A horas del debate, la Casa Rosada negocia artículo por artículo y se dispone a sacar del proyecto la baja de Ganancias a empresas para no perder apoyo provincial. Afuera, la CGT anuncia una movilización masiva.
El proyecto de reforma laboral del Gobierno entra en su semana decisiva. El oficialismo pretende llevarlo al recinto del Senado este miércoles 11 de febrero de 2026, pero llega con la misma fragilidad que lo acompaña desde diciembre: los votos están “en general”, la letra chica no. La negociación se volvió un tira y afloje con gobernadores y bloques dialoguistas, y derivó en una decisión práctica: reconfigurar el texto para destrabar adhesiones sin resignar el núcleo de la reforma.
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El oficialismo evalúa sacar del proyecto la baja de Ganancias a empresas para evitar un costo fiscal en provincias
El punto de conflicto que concentró la rosca fue el capítulo que proponía bajar la alícuota del impuesto a las Ganancias para empresas, un tributo coparticipable y, por lo tanto, sensible para las cuentas provinciales. Ámbito describió que, a menos de diez días de la sesión, la discusión se “acotó” a ese artículo por el impacto fiscal. En las últimas horas, la señal política fue más nítida: la mesa política del Gobierno se reunió este martes para definir la estrategia y evaluar formalmente eliminar ese artículo y evitar que el proyecto se empantane por rechazo territorial.
La reunión en Casa Rosada tuvo formato de “cónclave” legislativo. Según TN, la encabezó Karina Milei y participaron figuras clave del armado y la gestión, con el poroteo del Senado como prioridad. El dato no es menor: la reforma laboral pasó a ser, para el Gobierno, la prueba de que puede convertir poder Ejecutivo en poder parlamentario. Si la iniciativa se traba, el mensaje a los mercados y a los aliados es que la gobernabilidad sigue atada a concesiones de último minuto.
En ese operativo, Patricia Bullrich se convirtió en la principal negociadora. Letra P retrató que la dificultad está en cerrar el articulado y en cómo el oficialismo busca fracturar apoyos opositores para blindar la letra fina. Ámbito, por su parte, subrayó una definición política que dejó expuesta la cocina: Bullrich admitió que el texto final se conocerá recién al momento de la votación en el recinto, con cambios introducidos sobre la marcha. Traducido: habrá acuerdo, pero con cláusulas en disputa hasta el último minuto.
Si la reforma sale “entre gallos y medianoche”, no será modernización; será una imposición frágil que se paga con más conflicto y menos legitimidad.
¿Dónde está la pelea? En los puntos que tocan el costo del despido, la estabilidad de los convenios y la capacidad de las empresas para contratar y desvincular. Aunque el Gobierno vende la reforma como “modernización” para bajar informalidad y atraer inversión, el debate real se concentra en el equilibrio de fuerzas entre capital y trabajo, y en qué Estado queda después: uno que arbitra o uno que se corre. Las críticas sindicales y empresarias, incluso desde lugares distintos, muestran lo mismo: nadie da por cerrado el impacto de la ley.
En la calle, la resistencia se organiza. ElDiarioAR informó que la CGT convocará a concentrar frente al Congreso desde el mediodía del día del debate, con réplicas en el país, y anticipó una movilización “multitudinaria y contundente”, según declaraciones del cosecretario Jorge Sola. Para el Gobierno, ese escenario es doble riesgo: presión pública sobre senadores indecisos y, al mismo tiempo, un test de control del conflicto social en un año donde el ajuste ya dejó fatiga acumulada..
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La Casa Rosada reunió a su mesa política para cerrar estrategia y poroteo en la previa del debate en el Senado.
El cierre, entonces, no depende solo de sumar manos. Depende de qué costo decide pagar el Gobierno: si recorta el capítulo fiscal para sostener aliados, reconoce que su poder parlamentario es limitado; si insiste, arriesga la media sanción y profundiza el conflicto con gobernadores. En términos económicos inmediatos, una aprobación con modificaciones reduce la incertidumbre legislativa, pero no garantiza estabilidad: la conflictividad sindical y la judicialización probable pueden prolongar la disputa. En términos políticos, el Senado se convierte en termómetro de un oficialismo que pretende gobernar con centralización pero debe negociar permanentemente.
REDACCION DATA POLITICA Y ECONOMICA
