El deterioro de la red vial nacional ya no es solo un problema de infraestructura: crecen los accidentes, los heridos y las muertes en rutas abandonadas por la sub ejecución presupuestaria y la falta de mantenimiento.
Redacción Data Política y Económica
Un informe de trabajadores de Vialidad Nacional advierte que dos de cada tres rutas nacionales están en estado regular o malo y denuncia subejecución presupuestaria en 2024 y 2025. El deterioro golpea la seguridad vial y encarece la logística en un país que depende del camión para mover su producción.
El ajuste dejó de ser una abstracción fiscal y empezó a verse con crudeza en el territorio. La red vial nacional atraviesa un proceso de deterioro acelerado que ya impacta en la seguridad, en los costos logísticos y en la competitividad de las economías regionales. Según un informe de la Federación del Personal de Vialidad Nacional, al menos dos de cada tres rutas presentan un estado regular o directamente malo, en un contexto marcado por la subejecución presupuestaria y el abandono del mantenimiento preventivo durante los dos primeros años del gobierno de Javier Milei.
El diagnóstico no surge de una proyección teórica sino de relevamientos internos y de la experiencia operativa cotidiana. El documento advierte que alrededor del 60% de la Red Vial Nacional se encuentra en condiciones deficientes, aunque aclara que ese número podría ser mayor por la falta de mediciones completas y actualizadas. Las estimaciones más realistas elevan el deterioro efectivo a un rango de entre el 65% y el 70% del total de la red, con afectación de corredores estratégicos en todas las provincias.
La motosierra en la obra pública ya se traduce en asfalto roto, más costos y más riesgo.
Las consecuencias ya se sienten. Menor velocidad promedio de circulación, mayor desgaste de unidades, aumento del consumo de combustible, más roturas mecánicas y un crecimiento sostenido de la siniestralidad vial forman parte de un combo que encarece el transporte y termina trasladándose a los precios finales. En un país donde más del 90% de la carga se mueve por camión, una ruta degradada no es solo un problema de infraestructura: es un factor directo de inflación logística y pérdida de competitividad.
El informe pone el foco en la subejecución presupuestaria de 2024 y 2025 como uno de los principales motores del deterioro. Al comparar los niveles de inversión con los de 2023, los trabajadores hablan de un recorte real sin precedentes. Según el documento, el Presupuesto 2026 consolida una caída cercana al 75% en términos reales respecto de aquel año, lo que reduce al mínimo las posibilidades de sostener una política de conservación sistemática.
A esa restricción se suma una decisión que los técnicos consideran crítica: el abandono del mantenimiento preventivo. Tareas básicas como el sellado de fisuras, el bacheo temprano, el desmalezado, la limpieza de drenajes o las campañas invernales dejaron de realizarse con regularidad. El efecto es conocido en ingeniería vial: pequeñas fallas que podrían resolverse con bajo costo evolucionan rápidamente hacia daños estructurales que requieren obras mucho más caras. El ahorro inmediato, advierten, se transforma en una factura futura multiplicada.
El debate se vuelve aún más sensible cuando se observa el flujo de recursos disponibles. El Impuesto a los Combustibles Líquidos, que se paga en cada carga de nafta o gasoil, tiene asignación específica al Fondo Nacional de Vialidad. Desde la federación señalan que esos fondos continúan ingresando al Tesoro, pero no se reflejan en el nivel de ejecución de obras y mantenimiento. La discusión, entonces, ya no pasa solo por la falta de recursos, sino por la decisión política de no utilizarlos para el fin previsto.
El ajuste también impacta sobre el capital humano del organismo. En los últimos dos años, más de 800 agentes técnicos y operativos fueron desvinculados, entre ingenieros, laboratoristas, topógrafos, mecánicos, maquinistas y personal especializado. Además, otras 900 posiciones podrían perderse a través de retiros voluntarios. Con menos presupuesto y menos personal, la red vial queda atrapada en una lógica de emergencia permanente, donde se atienden los colapsos más graves y se abandona la planificación de largo plazo.
La situación se agrava en regiones con condiciones climáticas extremas. En zonas de hielo, nieve o lluvias intensas, la ausencia de mantenimiento oportuno acelera la destrucción de la calzada y multiplica los riesgos. El propio organismo reconoce la importancia de estas tareas: Vialidad Nacional informó en 2025 la puesta en marcha de un plan integral de mantenimiento invernal. Sin embargo, los trabajadores advierten que, sin una ejecución sostenida y recursos suficientes, esas acciones resultan parciales y no alcanzan a revertir el deterioro acumulado.
En el plano político y económico, el estado de las rutas empieza a generar tensiones crecientes. Gobernadores e intendentes reciben reclamos directos de productores, transportistas y vecinos, pero no tienen competencia sobre las rutas nacionales. Las cámaras empresarias alertan por el aumento de costos y la pérdida de competitividad, mientras que la siniestralidad vial instala el problema en la agenda pública con una crudeza difícil de relativizar.
Si se mantiene la combinación de recorte real, subejecución y abandono del mantenimiento preventivo, el escenario probable es una degradación aún mayor de los corredores estratégicos y un aumento de intervenciones de emergencia, que suelen ser más costosas y menos eficientes. No se trata de futurología ni de una discusión ideológica: es la dinámica conocida de la infraestructura cuando se interrumpe su conservación. El costo del ajuste no desaparece. Se traslada. Y, en el caso de las rutas, suele llegar tarde y con consecuencias difíciles de revertir.
