Mientras Chubut pelea contra incendios que ya rondan las 12 mil hectáreas en la zona de Lago Epuyén, brigadas comunitarias y redes vecinales sostienen la primera línea. En paralelo, el Presupuesto 2026 achica fuerte los recursos del Manejo del Fuego y se empujan reformas que huelen a “negocio sobre tierra arrasada”.
Los incendios volvieron a arrasar la Patagonia y el dato duro no deja margen para la épica vacía: el fuego afectó 11.970 hectáreas en la zona de Lago Epuyén, con impacto sobre bosque nativo, implantado y matorral, según reportes oficiales difundidos por medios nacionales. En ese escenario, mientras llegan refuerzos y la meteorología da respiros intermitentes, lo que queda expuesto es otra cosa: la respuesta estatal corre detrás de la emergencia y, donde no llega, aparecen brigadas comunitarias, juntas vecinales, centros culturales y organizaciones campesinas sosteniendo lo básico.
-
El Presupuesto 2026 proyecta para el SNMF una caída real del 69% vs 2023 (datos procesados por FARN).
En Chubut, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT) viene describiendo el cuadro desde el territorio. Integrantes y familias productoras reportan focos cercanos, humo persistente, casas y chacras afectadas, y una sensación repetida: la solidaridad no puede reemplazar políticas públicas. Es el punto que incomoda: cuando el combate al fuego depende de rifas, donaciones y voluntariado, el Estado ya llegó tarde.
La discusión se vuelve más áspera cuando se mira el dinero. Un informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) sobre el Presupuesto 2026 detalla que la partida del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) quedaría en $20.131 millones, con una caída real del 69% respecto de 2023 (y del 53,6% vs 2025). No es un número abstracto: se traduce en menos horas de vuelo previstas, menos alertas tempranas y menos capacidad preventiva, justo cuando la dinámica de incendios extremos se vuelve más frecuente.
El recorte no viene solo. En julio de 2025, el Poder Ejecutivo dispuso por decreto la disolución del fideicomiso del Fondo Nacional del Manejo del Fuego (Decreto 463/2025, publicado en Boletín Oficial). El Gobierno argumentó problemas de gestión y control, pero el efecto operativo es claro: se alteró un mecanismo que buscaba asegurar financiamiento para prevención y respuesta. La combinación —menos presupuesto real y menos herramientas estables— empuja a que la política pública sea cada vez más reactiva: aparece cuando el fuego ya está arriba de las casas.
-
11.970 hectáreas afectadas en el área de Lago Epuyén, según reportes difundidos por medios nacionales.
En paralelo, crece el ruido por el marco legal que se intenta mover. Distintas reconstrucciones periodísticas y verificaciones recientes señalan que, en el marco del Consejo de Mayo, el Ejecutivo planteó reformas que incluyen modificar la Ley de Manejo del Fuego (en particular, aspectos incorporados en 2020 que limitaban cambios de uso del suelo por décadas tras un incendio), además de avanzar con un paquete donde también se menciona la Ley de Tierras y cambios vinculados a bosques. El punto político es sensible: con territorios devastados, cualquier flexibilización que habilite negocios posteriores —inmobiliarios, extractivos o especulativos— cae como una provocación.
-
Organizaciones territoriales y comunitarias (como la UTT) describen que la primera respuesta se sostiene con autoorganización y recursos locales.
El cuadro, entonces, no es “catástrofe natural” contra “heroísmo local”. Es un modelo de gestión: ajuste y desfinanciamiento en prevención, transferencia de responsabilidades en plena crisis, y una discusión normativa que aparece en el peor momento. En ese marco, cuando el Gobierno nacional y los gobiernos locales buscan culpables o se cruzan por la competencia y los fondos, el incendio sigue un camino previsible: el del viento, la sequedad del combustible y la falta de planificación sostenida.
Las implicancias inmediatas son concretas. Primero, más riesgo operativo: si el sistema trabaja sin prevención real, cada temporada termina apostando a que el clima ayude. Segundo, más conflictividad: cuando el Estado no llega con soluciones, la comunidad se organiza, pero también se cansa, y la política se queda sin relato si no hay recursos. Tercero, una señal peligrosa hacia adelante: si el “día después” se convierte en oportunidad para reconfigurar negocios sobre territorios quemados, el incentivo queda dado y la indignación crece en la población patagónica.
-
Se discuten reformas legales (Consejo de Mayo) que vuelven a poner en debate el “día después” del incendio: uso del suelo, tierras y negocios.
Lo que está en juego en la Patagonia no es sólo la respuesta ante una emergencia, sino el modelo de Estado. Cuando el Gobierno nacional recorta el presupuesto del Manejo del Fuego, vacía los fondos específicos y deja librada la prevención a la buena voluntad de vecinos y organizaciones, está tomando una decisión política concreta: retirarse de la gestión del territorio. No es ausencia, es opción.
El incendio expone una lógica que se repite: primero el ajuste, después la desregulación y, finalmente, la habilitación de negocios sobre territorios devastados. En ese esquema, las comunidades quedan solas, los bosques se pierden y el Estado aparece sólo para ordenar el mercado cuando el daño ya está hecho. La Patagonia no necesita discursos ni acusaciones cruzadas: necesita recursos, planificación y presencia estatal sostenida. Todo lo demás es abandono con firma oficial.
Redacción Data Política y Económica
