Jorge Macri: represión en alza, conflictos docentes y barrios sin respuestas

 En 25 días se sumaron 18 desalojos más y el Gobierno porteño quedó bajo fuego cruzado por varios frentes: vivienda, educación , servicios públicos y seguridad urbana. Enero dejó una imagen política nítida: una gestión que no despega y que acumula rechazos en barrios populares y también en zonas de clase media.


Enero cerró con un dato duro en la Ciudad de Buenos Aires: desde la asunción de Jorge Macri (10 de diciembre de 2023) el Ejecutivo porteño informó 551 desalojos en 551 propiedades, con 826 familias afectadas. El desglose oficial citado indica 2168 personas adultas y 1060 niños, niñas y adolescentes, lo que da 3228 personas. Ese total es mayor que otra cifra previa (2725) reportada en un pedido de acceso a la información, diferencia que expone inconsistencias en cómo se comunica el alcance real de la política de desalojos.

La novedad de fin de mes es el ritmo: desde el 6 de enero, los desalojos se aceleraron y el total pasó a 569, es decir, 18 operativos más en 25 días. Traducido a frecuencia, el promedio queda en un desalojo cada 30 horas. Para organizaciones sociales, el problema no es solo la cifra: es la ausencia de una política habitacional que absorba el impacto.


  • 3228 personas afectadas según desglose (2168 adultos + 1060 menores), con diferencia frente a un dato previo de 2725.


En ese clima se inscribe el episodio del 26 de enero: durante el receso escolar, Policía de la Ciudad y Agencia Gubernamental de Control (AGC) intentaron ingresar sin orden judicial a tres jardines de infantes populares vinculados a la organización La Dignidad (Villa 20, Los Piletones y Barrio Rivadavia). En al menos uno, según el relato publicado, ingresaron, tomaron fotografías y se retiraron sin dejar acta del procedimiento.

El docente Damián Drescher,  lo leyó como hostigamiento y lo conectó con un cambio de época: durante años de falta de vacantes, esos espacios funcionaban y eran habilitados; ahora, con otra orientación política, pasan a ser un problema. En términos de calle, esto se traduce en una sensación extendida en muchos barrios: la gestión no despega, y cuando no hay respuestas de fondo, se refuerza la lógica de control y “orden” sobre los sectores más frágiles.

El otro eje de enero fue la infraestructura urbana y sus costos. Vecinos de Puerto Madero, por ejemplo, denunciaron que el Gobierno porteño colocó un lomo de burro en Avenida Juana Manso y lo dejó sin señalización, lo que multiplicó situaciones de riesgo. El episodio no es menor: muestra fallas básicas de ejecución, control y respuesta temprana, y alimenta la crítica de que el Ejecutivo se apoya en gestos de autoridad mientras quedan baches de gestión en áreas sensibles.


  • Operativo sin orden judicial en tres jardines comunitarios (26/1), con denuncia de hostigamiento.


Donde el costo sí fue irreversible fue en La Boca. El 23 de enero se incendió un conventillo en Irala entre Brandsen y Pinzón: murió una mujer de 70 años y hubo heridos, evacuados y atención médica por inhalación de humo. La tragedia volvió a poner sobre la mesa reclamos históricos por inversión en infraestructura y medidas preventivas en viviendas precarias.

El tercer frente que quedó abierto para febrero es el conflicto salarial docente. El 19 de enero, UTE difundió que la propuesta del GCBA era 1,5% para enero y 2,5% para febrero, y que la rechazaron. Luego informó una mejora: 3% en enero (base diciembre 2025) y 4,5% en febrero (base enero 2026), sin recuperar lo perdido en 2025. ADEMYS, por su parte, denunció “salarios de pobreza” y llamó a organizar un plan de lucha.


  • Paritaria docente: del 1,5%/2,5% inicial al 3%/4,5% tras rechazo, con gremios que anticipan conflicto.


En lo inmediato, la Ciudad entra a febrero con tres tensiones abiertas: una política de desalojos que se acelera, un conflicto educativo que crece y hechos que exponen fallas de gestión cotidiana. El escenario probable es más judicialización, más conflicto sindical y mayor presión social en barrios populares.

La lectura política,  es concreta: cuando la respuesta principal frente a la deficiencias en la gestión es un relato de orden y  mano dura, se agranda el rechazo en los barrios y se corre del centro lo que falta discutir: presupuesto, los negocios inmobiliarios, la corrupción, la falta de obra pública, vacantes, prevención y una política habitacional real.

Si la gestión no muestra resultados en esas áreas, el orden se vuelve relato y no solución.