Sequía histórica, tormentas secas y un Estado que siempre llega tarde
En Chubut y otros puntos de la Patagonia, el fuego obligó a evacuar a miles de personas y ya consumió miles de hectáreas. Especialistas y responsables de emergencias advierten que la combinación de crisis climática, forestación con especies exóticas, degradación territorial y recortes presupuestarios está convirtiendo a los incendios en un fenómeno cada vez más frecuente, veloz y destructivo.
El humo baja como una niebla espesa sobre la Comarca Andina. En la Ruta 40, los cortes y las aperturas parciales dependen del viento: si cambia, la visibilidad se vuelve cero. A un lado, el paisaje de veranos patagónicos —lago, bosque, turismo—; al otro, el frente de fuego que avanza con una velocidad que desborda cualquier relato tranquilizador.
En Chubut, el incendio que se expandió en el área de Puerto Patriada y zonas cercanas a El Hoyo y Epuyén obligó a evacuar a más de 3.000 personas entre residentes y turistas, mientras continúan las tareas de contención y la asistencia a familias damnificadas. Los reportes oficiales difundidos en conferencias de prensa y replicados por medios nacionales consignaron además daños en viviendas y una superficie afectada que ya se cuenta en miles de hectáreas, en un contexto meteorológico adverso que complica el control del fuego.
La escena se repite con variaciones en distintos puntos de la región: brigadistas desplegados, recursos aéreos trabajando contra ráfagas, pobladores organizando colectas, y un Estado que aparece —cuando aparece— con respuestas fragmentadas. En Río Negro, por ejemplo, se informó el envío de asistencia a Chubut y, a la par, se detalló el alivio operativo que implicó la extinción de focos en el Parque Lanín y la habilitación parcial de la Ruta 40 entre Epuyén y El Hoyo, aunque con advertencias por el humo persistente.
“Construir un enemigo externo” y correr el foco de la prevención
El abogado ambientalista Enrique Viale, entrevistado en Radio 750, puso en cuestión la tendencia a explicar el desastre únicamente con la hipótesis de la intencionalidad. No negó que existan incendios provocados —la Justicia investiga varios focos—, pero advirtió que apurar culpables puede servir para “construir un enemigo externo” y, en el movimiento, quitarle responsabilidad al Estado y a las políticas públicas de prevención.
La discusión no es menor: en Chubut, una de las líneas de investigación volvió sobre la posibilidad de origen intencional y hasta se difundieron recompensas e información judicial vinculada al caso. Pero incluso cuando el origen es humano, el comportamiento del fuego —su velocidad, su intensidad, su capacidad de saltar cortafuegos improvisados— está cada vez más atado a condiciones estructurales: sequías prolongadas, temperaturas extremas y cargas de combustible acumuladas durante meses.
En este punto, Viale sumó otro factor: el modelo forestal basado en monocultivos y especies exóticas. En Patagonia, la literatura científica viene advirtiendo que muchas de las especies de pinos implantadas están adaptadas al fuego en sus zonas de origen y, por lo tanto, es esperable que resulten altamente combustibles también en esta región. En la misma línea, informes periodísticos regionales volvieron a poner el foco en el rol de estas plantaciones como “acelerantes” del fuego, sobre todo cuando se combinan con sequía extrema y falta de manejo del territorio.
La Pampa: tormentas secas, rayos y fuegos simultáneos
A cientos de kilómetros, La Pampa ofrece otra cara del mismo problema. David García, director de Defensa Civil provincial, explicó que varios focos recientes se originaron por “tormentas secas”: actividad eléctrica intensa con poca o nula precipitación. En ese escenario, un rayo puede disparar tres o cuatro incendios en simultáneo, y la ventana para actuar se achica a minutos.
La magnitud ya dejó números contundentes: medios nacionales y provinciales informaron más de 83.000 hectáreas quemadas en pocos días y, en otros relevamientos, un acumulado superior a 140.000 hectáreas desde el inicio de la temporada, con pérdidas productivas que van desde alambrados y postes hasta mortandad de ganado.
García fue específico en un punto que rara vez llega al centro del debate público: la prevención cotidiana. No alcanza con tener brigadistas heroicos si las “picadas” —caminos internos y perimetrales que funcionan como cortafuegos y permiten el ingreso rápido— están sucias o directamente no existen. Con fuegos “muy rápidos”, la falta de esas vías convierte cualquier operativo en una carrera detrás del desastre.
La variable presupuesto: menos recursos, más riesgo
En paralelo, el debate por el financiamiento dejó de ser técnico para volverse político. La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) advirtió que la Subsecretaría de Ambiente —degradada desde el rango ministerial— proyecta para 2026 una nueva caída real de recursos: $51.506 millones, 33,8% menos que en 2025 y 79,5% menos que en 2023.
El recorte atraviesa áreas sensibles para la temporada de incendios. Un relevamiento periodístico sobre el Presupuesto 2026 advirtió, además, que el Servicio Nacional de Manejo del Fuego contaría con menos ingresos reales, en un contexto donde las emergencias se multiplican y se expanden territorialmente.
La foto se completa con un dato que expone otra dimensión del problema: la disponibilidad de fondos para emergencias no siempre se traduce en ejecución. FARN señaló que, en 2024, de los casi $680.000 millones recaudados en Aportes del Tesoro Nacional (ATN), más del 93% no fue ejecutado, pese a que esos recursos están pensados —entre otros fines— para atender emergencias como sequías e incendios.
Un fenómeno que “vino para quedarse”
Mientras el fuego sigue activo en áreas críticas como el Parque Nacional Los Alerces —con operativos que priorizan la protección de vidas, viviendas e infraestructura turística y más de 80 combatientes en terreno—, el consenso técnico se endurece: no se trata de una anomalía pasajera.
Los informes oficiales de peligro de incendios ya venían alertando sobre déficits de precipitación, estrés hídrico y condiciones propicias para eventos extremos en distintas regiones del país, incluida la Patagonia. Y la experiencia reciente marca un antecedente que todavía pesa: en Corrientes, durante los incendios de 2022, estimaciones técnicas y reportes oficiales registraron superficies afectadas del orden del millón de hectáreas, una cifra cercana al 12% del territorio provincial.
Con ese espejo de fondo, Patagonia y La Pampa discuten hoy algo más que un operativo de emergencia: discuten si habrá, o no, un giro real hacia la prevención (manejo del territorio, infraestructura, monitoreo, brigadas, ordenamiento forestal y financiamiento sostenido). Porque cuando el fuego se vuelve parte de la realidad cotidiana de cada verano, la desidia estatal deja de ser un adjetivo: pasa a ser una causa.
