El Gobierno quiere llegar a febrero con la ley “blindada” en el Congreso, pero las provincias convierten el debate en una negociación más amplia: fondos, cajas previsionales y obras a cambio de apoyo.
La reforma laboral volvió al centro de la escena como el gran objetivo político del oficialismo para abrir 2026 con una victoria parlamentaria. La Casa Rosada prepara reuniones de coordinación y acelera el poroteo con una idea fija: aprobar “a como dé lugar”. Pero el camino no está despejado. La discusión ya se ató a otra pelea sensible, la distribución de recursos, porque varios gobernadores condicionan su respaldo en medio de tensiones por coparticipación, reclamos de deudas y pedidos de obras.
En ese tablero, el ministro del Interior, Diego Santilli, quedó como pieza clave: recorre provincias, cosecha apoyos y, al mismo tiempo, recibe una lista de demandas. En Entre Ríos, el gobernador Rogelio Frigerio explicitó su acompañamiento “contundente” al proyecto de modernización laboral tras reunirse con Santilli. En Neuquén, Rolando Figueroa dejó una posición más ambigua: dijo que respaldará lo que impulse el desarrollo, pero subrayó que mirará el impacto local y volvió a poner sobre la mesa una deuda nacional con la caja previsional provincial, mencionada en torno a USD 200 millones.
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Las provincias negocian apoyo a cambio de recursos: coparticipación, deudas previsionales y obras.
El mapa de apoyos, sin embargo, no se reduce a una suma lineal de votos. Según el relevamiento periodístico sobre la gira federal, el oficialismo anota predisposición favorable de mandatarios como Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Sáenz (Salta) e Ignacio Torres (Chubut), además de los ya citados. Pero incluso donde hay gestos públicos, la letra chica importa: en varias provincias los senadores no responden automáticamente al gobernador, y la negociación se fragmenta por cámara y por bloque.
El Gobierno necesita, además, ordenar su estrategia legislativa. La reforma empieza a discutirse en el Senado, donde La Libertad Avanza tiene menos volumen propio y debe construir mayorías con aliados, radicales, PRO y fuerzas provinciales. La apuesta oficial es que el paquete funcione como señal política hacia adentro y hacia afuera: disciplina parlamentaria, agenda “pro mercado” y capacidad de imponer reformas estructurales. En esa misma agenda de extraordinarias aparece también la discusión por el acuerdo Mercosur–Unión Europea, que el Presidente quiere acelerar, y otros capítulos conflictivos.
¿Qué cambia en el proyecto? Despidos, aportes y conflicto sindical
El corazón del proyecto está en tres terrenos que impactan directo en la relación capital-trabajo: el costo del despido, el financiamiento del sistema y el margen de acción sindical en conflictos. En el texto oficial difundido como “Ley de Modernización Laboral”, se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a “coadyuvar” al pago de obligaciones asociadas a la extinción laboral y otras contingencias previstas en la Ley de Contrato de Trabajo. La norma fija que las cuentas del FAL se integran con una contribución mensual obligatoria del 3% de las remuneraciones base para contribuciones patronales al SIPA, y explicita que el Estado nacional no asume responsabilidad por la eventual insuficiencia de la cuenta: la obligación sigue siendo del empleador.
En paralelo, el proyecto interviene sobre el derecho de huelga por la vía de los “servicios mínimos”. Modifica la Ley 25.877 para establecer que, ante conflictos que afecten servicios esenciales, no se podrá negociar ni imponer una cobertura menor al 75% de la prestación normal; y en actividades “de importancia trascendental”, el piso queda en 50%. La lista de “servicios esenciales” es amplia e incluye energía, telecomunicaciones (internet y satelital), servicios aduaneros y migratorios vinculados al comercio exterior, educación obligatoria, transporte y recolección de residuos, entre otros. También crea una Comisión de Garantías con facultades para calificar actividades no listadas como esenciales o trascendentales bajo ciertos criterios.
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En conflictos, fija servicios mínimos del 75% para esenciales y 50% para “trascendentales”, con una lista extensa de actividades.
Hay, además, cambios procedimentales: se incorpora un esquema de preaviso de medidas de acción directa (cinco días) y un mecanismo para acordar ante la autoridad de aplicación los servicios mínimos, con posibilidad de fijación estatal si no hay acuerdo o si lo acordado es insuficiente. El texto dice que se busca resguardar tanto el derecho de huelga como los derechos de usuarios afectados, pero para el sindicalismo el punto de conflicto es evidente: ampliar los sectores alcanzados y elevar los pisos de cobertura puede convertir una huelga en una medida con efecto limitado.
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El proyecto crea el Fondo de Asistencia Laboral con un aporte obligatorio del 3% y canalización vía ARCA.
El trasfondo: una reforma atada a la caja y a la gobernabilidad
La política real aparece cuando se cruza el texto de la ley con la aritmética parlamentaria. En la lectura que circula entre gobernadores y bloques provinciales, la reforma laboral es una moneda de cambio de alto valor: el Gobierno la necesita para exhibir conducción y sostener su programa económico; las provincias la usan para reabrir discusiones sobre financiamiento. Ámbito describió ese juego como un esquema de “respaldos, cartas tapadas y oposición frontal”, con mandatarios que apoyan, otros que negocian en silencio y un núcleo peronista que se planta en rechazo, en especial donde el vínculo con la Casa Rosada ya está roto.
En ese marco, el escenario más probable no es un trámite limpio, sino una aprobación trabajada, con retoques y concesiones. El expediente del Senado muestra que el proyecto ingresó el 11 de diciembre de 2025, fue girado a Trabajo y Previsión Social y a Presupuesto y Hacienda, y que el 18 de diciembre registró dictamen con disidencias de varios senadores. Eso adelanta un debate donde el oficialismo no solo necesita votos: también debe evitar que el trámite se vuelva un campo minado de impugnaciones internas, judicialización futura o costos políticos inmediatos.
El Gobierno pretende presentar la reforma como “modernización” y creación de empleo; sus críticos la leen como abaratamiento del despido y recorte de poder sindical. La disputa de fondo, sin embargo, es otra: quién paga el costo de gobernar en 2026. Si el oficialismo quiere avanzar, tiene que poner algo arriba de la mesa para las provincias. Y si los gobernadores acompañan, deberán explicar en sus territorios por qué apoyan un texto que toca fibras sensibles del mundo del trabajo.
El desenlace inmediato dependerá menos de los discursos y más de la transacción política. La reforma no se define solo en el recinto: se define en la relación Nación-provincias, en los pasillos del Senado y en la capacidad del Gobierno de convertir su urgencia en acuerdos concretos. Si la Casa Rosada elige imponer sin conceder, se arriesga a un conflicto social y federal simultáneo. Si concede, paga el precio de admitir que, sin estructura propia, la “motosierra” también necesita de una negociación permanente.
