El Presidente insultó a Paolo Rocca tras una licitación clave para Vaca Muerta y tensó la relación con el mayor grupo industrial del país. En la UIA crece la presión para responder, mientras Techint niega la brecha de precios denunciada por el Gobierno y advierte por dumping, atraso cambiario y pérdida de empleo.
El conflicto entre el gobierno libertario y la industria escaló en las últimas horas y expuso una grieta que hasta ahora se mantenía contenida. El martes 27 de enero, el presidente Javier Milei atacó públicamente al dueño del Grupo Techint, Paolo Rocca, luego de que su empresa Tenaris perdiera una licitación para proveer tubos de acero destinados a un proyecto estratégico de exportación de gas de Vaca Muerta.
El episodio no es un hecho aislado: reabre el debate sobre el rumbo productivo, el rol del Estado en grandes inversiones y el lugar que la industria nacional ocupa —o deja de ocupar— en el modelo económico que impulsa el Gobierno.
La paradoja Rocca: aliado político, blanco del ajuste
El choque tiene un elemento central que incomoda a buena parte del establishment empresario. Paolo Rocca fue, desde el inicio, uno de los grandes respaldos del proyecto mileísta. Acompañó explícitamente el cambio de rumbo, expresó apoyo ideológico al modelo de apertura y desregulación, y además aportó cuadros técnicos a distintas áreas del Estado, especialmente en sectores vinculados a energía, industria y gestión.
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Atraso cambiario que erosiona la competitividad industrial.
Por eso, el ataque presidencial fue leído dentro de la UIA no solo como una agresión personal, sino como una señal política más amplia: ni siquiera quienes acompañaron el giro neoliberal del Gobierno están a salvo si sus intereses colisionan con la lógica de ajuste, importación y libre mercado irrestricto.
La UIA ante una definición incómoda
La cúpula de la Unión Industrial Argentina deliberó si corresponde una respuesta institucional frente a la agresión. En el debate interno aparece una mayoría inclinada a respaldar a Rocca, no por afinidad personal, sino por una cuestión de principio: si el Presidente puede descalificar públicamente al principal grupo industrial del país, el resto del entramado productivo queda expuesto.
El dilema atraviesa a la conducción: el presidente de la UIA, Martín Rappallini, intentó durante todo el último año sostener una relación funcional con el Gobierno, aun en un contexto de fuerte caída de la actividad manufacturera. Pero el episodio marcó un punto de inflexión que vuelve cada vez más difícil el silencio.
La licitación y la disputa por los precios
El conflicto se origina en la adjudicación de tubos para el proyecto de exportación de gas liderado por Southern Energy, donde Tenaris fue desplazada por la firma india Welspun. Desde el Gobierno se instaló que la oferta de Techint era hasta 40% más cara, argumento utilizado para justificar la importación.
Desde el entorno de Rocca lo niegan de plano. Aseguran que la comparación fue incorrecta porque la oferta ganadora no contempló aranceles, tasas, fletes ni logística, y que además Tenaris igualó condiciones en una instancia posterior, propuesta que fue descartada. También señalan que la empresa evalúa un planteo por dumping, dado que Welspun produce con acero chino a precios subsidiados.
Atraso cambiario y pérdida de competitividad
En el sector industrial agregan un factor estructural que el Gobierno evita mencionar: el atraso cambiario. Con un tipo de cambio que no acompaña los costos internos la producción industrial argentina pierde competitividad frente a importaciones de países con monedas depreciadas, ventajas tecnológicas, subsidios estatales o escalas productivas mucho mayores.
Este contexto vuelve cada vez más difícil competir en licitaciones internacionales o regionales, incluso para empresas con presencia global como Techint. El problema, advierten, no es un caso puntual, sino un esquema macroeconómico que favorece importaciones baratas y castiga la producción local.
Empleo, RIGI y el modelo en disputa
TenarisSiat emplea a más de 400 trabajadores directos y sostiene una amplia cadena de valor industrial. Desde sectores sindicales y empresarios advierten que, sin este tipo de proyectos, se pierden cientos de puestos de trabajo directos e indirectos.
La controversia también pone bajo la lupa al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que en sus fundamentos habla de promover el desarrollo de proveedores locales. En la práctica, sostienen en la industria, termina financiando producción en India y China con beneficios fiscales otorgados por el Estado argentino.
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Riesgo de pérdida de empleo y desarticulación de cadenas de valor locales.
La decisión que tome la UIA en las próximas horas marcará algo más que una reacción coyuntural. Definir si respalda a Rocca es, en los hechos, definir si la industria acepta ser un actor subordinado en el modelo libertario o si traza un límite político e institucional.
El escenario inmediato anticipa más tensiones: nuevas importaciones, más presión sobre el empleo industrial y un debate que ya no se puede esconder detrás de la palabra “competitividad”. La frase final es clara y concreta: cuando el Gobierno elige el mercado sin industria, no castiga a un empresario, compromete el futuro productivo del país.
