Las elites que financiaron el golpe de 1976 no se fueron. Cambiaron de traje, actualizaron su discurso y hoy administran el poder bajo Javier Milei. El economista e historiador Mario Rapoport lo documentó durante décadas. Otros investigadores llegaron a las mismas conclusiones. Nadie los escuchó lo suficiente.
por REDACCION DATA POLITICA Y ECONOMICA
Hay una pregunta que la Argentina oficial prefiere no hacerse cada 24 de marzo: ¿Quiénes son los que ganaron? Se habla mucho de las víctimas, necesariamente. Se nombra a los militares, a los represores, a los campos clandestinos. Pero hay otro grupo que rara vez figura en los actos: los que aplaudieron, financiaron y se enriquecieron con el golpe. Y que, a diferencia de los generales juzgados, siguieron operando sin interrupciones durante los cuarenta años de democracia que vinieron después.

Mario Rapoport, uno de los economistas e historiadores más rigurosos del país, lleva décadas rastreando ese hilo. Su conclusión no admite demasiados matices: el programa económico inaugurado en 1976 nunca fue realmente desmantelado. Fue continuado, profundizado y, con la llegada de Javier Milei a la presidencia en diciembre de 2023, llevado a su versión más radical y descarnada.
“Hay una continuidad casi explícita con el programa económico implementado por la última dictadura militar. Casi punto por punto el programa económico de Milei replica al de Martínez de Hoz.” — Mario Rapoport, Perfil, diciembre de 2025
No es una metáfora política ni una licencia retórica. Es una descripción técnica. El 2 de abril de 1976, José Alfredo Martínez de Hoz anunció su programa con doce puntos que prometían «libertad»: libertad de precios, de comercio exterior, para los alquileres, para las inversiones extranjeras. Casi cincuenta años después, la Ley de Bases de Milei reproduce esa misma arquitectura con otros nombres.
El golpe que no fue solo militar
Para entender la continuidad, hay que entender primero quiénes hicieron el golpe. La versión simplificada dice que fue una dictadura militar. La versión documentada es bastante más compleja y más incómoda.
Rapoport lo establece con precisión en múltiples trabajos: el objetivo del golpe fue la reestructuración económica, política y social del país. Y esa reestructuración requería actores civiles, no solo militares. Grupos industriales, financieros, agrarios, medios de comunicación y organismos internacionales formaron parte de la ingeniería que hizo posible el 24 de marzo.

“El objetivo del golpe de Estado de 1976, llevado a cabo por las Fuerzas Armadas con complicidad de los grandes grupos económicos, fue la reestructuración sobre todo económica, pero también política y social de la Argentina. Esta reestructuración total sólo podía hacerse mediante una campaña sistemática para disciplinar, por medio del terror estatal, al conjunto social.” — Mario Rapoport
El periodista Horacio Verbitsky, junto al especialista en deuda soberana Juan Pablo Bohoslavsky, documentó esas complicidades en el libro Cuentas pendientes (2013), que sistematizó veinticinco casos de responsabilidad empresarial en el terrorismo de Estado. La conclusión de Verbitsky fue tajante: los empresarios no fueron cómplices de la dictadura. Participaron activamente en ella. Hay una diferencia jurídica y moral entre ambas categorías.
Entre las empresas señaladas en distintos juicios y estudios académicos figuran Ford y Mercedes Benz, que facilitaron instalaciones para la detención de sus propios trabajadores. Acindar y Techint, cuyo papel como sostenes económicos del régimen quedó documentado. Garovaglio-Zorraquín, que según Verbitsky fue uno de los grupos que más creció durante la dictadura y utilizó todos los instrumentos de la reconversión económica para aniquilar la producción para el mercado interno. Y la prensa: Clarín y La Nación se beneficiaron con la compra forzada de Papel Prensa, apropiada por el Estado terrorista a su accionista principal.
“Aquella Apege, conglomerado de asociaciones gremiales empresarias que hicieron el precalentamiento del golpe en 1975, me hace pensar mucho en este Foro de Convergencia actual. Muchos que estaban antes siguen estando ahora, no son tantos pero son los mismos.” — Héctor Recalde, abogado laboralista, 2014
Los ganadores que no necesitaron tanques
La dictadura produjo una redistribución de la riqueza sin precedentes en la historia argentina. Entre 1976 y 1983, la participación de los salarios en el ingreso nacional cayó del 45 al 27 por ciento. El producto bruto industrial se desplomó un 20 por ciento en los primeros cinco años. La deuda externa saltó de 6.000 a 56.000 millones de dólares. Ese dinero no desapareció: fue apropiado por un puñado de grupos económicos que prosperaron en exacta proporción al deterioro del resto.
Los datos son elocuentes y están documentados en investigaciones académicas independientes. En el ranking de ventas corporativas, Bridas pasó del puesto 40 en 1976 al 16 en 1988. Pérez Companc, del 49 al 29. Astra, del 251 al 40. Esos mismos grupos incrementarían aún más su poder durante el gobierno de Alfonsín, gracias a la continuidad de las políticas de tercerización, y terminarían capturando partes sustanciales de YPF cuando Menem finalmente privatizó la petrolera estatal.
El economista Eduardo Basualdo, investigador de la FLACSO y uno de los más rigurosos analistas de este proceso, habla del menemismo como la «etapa superior» de la tarea económica que se planteó la dictadura en 1976. Lo que los militares no pudieron terminar, lo completó un presidente elegido democráticamente. Y lo hizo con el aplauso de los mismos sectores que habían festejado el golpe.
“No hay país desarrollado que no se base en una burguesía nacional dispuesta a generar riquezas y en el caso argentino esto no había ocurrido. Por el contrario, las fuerzas del establishment siempre pujaron por volver al modelo agroexportador o a un esquema similar, excluyente en lo social y dependiente en lo financiero del exterior.” — Mario Rapoport
La democracia como continuidad con otros medios
La transición de 1983 no rompió el programa económico de la dictadura. La restauró con legitimidad electoral. Raúl Alfonsín lo intentó a su manera, pero los mismos empresarios que habían cenado con los militares le dejaron claro la noche del primer juicio a las juntas, en abril de 1985, que cambiar el rumbo económico tendría un costo político inasumible. Alfonsín cedió.
Verbitsky reconstruyó ese momento con detalle: la misma noche en que comenzaban las audiencias del Juicio a las Juntas, el presidente se reunió en Olivos con una veintena de grandes empresarios, todos sostenedores y beneficiarios de la dictadura. Le prometieron no obstruir el proceso judicial. Le exigieron, a cambio, que no tocara la política económica.
El menemismo liquidó lo que quedaba: privatizó YPF, Aerolíneas, los teléfonos, el correo, las jubilaciones. Lo hizo con el Manual neoliberal en la mano y con los mismos grupos empresariales del 76 como beneficiarios directos. La convertibilidad terminó en 2001 con la mayor crisis social de la historia argentina moderna: más de cincuenta muertos en las calles, un presidente fugado en helicóptero y cinco presidentes en diez días.
“Con la implementación del modelo neoliberal en 1976 por parte de la dictadura cívico-militar, la frecuencia de las crisis en la economía argentina se duplicó. Las caídas económicas se deben, sobre todo, al manejo de la economía por parte de los sectores más liberales.” —
El CELAG, centro de estudios latinoamericano, comparó en 2023 el programa económico de Milei con los tres grandes experimentos neoliberales anteriores de la Argentina. La conclusión fue técnica y demoledora: solo el 10 por ciento de las propuestas de Milei son originales. El 68 por ciento coincide con el programa de Martínez de Hoz. El 90 por ciento ya fue aplicado en alguno de los tres intentos previos: la dictadura, el menemismo y el macrismo. Y los tres terminaron en crisis.

