El pasado 24 de marzo se cumplieron 50 años del golpe de Estado de José Alfredo Martínez de Hoz y Cía. contra el tercer gobierno de Juan Domingo Perón. Llevamos medio siglo de una dictadura liberal financiera que ningún gobierno de la democracia quiso desarmar para devolver a la Argentina los índices laborales, industriales, salariales, de endeudamiento externo y de ocupación que había hasta la llegada de los caballeros, como los había calificado Jorge Luis Borges a los militares de 1976.
Horacio Raúl Campos
Con vistas hacia lo que sigue del siglo XXI, se necesita en forma urgente devolver la Argentina que había hasta el 23 de marzo de 1976. Reindustrializar, prohibir las exportaciones de minerales en bruto, hacer manufacturas con altísimo valor agregado, volver a reimpulsar las fabricaciones militares, la vuelta de la Marina Mercante, volver a que los puertos sean del Estado, un programa ganadero, reimpulsar astilleros, reorganización de la ciencia y la tecnología, volver al Estado empresario industrial, acelerar la fábrica de reactores nucleares -que es energía limpia y barata-, y buscar la unidad iberoamericana, especialmente con Brasil, entre otros proyectos estratégicos. Todo eso no es nuevo. Era lo que había en la Argentina.
Un gobierno PATRIOTA, al trabajar en ese proyecto nacional estratégico, estaría haciendo la mejor política de derechos humanos, a medio siglo de la instauración de la dictadura liberal financiera (DLF) sostenida por Martínez de Hoz -jefe real del Proceso– y los gobiernos democráticos desde el 10 de diciembre de 1983 con la participación de dirigentes de la UCR, del Partido Justicialista, el macrista liberal PRO y la liberal Libertad Avanza (LLA) gobernaron y gobiernan la Argentina: Liberales, social demócratas, neoliberales, muchos disfrazados de peronistas y progres liberales.
Todos se mostraron muy respetuosos de la DLF implantada desde el 24 de marzo de 1976. Casi todos la profundizaron y liquidaron el Estado Empresario Industrial -organizado por Perón durante sus 3 gobiernos-, como hicieron Menem-Cavallo-Guido Di Tella, y firmaron acuerdos con Inglaterra, nuestro enemigo histórico, que usurpa las Islas Malvinas. Ningún gobierno de la democracia derogó el plexo político / jurídico impuesto por Martínez de Hoz y Cia., y el de la década de 1990.
Los datos concretos
El historiador y académico de Rosario, Santa Fe, Marcelo Gullo revela datos muy precisos:
En la década de 1960, Corea del Sur creció a 9 por ciento anual promedio; en los 70 y los 80, a un 8 por ciento. En 1974, durante el tercer gobierno constitucional de Juan Domingo Perón, el producto por habitante de la Argentina era cuatro veces más elevado que el de Corea del Sur. En 1983, al finalizar la dictadura civil-militar, Corea del Sur prácticamente había alcanzado el mismo nivel de producto por habitante de la Argentina y, al terminar el gobierno neoliberal del presidente Fernando de la Rúa (que continuó la política económica instaurada por el presidente Carlos Menen en 1990), el producto por habitante de Corea del Sur superaba al de la Argentina en un 60 por ciento. Hoy [2012], mientras la economía argentina sigue dependiendo principalmente de la exportación de materias primas, el 100 por ciento de las exportaciones coreanas se componen de productos industrializados. Un dato muy importante: en la actualidad, Corea -con la cuarta parte de la población de Brasil- produce tanto como el gigante sudamericano.[1]
¿Cuánta deuda externa dejó el tercer gobierno de Perón (25 de mayo de 1973 al 24 de marzo de 1976)? “La deuda externa dejada por el general Alejandro Agustín Lanusse al 25 de mayo de 1973 ascendía aproximadamente a 5.000 millones de dólares, suma casi igual a la fuga de capitales que habían producido las liberalidades cambiarias impuestas al país tras el derrocamiento de Perón” en 1955.[2] Esa es la misma cantidad dejada por el tercer gobierno de Perón el 24 de marzo de 1976.
¿Cuánta deuda externa encontró Alfonsín el 10 de diciembre de 1983?: “En 1983, se computaban en la cuenta fantasma de la deuda unos 43.500 millones de dólares”, destaca Alejandro Olmos.
