Tras la reforma laboral, la Casa Rosada envió al Congreso un proyecto para reemplazar la Ley 27.795 y fijar un esquema de actualización con tope implícito: gastos atados al IPC sólo si supera el 14,3% y una recomposición salarial anual del 12,3% en tres tramos. Docentes y no docentes denuncian que la iniciativa consolida la pérdida de poder adquisitivo y busca neutralizar el freno judicial al decreto que condicionaba la norma vigente.
Por Antonio Muñiz
La ofensiva del Gobierno sobre el sistema universitario entró esta semana en una nueva fase: un proyecto de ley enviado al Congreso busca reemplazar la Ley 27.795 de financiamiento y dejar escrito, con formato “técnico”, un recorte que hasta ahora se aplicó con decisiones administrativas, dilaciones y ejecución presupuestaria a la baja. El oficialismo pretende tratarlo en marzo, en la reanudación de la actividad parlamentaria, con el respaldo de su red de acuerdos legislativos.
La iniciativa se trabajó en despachos de Casa Rosada, con intervención de la Secretaría Legal y Técnica que conduce María Ibarzabal Murphy y del área de Políticas Universitarias que encabeza Alejandro Álvarez, un dirigente identificado con el armado político libertario que orbita alrededor del asesor Santiago Caputo.
Un diseño con “gatillo” y un número que funciona como techo
El corazón del proyecto está en el mecanismo de actualización de gastos de funcionamiento. En los papeles, el Gobierno ofrece indexar por inflación, pero con una condición clave: el ajuste automático sólo operaría si el IPC supera el 14,3%, cifra alineada con la inflación promedio prevista por el oficialismo para 2026. El resultado práctico es un “gatillo” que, en un escenario de inflación por debajo de ese umbral, deja a las universidades con actualizaciones discrecionales o directamente licuadas.
El otro punto sensible es salarial. El texto propone una recomposición total del 12,3% para 2026, dividida en tres cuotas de 4,1% (marzo, julio y septiembre), calculadas sobre los básicos de diciembre de 2025. Para los gremios, el enfoque no repara la pérdida acumulada y consolida el atraso: el cálculo parte de una base ya erosionada y no contempla el deterioro previo.
En paralelo, el proyecto incluye un refuerzo presupuestario específico para hospitales escuela por $80.072 millones. En el Gobierno lo presentan como señal de “prioridades”; en las universidades lo leen como un parche que no resuelve el cuadro general de subejecución y salarios retrasados.
La respuesta gremial: paros al inicio del ciclo lectivo
La reacción sindical fue inmediata. Desde Feduba, su secretario general Pablo Perazzi advirtió: “Este proyecto consolida el ajuste sobre nuestros salarios”. La frase se repitió en comunicados y notas gremiales, junto con el anuncio de medidas de fuerza para la primera semana de marzo, con riesgo de inicio de cursada atravesado por paros.
Los gremios señalan que el Gobierno intenta “normalizar” por ley una pérdida real que se viene verificando con paritarias por detrás de la inflación y transferencias insuficientes para gastos operativos. El conflicto, además, crece en un momento político particular: tras la aprobación de la reforma laboral, la Casa Rosada apuesta a extender el mismo criterio de “flexibilización” y contención del gasto a áreas donde todavía encuentra capacidad de organización y movilización.
Un dato no menor que el propio articulado incorpora —y que algunos sectores leen como reconocimiento implícito de la tensión— es la obligación de convocar paritarias dentro del mes de sancionada la ley y con una periodicidad que no debería superar los tres meses. Para los sindicatos, ese punto no compensa el resto del esquema si el número de referencia termina funcionando como límite.
El antecedente judicial que el Gobierno quiere dejar atrás
Detrás del apuro oficialista hay un motivo concreto: el frente judicial. En diciembre, el juez Martín Cormick dictó una cautelar que ordenó aplicar artículos centrales de la ley de financiamiento universitario, dejando sin efecto —de manera provisoria— el decreto 759/2025 con el que el Ejecutivo había condicionado la vigencia de la norma tras la insistencia parlamentaria. Ese fallo empujó al Gobierno a moverse para que el terreno de disputa vuelva a ser el Congreso, con una ley nueva y “propia”.
En los hechos, lo que se discute no es sólo un porcentaje. Es quién fija la regla de juego: si una ley que obliga al Estado a sostener el funcionamiento del sistema universitario con criterios de actualización que protejan salarios, becas y partidas; o un marco legal que habilite que la actualización quede supeditada a la “meta” oficial de inflación y a decisiones discrecionales del Ejecutivo.
Lo que circula en redes y el clima de época
En redes sociales, la discusión ya se instaló con la lógica habitual: recortes de notas, flyers de gremios y llamados a asambleas. En las últimas horas circularon publicaciones que ponen el foco en el “techo” del 14,3% y en el cronograma de aumentos del 12,3%, además de referencias a la cautelar judicial y a la apelación oficial.
Ese clima digital no reemplaza el debate de fondo, pero sí anticipa un escenario: la universidad pública vuelve a convertirse en un punto de fricción política y social, con capacidad de contagio hacia otros sectores del Estado —por volumen de trabajadores, por presencia territorial y por legitimidad simbólica— justo cuando el Gobierno busca consolidar su programa de ajuste con herramientas legales y parlamentarias.
¿Qué puede pasar en marzo?
El oficialismo quiere que el proyecto se trate rápido. Del otro lado, el sistema universitario prepara un inicio de año con conflictividad: paros, clases públicas, movilizaciones y presión a gobernadores y bloques legislativos. En el medio, habrá un debate que no debería quedar reducido a consignas: el financiamiento universitario define salarios, investigación, extensión, becas y funcionamiento de instituciones que, en muchas provincias, son también un engranaje económico local (empleo, servicios, salud a través de hospitales escuela, compras y contrataciones).
El proyecto ya está en la cancha. La pregunta que se abre es política y presupuestaria a la vez: si el Congreso convalida un esquema de actualización condicionado que funciona como ancla del gasto, o si fuerza una salida que recomponga en serio salarios y partidas, y deje menos margen a la licuación silenciosa. Con marzo a la vuelta de la esquina, el conflicto universitario amenaza con convertirse en la primera gran disputa del año legislativo.