Milei: la versión sin disfraces
Lo que distingue al gobierno de Javier Milei no es el contenido del programa, sino la velocidad de aplicación y la ausencia de maquillaje. Donde la dictadura necesitó el terror para imponer la devaluación, la apertura y el disciplinamiento salarial, Milei lo hace con votos y decretos de necesidad y urgencia. Donde Menem usó la retórica de la modernización, Milei usa la motosierra como símbolo de orgullo.
Pero los intereses servidos son los mismos. El historiador Julián Zícari, autor de Martínez de Hoz: el jefe civil de la dictadura, señaló en Radio Provincia que el modelo actual se basa, como el de 1976, en la fuga de capitales, el megaendeudamiento y el empoderamiento de nuevos grupos económicos. Y que la estrategia antiinflacionaria de Milei con el dólar como ancla cambiaria es, en sus palabras, una estrategia calcada a la de la famosa tablita de Martínez de Hoz. La tablita terminó en la crisis financiera de 1980 y en el inicio de la debacle de la deuda.
El diputado Miguel Ángel Pichetto, difícilmente sospechoso de izquierdismo, afirmó en marzo de 2026, a cincuenta años del golpe: «Hay una filosofía detrás del plan económico de Javier Milei y Luis Caputo que tiene como origen el plan de Martínez de Hoz. Ambos se parecen demasiado, promueven la pobreza, el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores y modelos ya vistos en la economía argentina que ya fracasaron».
“La Ley de Bases mileísta reitera los mismos principios que orientaron el programa político-económico de la dictadura militar. Un plan de ajuste ejecutado sobre una montaña de trabajadores empobrecidos que procuraba, por medio de un endeudamiento sin precedentes, estabilizar la inflación y suprimir definitivamente cualquier intento de implantar una economía nacionalista y redistributiva.” — Mario Rapoport, Perfil, 2025
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Mario Rapoport. Economista
Entre enero de 2024 y los primeros meses de gobierno de Milei, la pobreza pasó del 44,7 al 57,4 por ciento según el Observatorio Social de la UCA. Los salarios reales cayeron alrededor del 18 por ciento en los primeros dos meses de gestión. En 1976, la caída fue del 40 por ciento en el primer año. Milei lo llama gradualismo, pero en dirección inversa.
La advertencia que nadie quiere escuchar
Rapoport cierra su análisis con una frase que debería incomodar a cualquiera que haya construido su identidad política en la certeza de que los derechos conquistados son permanentes: «Muchos creen que los derechos conseguidos son para siempre, y la historia demuestra lo contrario en toda su dramaticidad».
No es un llamado a la desesperanza. Es una advertencia sobre la ilusión de que las conquistas son irreversibles por el solo hecho de existir. Los mismos grupos que financiaron el terrorismo de Estado para destruir el poder sindical, la industria nacional y el Estado social, llevan cincuenta años trabajando para que ese mundo no vuelva. Y tienen paciencia. Mucho más que sus adversarios.
Cada vez que la Argentina eligió el camino contrario, como entre 2003 y 2015, esos grupos no desaparecieron. Esperaron. Financiaron medios, lobbies, fundaciones, candidatos. Construyeron el relato de que el problema era el Estado, el gasto, la política, los sindicatos. Y cuando el ciclo giró, volvieron. Con más fuerza, con menos pudor y con la misma agenda de siempre.
El 24 de marzo no es solo un día para recordar a los desaparecidos, que también. Es el día en que se fundó el modelo económico que todavía nos gobierna. Entender eso no es hacer política del pasado. Es hacer política en el presente.
Fuentes consultadas:
