Pablo Moyano volvió al centro de la escena con un mensaje de confrontación abierta contra el proyecto de “Modernización Laboral”. En la previa del debate en el Congreso, el conflicto ya escaló a la calle y también al interior del peronismo.
La discusión de la reforma laboral entró en una fase política más áspera. Pablo Moyano, en Radio Gráfica, planteó que si no hay “confrontación total” el Gobierno avanzará sobre derechos históricos del trabajo, y confirmó su participación en las movilizaciones convocadas para frenar el tratamiento parlamentario. La frase no fue aislada: llega en un contexto de extraordinarias, negociaciones legislativas frágiles y una estrategia sindical que pasó de la advertencia a la organización territorial.
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El sindicalismo opositor pasó de la crítica verbal a un plan de lucha federal.
El dato político más relevante es la articulación de un frente gremial más amplio alrededor de Abel Furlán (UOM). Según los registros públicos más recientes, ese espacio reunió 86 sindicatos de las tres centrales y definió un plan de lucha con movilizaciones en Córdoba y Rosario, además de paro y protesta el día de tratamiento en el Congreso. En ese marco, la cifra de “más de 60 organizaciones” que circuló en declaraciones previas muestra una expansión rápida del bloque opositor a la norma, no una contradicción de fondo: el núcleo era amplio y siguió creciendo en pocos días.
El contenido del proyecto explica parte de la conflictividad. Distintas coberturas coinciden en que la iniciativa oficial propone cambios en indemnizaciones, modalidades de contratación, negociación colectiva y esquema de aportes, con un discurso de “modernización” orientado a reducir costos laborales y aumentar flexibilidad empresaria. Desde el oficialismo y sectores empresarios se lo presenta como una herramienta para formalizar empleo y mejorar competitividad; desde el sindicalismo combativo se lo lee como una transferencia de riesgo desde la empresa al trabajador.
También se abrió una disputa intraperonista. Moyano apuntó contra mandatarios provinciales por su predisposición a negociar con Casa Rosada en temas laborales, y en particular cuestionó a gobernadores que, según su lectura, priorizan acuerdos fiscales y de gobernabilidad por sobre la defensa del bloque social que los votó. El señalamiento no es menor: el voto de legisladores ligados a esos ejecutivos puede definir quórum, dictamen y tiempos de tratamiento en comisiones.
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El proyecto oficial combina flexibilización de convenios, cambios indemnizatorios y reformas de registración.
En términos políticos, el oficialismo busca transformar la reforma laboral en señal de autoridad y de rumbo económico, aun con conflictividad. El sindicalismo, en cambio, intenta convertir el debate en un límite concreto a la agenda de desregulación. La tensión no es sólo “Gobierno vs. gremios”: también atraviesa al peronismo territorial, que debe decidir entre negociación pragmática o confrontación abierta.
La implicancia inmediata es clara: sube la temperatura social mientras el Congreso define tiempos y mayorías. El escenario probable, en el corto plazo, no es una resolución rápida sino una secuencia de presión cruzada: calle, comisiones y pulseada entre bloques provinciales. La conclusión política también es concreta: cuando una reforma laboral se negocia sin consenso social amplio, no ordena el sistema, solo profundiza el conflicto social.
