado porque no se trata de un rubro secundario. En la propia información oficial de la Ciudad, el Programa de Alimentación Escolar abastece a alumnos de todos los niveles educativos que dependen del GCBA, y la modalidad de vianda está prevista para aquellas escuelas donde no es posible cocinar por falta de infraestructura u otras razones. A su vez, la Dirección General Servicios a las Escuelas tiene entre sus responsabilidades coordinar la asistencia alimentaria, la inscripción a becas alimentarias y el control sobre concesionarios. Es decir: el área recortada toca un engranaje central del funcionamiento cotidiano de la escuela pública.
Hay otro punto que agrava la discusión: la resolución oficial no ofrece una explicación sustantiva sobre por qué se le quitan recursos a este programa. El texto firmado por Hacienda se limita a señalar “la necesidad de modificar los créditos de diversas partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor”. La fórmula es administrativa, pero el efecto es político y social: menos recursos en un sistema sensible, en una ciudad cuyo ciclo lectivo 2026 abarca a más de 600 mil alumnos y 1.692 escuelas.
La reacción en redes y en el sistema educativo no tardó. La titular de la Auditoría General de la Ciudad, Mariana Gagliardi, advirtió en X que el recorte pega “de lleno” en un dispositivo clave para miles de estudiantes y cuestionó que la alimentación escolar sea tratada como una variable de ajuste. La crítica encontró eco en medios y dirigentes que vienen siguiendo la ejecución presupuestaria del área educativa y el deterioro de las políticas alimentarias en la Ciudad.
La polémica, además, se monta sobre un problema previo. En junio de 2023, un relevamiento de la Universidad Popular Barrios de Pie sobre 247 familias de 65 escuelas porteñas mostró que el 64% estaba disconforme con la calidad de las viandas, el 77% consideraba que podían mejorar y más de la mitad dijo que no recomendaría esa alimentación. Ese informe también señalaba que sólo 4 de las 1.783 escuelas públicas autogestionaban su comedor, mientras el resto dependía de concesiones privadas. En otras palabras: el debate no empieza con el recorte, pero el recorte vuelve todavía más grave una situación que ya venía cuestionada.
Ahí aparece otro costado incómodo. Investigaciones periodísticas y de Chequeado ya habían vinculado a proveedores del sistema alimentario escolar con aportes a fundaciones cercanas al PRO. Entre los nombres mencionados figuran Friends Food y Teylem, dos firmas con antecedentes como contratistas del Estado porteño. Chequeado consignó que Friends Food integró el grupo de principales aportantes de Formar, mientras una investigación de Tiempo Argentino recordó que esa fundación recibió más de 14 mil dólares de esa empresa y también financiamiento de Teylem y de la Cámara de Concesionarios de Servicios de Comedores y Refrigerios. No prueban por sí solas una ilegalidad en la contratación actual, pero sí reinstalan una vieja pregunta sobre quién gana cuando la comida escolar se terceriza y el Estado reduce su presupuesto.
En la Ciudad de Buenos Aires, donde la gestión suele construir su relato alrededor de la eficiencia, el orden y la modernización, el Boletín Oficial acaba de mostrar otra cara: la del ajuste sobre el plato escolar. La discusión de fondo ya no pasa sólo por un expediente o una partida. Pasa por una decisión de prioridades. Porque cuando el recorte llega a la comida de chicos y chicas de la escuela pública, la discusión deja de ser contable y se vuelve, inevitablemente, moral y política.
NR
