Con ordenanzas y expedientes locales, los distritos buscan bloquear la transferencia del predio a la AABE. El conflicto combina ajuste estatal, disputa por suelo urbano y un punto sensible: la asistencia técnica que sostiene producción periurbana y alimentos frescos para el AMBA.
La pelea por el INTA AMBA dejó de ser un tema interno del organismo y pasó a la política territorial. Trece municipios bonaerenses impulsan normas y medidas para impedir que el Gobierno nacional avance con la transferencia de predios del INTA a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), paso previo a una eventual venta o concesión. En paralelo, la gestión nacional empuja un esquema de retiros voluntarios que, según lo informado, podría empezar a regir desde el 1° de marzo.
El dato político es la coordinación municipal: diez Concejos Deliberantes ya aprobaron normativas de “protección” (Florencio Varela, Berazategui, Berisso, San Vicente, Almirante Brown, Luján, San Martín, Merlo, Moreno y General Rodríguez) y otros tres distritos (Avellaneda, La Matanza y Lomas de Zamora) avanzan con expedientes similares. La estrategia es simple: blindar por vía local el uso del suelo y trabar el negocio inmobiliario antes de que se materialice.
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El plan oficial citado incluye transferencia de inmuebles y “desafectación” de 33.836 ha; se mencionan 42.000 ha detectadas sin destino a I+D.
Del lado nacional, el avance se inscribe en una hoja de ruta de “reestructuración” del INTA. Según lo publicado, el presidente del organismo, Nicolás Bronzovich, presentó ante la Mesa de Enlace a fines de diciembre un plan que incluye transferir inmuebles a la AABE. En ese marco, el Gobierno busca la “desafectación” de 33.836 hectáreas que una auditoría oficial habría clasificado como “en desuso”; además, el documento mencionado señala que se detectaron aproximadamente 42.000 hectáreas sin destino a experimentación o producción.
El núcleo del conflicto es el predio del AMBA, señalado como uno de los siete establecimientos identificados en el esquema de tierras. De acuerdo con la información publicada, el terreno AMBA quedaría a disposición de la AABE, mientras otros seis predios deberían ser evaluados por Consejos Regionales en distintas regiones del país. En ese mismo cuadro aparece el ajuste de personal: el INTA tiene 5.791 empleados y ya se habrían concretado 878 desvinculaciones entre retiros voluntarios, jubilaciones y cesantías; el recorte buscado originalmente era de 1.700 trabajadores.
Los municipios y concejales que empujan el freno plantean que no se discute solo “un lote”, sino un dispositivo territorial. En Merlo, el exconcejal Juan Manuel Lippo explicó que el INTA articula con cooperativas y espacios educativos y que el recorte “elimina oportunidades económicas directas para la agricultura familiar”. En Moreno, la concejal Zulma Gil (UxP) advirtió que la medida afectaría a más de 400 productores y a 12.000 familias vinculadas a la agricultura urbana. En Florencio Varela, la concejal Anabella Burgos (UxP) remarcó el rol del organismo en entrega de semillas y microcréditos y sostuvo que el INTA AMBA es “estratégico”.
La dimensión productiva aparece también en documentos parlamentarios. Un pedido de informes presentado en Diputados describe que la EEA AMBA (creada en 2007) interviene en agricultura urbana y periurbana con foco en seguridad alimentaria, inclusión y ambiente, y cubre CABA y 38 de los 40 partidos del AMBA mediante nueve Agencias de Extensión Rural. Ese texto incorpora cifras para dimensionar el sistema: en el AMBA viven más de 16 millones de personas y se registran aproximadamente 4.500 explotaciones agropecuarias en más de 400.000 hectáreas, con una oferta clave de alimentos frescos para el área metropolitana.
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INTA: 5.791 empleados; 878 desvinculaciones ya concretadas; recorte inicial buscado: 1.700.
En lo inmediato, la disputa por el INTA AMBA tensiona tres planos a la vez: el fiscal (ajuste y retiros), el urbano (suelo de alto valor bajo presión inmobiliaria) y el productivo (asistencia técnica y sostenimiento de economías periurbanas). El escenario probable, si el conflicto escala, es una seguidilla de batallas administrativas: ordenanzas locales, dictámenes, y empujes de transferencia a la AABE, con impacto directo en el entramado de productores y empleo asociado. La política, acá, no es un decorado: cuando el Estado se retira de la extensión y la tecnología aplicada, el “mercado” no reemplaza esa red; lo unico que se ve es un negocio inmobiliario.
