El fuego que se inició el 5 de enero en Puerto Patriada sigue activo y ya afectó más de 5.000 hectáreas entre matorrales y bosques andino-patagónicos. Hubo evacuaciones, viviendas destruidas y una Ruta 40 bajo “extrema precaución” por humo. En paralelo, el Presupuesto 2026 reaviva una discusión de fondo: menos horas de vuelo, menos monitoreo y menos alertas tempranas en plena temporada crítica.
La Comarca Andina de Chubut vive días de emergencia sostenida. El incendio que comenzó en la zona de Puerto Patriada, sobre el lago Epuyén, se expandió con rapidez hacia áreas próximas a Epuyén y El Hoyo y obligó a montar un operativo de contención bajo condiciones meteorológicas adversas. Ráfagas persistentes, vegetación seca y temperaturas elevadas empujaron al fuego a comportamientos extremos: reactivaciones en sectores ya trabajados, cambios bruscos de dirección y columnas de humo que reducen la visibilidad en rutas clave.
El parte más reciente ubica la superficie afectada en torno a las 5.260 hectáreas, con focos activos y rebrotes en distintos puntos del frente. Hubo reactivaciones en áreas como Cerro Pirque y en sectores cercanos a la Laguna Las Mercedes, además de puntos donde el fuego avanzó con intensidad sobre bosque implantado y monte nativo. Aunque las líneas de defensa evitaron, por el momento, daños mayores en infraestructura crítica, el riesgo se mantiene alto y la situación sigue siendo dinámica.
Evacuaciones, pérdidas y rutas bajo tensión.
Las horas más críticas se dieron cuando las llamas se acercaron a zonas pobladas y obligaron a evacuar de manera preventiva y, en algunos casos, obligatoria. En Epuyén se reportaron viviendas destruidas y familias que debieron abandonar sus casas con lo imprescindible. En El Hoyo, el temor se concentró en el avance sobre áreas con presencia de viviendas rurales, chacras y servicios que sostienen la vida cotidiana y la economía local.
La Ruta Nacional 40, columna vertebral de la región, fue uno de los puntos sensibles. Hubo interrupciones y luego habilitaciones parciales, pero el tránsito continúa condicionado: Vialidad Nacional pidió circular con extrema precaución entre Epuyén y El Hoyo por presencia de humo y por el movimiento constante de vehículos de emergencia. En un corredor turístico de verano, esa situación no es un detalle: complica evacuaciones, logística y abastecimiento, y multiplica los riesgos.
En el terreno trabajan cientos de combatientes entre brigadistas, bomberos voluntarios y equipos provinciales, con apoyo aéreo sostenido. El operativo incluye medios aéreos y refuerzos que llegaron desde otras provincias, además de brigadas nacionales, bajo coordinación del Servicio Provincial de Manejo del Fuego. La topografía andina y los accesos limitados agregan dificultad: lo que en el mapa parece “cerca”, en la montaña se vuelve un camino lento, angosto y expuesto al cambio de viento.
El clima como enemigo principal
La meteorología sigue jugando en contra. El viento, que en la cordillera suele ser impredecible, es el factor que más incide en la propagación y en la posibilidad de “saltar” líneas de contención. A eso se suma un escenario de calor y sequedad que deja el combustible vegetal listo para prender. En estas condiciones, el operativo depende de “ventanas” cortas de trabajo: cuando baja el viento se avanza; cuando sube, se reordena el frente y se prioriza la seguridad del personal.
La combinación de humo, calor y esfuerzo prolongado también impacta en la población: irritación ocular, problemas respiratorios, desgaste emocional y una sensación de vulnerabilidad que crece cuando la amenaza se instala a pocos kilómetros de la vivienda.
Investigación y sospecha de intencionalidad
Mientras se combate el fuego, avanza la investigación judicial sobre el origen del incendio. En el área donde se habría iniciado el foco se reportaron indicios compatibles con intencionalidad, con menciones a presencia de combustible o acelerantes en la escena. El gobernador Ignacio Torres insistió en que habrá sanciones “ejemplares” si se identifican responsables y señaló que la Justicia ya maneja elementos que apuntan a una acción deliberada. En paralelo, se difundió la existencia de una recompensa para quienes aporten información útil.