Olmos puntualiza que, en febrero de 1976, la deuda externa de la Argentina (pública y privada) era de 8.205 millones de dólares (sólo capital) y 9.780 millones de dólares (con intereses). La pública (sólo capital) era de 5.119 millones de dólares y 6.402 millones de dólares (con intereses). La privada era de 3.086 millones de dólares (sólo capital) y de 3.378 millones de dólares (con intereses). En diciembre de 1983, la deuda externa (pública y privada, sólo capital) era de 43.509 millones de dólares; con intereses, de 44.377 millones de dólares. La pública (sólo capital) 29.536 millones de dólares; la privada (sólo capital) 13.973 millones de dólares. La pública con intereses: 30.108 millones de dólares. La privada con intereses: 14.269 millones de dólares.[3] La deuda externa de la Argentina entre 1994 y 2025:
La deuda externa de la Argentina aumentó a 316.935 millones de dólares en el 3er. trimestre de 2025. Había 307.238 millones de dólares en el segundo trimestre de 2025. La deuda externa argentina promedió 181.402,91 millones de dólares desde 1994 hasta 2025, alcanzando aquel máximo histórico en el tercer trimestre de 2025 y un mínimo récord de 87.524,40 millones de dólares en el 4to. trimestre de 1994.[4] A esto lo decimos nosotros: ¡Qué lejísimo hemos quedado de la deuda externa dejada por el tercer gobierno de Perón!
Sobre la estatización de la deuda privada de empresarios argentinos multimillonarios, el BCRA, el 17 de noviembre de 1982, decidió la Transformación de la deuda externa privada en deuda pública, según la tristemente famosa Comunicación “A”251. El día y el mes de esa diabólica decisión política no son inocentes. Un próximo gobierno patriota (no liberal, ni neoliberal, ni progre liberal o socialdemócrata) va a tener que aplicar aquellos proyectos estratégicos que mencionamos. Y apuntar de manera muy fuerte a repoblar la Argentina que sigue vacía, especialmente en la Patagonia. Crear trabajo y repoblar. De esa manera se rechazará otra vez la política contra el natalismo, cuyo mal político no es una invención del siglo XXI. Siquiera de fines de la pasada centuria. El cuchillo teórico lo proporcionó el británico y clérigo anglicano Thomas Robert Malthus (1766-1834), cuando en 1798 publicó An essay on the principle of population (Ensayo sobre el principio de la población).
Ese es otro proyecto liberal reimpulsado por USA a través de Henry Kissinger cuando el 10 de diciembre de 1974, el Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU., el organismo de más alto nivel de toma de decisiones sobre política exterior, aprobó un documento que era secreto: National Security Study Memorandum 200 (“Memorándum 200 sobre la Seguridad Nacional”) o NSSM-200, que también se conoce con el nombre de The Kissinger Report (El Informe Kissinger).[5] Tema oficial para EE.UU.: Consecuencias del Crecimiento Mundial de la Población para la Seguridad de los Estados Unidos y sus Intereses de Ultramar. Esa iniciativa imperialista -rechazada siempre por Perón- empezó a ser aplicada en la Argentina por los últimos gobiernos de la democracia autodefinidos como nacionales/populares y/o algunos provinciales.
Plexo político/jurídico
Como parte de nuestras ataduras anglófilas, existen varios acuerdos internacionales, refrendados por leyes del Congreso Nacional argentino. Por ejemplo: Los Acuerdos de Madrid -respaldados por la Ley 24.184 de Menem-Cavallo. Los pactos/imposiciones tienen un abuelo. El 2 de febrero de 1825 se firmó el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y las Provincias Unidas del Río de la Plata, por medio del cual “quedó instrumentada -con todo rigor jurídico- la transferencia de nuestra conducción económica a favor del gobierno británico y de los intereses comerciales y financieros con domicilio en ese país. El Tratado se firmó en Buenos Aires primero y en el tiempo increíble de apenas cuatro meses les fue impuesto también a los gobiernos de Chile, Perú, de la Gran Colombia (Colombia y Venezuela unidas) y al de México”, precisa Julio C. González.[6]
Sigue vigente, por ejemplo, la esencia de la ley de entidades financieras de Martínez de Hoz 21.526 de febrero de 1977, que había derogado la ley 20.520 de Entidades Financieras. Transferencia de Depósitos al Banco Central, de agosto de 1973, durante el gobierno peronista. Esta última norma apuntaba a defender los intereses nacionales, el trabajo y la producción. Era una ley totalmente contraria a la timba financiera, que sigue vigente en 2026.
