La ofensiva política de Washington sobre un territorio clave del Ártico expone la fragilidad de la “autonomía estratégica” de la UE. La OTAN no estalla, pero la relación transatlántica ya no se parece a la de antes.
En Europa, Groenlandia solía ser un asunto remoto: una isla gigantesca, helada, con pocos habitantes y un vínculo histórico con Dinamarca que rara vez ocupaba titulares. Desde que Donald Trump volvió a ponerla en el centro de su discurso —con la idea de que Estados Unidos debería controlarla por “seguridad nacional”— esa distancia se evaporó. De golpe, un territorio del Ártico funciona como espejo de un problema mayor: qué margen real tiene la Unión Europea para defender intereses propios cuando chocan con los de su principal aliado.
El punto no es si habrá una “invasión”. Esa película, además de improbable, sería políticamente suicida para Washington. Lo relevante es otra cosa: el modo en que Estados Unidos puede empujar cambios sin disparar un tiro, aprovechando la asimetría de poder y las dependencias acumuladas. Groenlandia aparece, entonces, como un caso de estudio de la presión contemporánea: diplomacia dura, incentivo económico, negociación desigual y normalización pública de lo que, hasta ayer, era impensable.
Un territorio sobredimensionado en el mapa del poder
Groenlandia es enorme, pero su importancia no se mide en población ni en PBI. Se mide en geografía. Está ubicada en el corredor del Atlántico Norte y en la puerta del Ártico, una zona donde la competencia estratégica crece y donde la infraestructura militar estadounidense lleva décadas instalada. Allí opera la base que fue conocida durante años como Thule y que hoy funciona como como una base, vinculada al monitoreo, defensa y vigilancia.
Ese dato explica por qué Washington no habla de Groenlandia como una curiosidad, sino como una pieza crítica: el Ártico acorta distancias, concentra infraestructura sensible y gana relevancia a medida que el deshielo abre oportunidades (y riesgos) logísticos. La literatura científica viene señalando que la reducción del hielo marino habilita ventanas de navegación que podrían recortar rutas entre Europa y Asia, aunque con condiciones operativas complejas y un trasfondo ambiental explosivo.
En paralelo, la región también interesa por recursos y minerales críticos. Y en un mundo donde la industria de alta tecnología y la transición energética dependen de cadenas frágiles, el control de territorios con potencial minero deja de ser un asunto técnico para convertirse en política de poder.
Presión sin tanques: el manual más verosímil
La discusión sobre “comprar Groenlandia” —que suena grotesca en el lenguaje diplomático europeo— cumple una función práctica: mover los límites de lo decible. Instalar la idea de que el estatus del territorio es negociable. Y, a partir de ahí, construir escenarios intermedios.
En ese terreno apareció un dato elocuente: Reuters informó sobre conversaciones en el entorno estadounidense que incluían la posibilidad de pagos directos a residentes de Groenlandia —con cifras que se mencionaron en rangos muy dispares, de 10.000 a 100.000 dólares por persona— como herramienta para favorecer un giro político.
No hace falta imaginar conspiraciones sofisticadas: la secuencia podría ser relativamente “limpia” en términos formales. Fomentar un proceso interno —por ejemplo, una discusión sobre independencia—, y luego ofrecer inversiones, acuerdos de seguridad y beneficios económicos para orientar el resultado. Estados Unidos podría presentarse como respetuoso de la autodeterminación, mientras condiciona el tablero con recursos financieros y promesas estratégicas.
En otras palabras: más que conquista clásica, control territorial.
¿Quiebre de la OTAN? No. Pero sí una grieta política
Hablar de “ruptura” de la OTAN sería exagerado. La alianza sigue siendo el corazón de la seguridad europea y Europa no tiene, hoy, una arquitectura alternativa capaz de reemplazarla en el corto plazo. Pero el episodio deja una pregunta incómoda: ¿qué clase de alianza es aquella en la que un miembro mayor presiona a un miembro menor por un territorio bajo su soberanía?
Dinamarca respondió con una fórmula esperable: Groenlandia no está en venta; el marco legal existe; la cooperación militar ya es amplia. Sin embargo, esa respuesta revela el problema de fondo: Europa tiende a refugiarse en reglas y procedimientos justo cuando su interlocutor principal demuestra que, si el interés estratégico está en juego, las reglas se vuelven flexibles.
La UE, mientras tanto, se mueve con reflejos conocidos: declaraciones de apoyo, llamados al derecho internacional, gestos de solidaridad. Pero poca capacidad de disuasión real. En ese desnivel se instala la sensación, cada vez más extendida, de que el continente reacciona, pero no conduce.
Autonomía estratégica: promesa, debate y costo
En el corazón de esta historia está la fractura europea. Por un lado, quienes creen que lo sensato es no irritar a Trump, evitar choques y “administrar” el vínculo. Por otro, quienes ven esa prudencia como una forma de dependencia que erosiona prestigio y margen de maniobra. La discusión ya no es patrimonio de un sector ideológico: atraviesa gobiernos, oposiciones y opinión pública.
Groenlandia, entonces, opera como símbolo: no porque defina el destino de Europa, sino porque muestra, sin maquillaje, la ecuación de poder. Estados Unidos puede tensar la cuerda sin temer una ruptura. Europa, en cambio, sabe que una confrontación real tendría costos que todavía no está dispuesta —o no logra— asumir: gasto militar sostenido, coordinación industrial, voluntad política común y una estrategia que no cambie con cada elección.
La OTAN no se quiebra por Groenlandia. Pero la escena deja una marca: la relación transatlántica ya no descansa en la idea de socios equivalentes. Se parece más a una jerarquía negociada, donde el fuerte empuja y el resto calcula cuánto puede resistir sin romper el vínculo. Y ahí, para Europa, la pregunta no es retórica: es existencial.