Llegar a los autores materiales en este tipo de causas suele ser lo más difícil: el fuego destruye huellas, el territorio es amplio y los tiempos investigativos corren detrás de una emergencia que no se detiene. Esa brecha entre sospecha social y resultados judiciales alimenta una percepción persistente: incendios que se repiten, investigaciones que se enfrían y culpables que no aparecen.
El ajuste que golpea a la prevención
En paralelo, la crisis vuelve a exponer una discusión estructural: la prevención. Los recortes previstos para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego en el Presupuesto 2026 reflejan un retroceso fuerte respecto de 2025. La reducción alcanza tanto a la capacidad operativa como al enfoque preventivo: menos horas de vuelo planificadas, menos monitoreo y una baja en instrumentos clave como los informes de alerta temprana y evaluación de peligro.
Esos informes son la diferencia entre anticipar y reaccionar. Permiten mapear riesgo, planificar patrullajes, reforzar equipos en zonas críticas y tomar decisiones antes de que un foco chico se vuelva un incendio incontrolable. Cuando esa herramienta se achica en un contexto de calor extremo y sequedad persistente, el Estado queda más cerca del modelo “apagar cuando ya arde” que del modelo “evitar que prenda”.
A esto se suma un cambio institucional que también generó cuestionamientos: el traslado del manejo del fuego hacia la órbita de Seguridad. El debate no es formalista. En la práctica, ordena prioridades: si prima la lógica de emergencia, la prevención se vuelve un costo prescindible; si prima una política ambiental integral, la prevención es inversión.
Negocio inmobiliario, territorio y el “relato fácil”
Cada temporada de fuego en la Patagonia reactiva una sospecha que atraviesa conversaciones locales, asambleas y pasillos institucionales: detrás de ciertos incendios intencionales se esconde el negocio de la tierra. No es casual que algunos focos aparezcan año tras año en corredores de alto valor paisajístico y turístico. No es casual, sostienen voces territoriales, que las causas se diluyan y que la trama económica que presiona sobre el suelo quede fuera de foco.
Esa discusión fue, de hecho, uno de los motivos por los que se reforzó la Ley de Manejo del Fuego: la norma prohíbe por décadas, según el tipo de ambiente afectado, cambios de uso del suelo, subdivisiones, loteos y emprendimientos inmobiliarios sobre superficies incendiadas. La intención es clara: cortar el incentivo económico que convierte al fuego en herramienta para “limpiar” y reconfigurar territorio. La pregunta es si esa protección se hace efectiva cuando el incendio se apaga y empieza la disputa silenciosa por la tierra.
En ese contexto, otra capa de conflicto crece cuando el Gobierno nacional instala hipótesis políticas sin respaldo público de evidencia. En distintos momentos, desde áreas de Seguridad se habló de “terrorismo ambiental” y se sugirió la participación de supuestas organizaciones mapuches. El problema no es investigar todas las líneas: el problema es acusar sin pruebas judiciales expuestas y convertir una investigación en propaganda. En la Patagonia, esa narrativa suele terminar en un efecto conocido: estigmatización, tensión social y un atajo que corre el foco del territorio y sus negocios hacia un enemigo cómodo.
La advertencia final
En Chubut el incendio sigue activo. La prioridad inmediata es contener el fuego, proteger vidas y evitar nuevas pérdidas. Pero el episodio deja otra urgencia, menos visible y más decisiva: reconstruir capacidades preventivas, sostener monitoreo y alertas tempranas, y garantizar que la investigación llegue a responsables reales —no a consignas—. Porque cuando el fuego se vuelve rutina anual, lo que arde no es solo el bosque: arde la idea misma de Estado, la confianza en la justicia y la protección del territorio frente a intereses económicos que crecen sobre las cenizas.
