Con 149 votos afirmativos y 100 negativos, la Cámara baja dio media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil impulsado por el oficialismo. El proyecto fija un tope de 15 años de prisión para delitos graves, prohíbe la perpetua y ordena alojamiento separado de adultos. El punto más áspero fue el financiamiento, mientras la Iglesia y organismos internacionales cuestionan que bajar la edad reduzca el delito.
¿Qué se votó y cómo quedó el proyecto?
La Cámara de Diputados aprobó un nuevo Régimen Penal Juvenil que baja de 16 a 14 años la edad de imputabilidad en la Argentina. La votación fue de 149 a favor y 100 en contra, tras una sesión extensa y negociaciones con bloques aliados que incluyeron cambios respecto del planteo original del oficialismo.
El texto aprobado crea un régimen específico para adolescentes en conflicto con la ley penal, con un criterio central: penas diferenciadas y dispositivos separados del sistema penitenciario de adultos.
Qué cambia: penas, sanciones y detención diferenciada
Según lo informado en los resúmenes de la iniciativa, el proyecto:
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Fija una pena máxima de hasta 15 años de prisión para delitos graves cometidos por adolescentes alcanzados por el régimen.
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Prohíbe la prisión perpetua para menores.
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Establece que los adolescentes no deben ser alojados con adultos, y prevé institutos o espacios especializados con personal capacitado.
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Prioriza sanciones no privativas de libertad en casos de menor gravedad: para delitos con penas menores a 3 años se descarta la prisión, y entre 3 y 10 años (sin muerte ni lesiones graves) se favorecen medidas con enfoque socioeducativo.
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Incorpora herramientas procesales como suspensión del proceso a prueba y mediación penal juvenil para infracciones leves, con condiciones y participación de la víctima.
El punto que trabó el debate: ¿Quién paga la implementación?
Uno de los ejes más discutidos fue el financiamiento. En el recinto, el diputado Maximiliano Ferraro propuso un mecanismo directo de asignación de recursos, pero el oficialismo lo rechazó y defendió un esquema basado en convenios entre Nación y provincias.
El tema no es menor: la creación de dispositivos especializados, equipos técnicos, programas de reinserción y lugares de alojamiento diferenciados requiere inversión sostenida y coordinación federal.
El mensaje del Gobierno: “el que las hace las paga”
Tras la media sanción, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, defendió la norma con el argumento de que debe transmitir un límite claro: “el que las hace las paga”, y aseguró que el proyecto incluye “garantías” y obligaciones orientadas a la reinserción.
Las críticas: “bajar la edad no baja el delito”
Antes de la votación, Cáritas y comisiones episcopales difundieron una carta abierta a legisladores con una consigna explícita: “Bajar la edad no baja el delito”, y reclamaron políticas de prevención, educación e inclusión como respuesta principal al delito juvenil.
En el mismo sentido, la Pastoral Social difundió datos para sostener su posición: la participación de adolescentes de 12 a 17 años en procesos penales sería baja y predominan delitos contra la propiedad, según el documento publicado en febrero.
También hubo cuestionamientos desde organismos internacionales y sectores que advierten que la reforma puede tener impacto limitado sobre la seguridad si no se acompaña de políticas sociales y de salud mental, un debate que volvió a aparecer con fuerza durante el tratamiento parlamentario.
¿Qué sigue? Objetivo 26 de febrero en el Senado
Con la media sanción en Diputados, La Libertad Avanza y sus aliados anticiparon que buscarán llevar el tema al recinto del Senado el 26 de febrero.
Ahí se jugarán dos discusiones en paralelo: el contenido penal (edad, penas y herramientas) y la letra chica de la implementación federal (financiamiento, infraestructura, equipos técnicos y control de los espacios de alojamiento). Si el Senado introduce cambios, el texto debería volver a Diputados.
REDACCION DATA POLITICA Y ECONOMICA
