Si Jauretche definio como “Profetas del odio” a los administradores del sentido común en el siglo XX. Hoy esa tarea tiene refuerzos técnicos. La “intelligentzia” sigue existiendo, pero ya no trabaja sola.
Por ANTONIO MUÑIZ
Hay consultoras, laboratorios de comunicación, redes de cuentas coordinadas, medios con línea editorial cerrada y plataformas que premian lo que genera reacción rápida. La discusión pública se volvió más corta, más emocional y más difícil de verificar.
En este marco, el odio deja de ser solamente un discurso. Pasa a ser un producto. Se lo diseña, se lo prueba, se lo segmenta y se lo distribuye. No hace falta que el argumento sea sólido, alcanza con que sea contagioso. Un recorte de video, un título agresivo, un dato suelto sin contexto, una frase “memética”. La lógica es conocida. Lo que enoja circula. Lo que explica, se hunde.
Esto cambia una cosa central. La política deja de ser una disputa de ideas y proyectos para convertirse en un sistema de estímulos. Se busca activar indignación, miedo o desprecio. Se empuja a elegir bando, no a pensar. En ese terreno, el adversario pasa a ser un enemigo moral y la conversación se hace inviable.
El caos como método de gobierno
En los últimos años se consolidó una forma de conducción que no depende tanto de ordenar la realidad como de administrar su desorden. Cuando la información se vuelve un río de golpes, la ciudadanía se cansa, se anestesia o se entrega al “sálvese quien pueda”. Ese clima tiene consecuencias políticas concretas. Reduce la capacidad de organización, rompe la confianza social y facilita medidas impopulares.
En Argentina, ese esquema sirve para algo muy específico. Sostener ajustes fuertes sin que el costo se traduzca automáticamente en mayoría social en contra. La fragmentación ayuda. Si el problema es “el otro”, no es el modelo. Si la bronca se descarga hacia abajo o hacia el costado, arriba se gobierna con menos resistencia.
La tecla única: “corrupción” como explicación total
En nuestra historia reciente, el dispositivo del odio se volvió especialmente eficaz cuando se combinó con una idea que funciona como tecla única. La palabra “corrupción”. Se la usa como atajo para clausurar debates, para vaciar discusiones de fondo y para deslegitimar cualquier política que toque intereses.
El mecanismo suele repetirse. Se instala una acusación, se amplifica en medios, se multiplica en redes, se repite como latiguillo. No importa si el caso es complejo o si el proceso judicial no está cerrado. Lo que importa es el efecto social. El estigma. Una vez fijado, se aplica a todo lo que huela a política popular.
Ahí aparece el papel del lawfare como complemento del dispositivo cultural. No reemplaza a la competencia electoral, pero la condiciona. Convierte la sospecha en idioma cotidiano y, en paralelo, desarma la discusión sobre temas estructurales. Endeudamiento, fuga, concentración, cartelización, abusos de posición dominante. Todo eso queda en segundo plano cuando el debate público se organiza como una moralina permanente.
Durante años, Cristina Fernández de Kirchner fue el blanco principal de esa operación. No por capricho, sino porque concentró un sentido político. Estado activo, distribución, regulación, decisión. En muchos momentos, demonizar a CFK fue demonizar esa idea. El mensaje se simplifica. Si la figura es “corrupta”, entonces cualquier intervención estatal también lo es. Y si todo lo público es sospechoso, el ajuste aparece como “purga” y la privatización como “limpieza”.
Milei y la normalización del desprecio
El gobierno de Javier Milei no inventó el odio como herramienta, pero lo convirtió en estilo central. La confrontación permanente no es sólo una marca personal. Es una estrategia que ordena el relato oficial y organiza a la propia tropa.
El discurso establece divisiones rígidas. Productores contra parásitos, gente de bien contra enemigos, “casta” contra “ciudadanos”. En la práctica, esas categorías se usan para algo más concreto. Para convertir sectores sociales en objeto de burla pública y para justificar recortes como si fueran castigos merecidos.
Cuando el adversario es moral, el desacuerdo deja de ser legítimo. Protestar se vuelve una mala palabra. Reclamar pasa a ser extorsión. Defender derechos se presenta como privilegio. Ese giro tiene un efecto inmediato en la vida pública. La descalificación reemplaza al argumento. El ataque reemplaza a la discusión.
La crueldad, además, se volvió un elemento de comunicación. Se celebra el recorte como prueba de carácter. Se festeja el daño como gesto de autoridad. No es sólo una economía de ajuste. Es una pedagogía del castigo.
¿Para qué sirve el odio?
Jauretche lo habría dicho sin vueltas. El odio sirve para disciplinar. Sirve para que la desigualdad parezca natural y la protesta parezca delito. Sirve para que el conflicto social se lea como falla moral del que sufre y no como resultado de una estructura económica.
Sirve también para romper la solidaridad. Y esa es, quizás, la función más importante. Una sociedad fragmentada discute peor y se defiende menos. En un país donde el salario pierde, donde suben tarifas, donde cae el consumo y se paraliza la producción, el gobierno necesita que la bronca no se convierta en organización. El odio canaliza esa bronca hacia objetivos equivocados.
¿Cómo se sale de esto?
El punto delicado es este. No alcanza con pedir “bajar un cambio”. No alcanza con sermonear sobre convivencia. El odio no se combate con modales. Se combate con política, en el sentido más clásico. Con agenda, con lenguaje y con organización.
Primero, hay que devolver la discusión al terreno material. La mesa, el laburo, el alquiler, la tarifa, el precio del alimento, el crédito, la deuda, la pyme que cierra, el hospital que no da abasto. Eso ordena prioridades y rompe el hechizo de la pelea abstracta.
Segundo, hay que recuperar un modo de hablar que no suene a manual ni a superioridad. Lenguaje llano, directo, sin vueltas. Si la vida está difícil, se dice. Si un sector concentra y abusa, se nombra. Si la deuda condiciona, se explica. No hace falta metáfora, hace falta precisión.
Tercero, hay que reconstruir un “nosotros” concreto. No como consigna, sino como práctica. Sindicatos, clubes, cooperativas, centros barriales, pymes, universidades, cámaras productivas, organizaciones sociales. Todo lo que el odio busca aislar. El dispositivo funciona mejor cuando cada uno se siente solo y cree que el vecino es su enemigo.
Y una última clave, que Jauretche repetía a su modo. La bronca no se niega, se orienta. Si se descarga hacia abajo, sirve al poder. Si se dirige hacia arriba, organiza el conflicto real.
Los profetas del odio no describe un episodio, describe un dispositivo. Por eso vuelve. Vuelve cuando hay ajuste, vuelve cuando hay proscripción simbólica, vuelve cuando se necesita disciplinar a las mayorías. Hoy ese dispositivo suma tecnología, redes y segmentación, pero conserva el objetivo. Que el pueblo deje de verse como sujeto histórico y acepte el lugar de espectador culpable.
La salida no es moral. Es política. Volver a unir lo que el odio separa y volver a discutir lo que el poder quiere evitar. ¿Quién paga la crisis y quién se la lleva?.
