La actual desindustrialización no es un tropiezo ni el resultado inevitable de crisis cíclicas. Es la expresión coherente de una matriz de acumulación que, desde hace décadas, privilegia la renta exportadora y la valorización financiera por sobre la producción y el trabajo. No es fatalidad ni incapacidad: es una decisión política sostenida por el bloque dominante que administra el excedente de las commodities en función de sus propios intereses.
Por Antonio Muñiz
El país se desindustrializa cuando un bloque exportador se apropia del excedente de las commodities y lo convierte en renta y valorización financiera. Para ese esquema, la industria y el salario no son un objetivo, son una restricción.
Hay una discusión que en la Argentina se repite con distintos nombres, pero siempre con el mismo fondo: ¿para qué se usa el excedente?
En un país que genera una parte decisiva de sus dólares exportando agroalimentos -y ahora sumaria energía y minerales – la pelea real no es si el “campo” es importante —lo es— sino quién se apropia de lo que produce la inserción internacional. Cuando ese excedente queda capturado por elites ligadas al extractivismo de recursos naturales en alianza con el sector financiero, el resultado no es desarrollo: es primarización, concentración y un Estado reducido a garante del orden macro para que la renta circule sin interferencias.
La clave está en entender que el agronegocio contemporáneo no es un conjunto de chacareros con voluntad productiva y horizonte nacional. Es una arquitectura empresaria compleja: grandes propietarios, arrendamientos, pools, acopios, traders, servicios, logística, insumos y un entramado de decisión que opera, muchas veces, más cerca del mercado global que del proyecto argentino. Ese entramado genera o canaliza divisas, sí, pero su interés central no es construir un tejido industrial. Es maximizar márgenes de ganancia en dólares.
Ahí entra el socio perfecto: el sistema financiero. Porque la renta exportadora —cuando no es orientada por políticas públicas— tiende a volverse liquidez. Y la liquidez, en una economía con historia de inestabilidad, busca dos cosas: cobertura y rendimiento. La finanza ofrece ambas: mecanismos para dolarizar, para mover capital, para apalancar ganancias y para transformar excedente productivo en ganancia financiera. En esa alianza, el excedente de commodities deja de ser un recurso estratégico para el desarrollo y pasa a ser combustible de una rueda rentística.
El modelo anti-industrial se sostiene con una premisa: la economía tiene que funcionar como una máquina de captura, no como una cadena de valor. Para eso, necesita disciplinar a los actores que podrían disputar ese excedente: trabajadores, pymes, industria, ciencia aplicada, Estado inversor. La industria no pide milagros: pide previsibilidad, crédito razonable, infraestructura, energía competitiva, estabilidad cambiaria, protección inteligente y un mercado interno vivo. Todo eso implica política. Implica Estado. Implica orientación. Implica, sobre todo, que parte de la renta se convierta en inversión productiva y salarios, no en fuga y especulación.
En cambio, el bloque exportador-financiero prefiere otro menú: apertura importadora que “ordene” por la vía del cierre de fábricas; tasas altas que premien la liquidez y castiguen la inversión productiva; ajuste fiscal como señal de confiabilidad para acreedores; desregulación como autopista para la salida de capitales; y un tipo de cambio usado como instrumento táctico —ancla cuando se busca bajar inflación a costa de la producción, shock cuando conviene rearmar ganancias en dólares. Con ese menú, la industria pierde margen, la inversión cae, el empleo formal se achica y el país se vuelve más dependiente de pocos complejos exportadores.
El circuito es conocido, aunque se lo disfrace con tecnicismos. Entran dólares por exportación; el Estado renuncia a orientar ese excedente hacia la producción; se prioriza el equilibrio contable sobre el desarrollo; se ahoga el crédito productivo; y el excedente se dirige a instrumentos financieros o a la salida al exterior. Luego llegan los efectos: caída del consumo, deterioro del salario, cierres, concentración y una economía cada vez más desigual. La paradoja es brutal: el país “genera dólares” pero no genera trabajo y ni producción. Es decir, obtiene divisas sin desarrollo.
Para sostener esto, no alcanza con medidas económicas. Hace falta un relato que convierta a la industria en “privilegio”, al salario en “costo” y al Estado en “estorbo”. Hace falta instalar que la Argentina “debe aceptar” su destino primario porque allí “es competitiva”. Esa idea es funcional al rentismo: un país primarizado es más fácil de administrar para pocos. Tiene menos sujetos organizados, menos demandas colectivas y menos capacidad de disputar el excedente.
Un país industrial, en cambio, crea densidad social: sindicatos fuertes, pymes, redes territoriales, universidades, ciencia aplicada, mercados regionales. Eso molesta. Eso condiciona. Eso obliga a gobernar para el desarrollo y no solo para la renta.
La consecuencia política es igual de clara: sin un proyecto nacional que ordene intereses provinciales y sectoriales, cada territorio queda empujado a sobrevivir como pueda, negociando coyunturas, compitiendo por migajas de inversión o por ventajas fiscales que no construyen poder productivo. En ese escenario, el bloque exportador-financiero gana por default: porque maneja el termómetro de los dólares y, con eso, la agenda económica.
El problema, entonces, no es el agro, ni la energía o los minerales. El problema es el uso del excedente generado. Un país puede exportar commodities y, a la vez, industrializarse si decide capturar parte de esa renta para financiar infraestructura, tecnología, crédito productivo y salarios que sostengan mercado interno. Lo que no puede es desarrollarse si deja que el excedente se convierta en premio privado, dolarizado y sin obligación de reinversión nacional.
La Argentina está atrapada en una trampa vieja: creer que el ingreso de divisas, por sí solo, garantiza bienestar. No lo garantiza. Sin orientación política, el excedente de las commodities se transforma en beneficios para pocos. Y cuando esa renta se articula con las finanzas, el resultado suele ser un modelo anti-industrial: porque la industria exige un pacto social de desarrollo, mientras la renta solo exige libertad de movimiento de los flujos de capital.
El desafío sigue siendo el mismo: o el excedente se convierte en inversión productiva y trabajo, o se convierte en valorización financiera y concentración. No hay neutralidad posible. Y tampoco hay futuro industrial sin una decisión política explícita de romper el circuito rentististico -financiero.
