Tras dos años de achique y con un congelamiento de incorporaciones ya formalizado por decreto, la Casa Rosada fijó una meta “de corto plazo” para reducir personal en la Administración Pública Nacional. Los gremios advierten sobre un nuevo ciclo de despidos y el Ejecutivo insiste en “simplificar estructuras” y sostener el equilibrio fiscal.
El recorte del Estado vuelve a ocupar el centro de la hoja de ruta del Gobierno. En reuniones de Gabinete realizadas en diciembre en Casa Rosada, la conducción política habría instruido a ministros y secretarios presidenciales para profundizar la reducción de personal y avanzar, “en el cortísimo plazo”, con un recorte del 10% en la dotación estatal durante el primer trimestre de 2026, con evaluación hacia fines de marzo.
Según reconstrucciones periodísticas basadas en fuentes oficiales, el objetivo se apoya en una estrategia doble: seguir bajando el gasto vía personal —una de las variables con impacto inmediato— y continuar con la reestructuración administrativa a través de fusiones, cierres o recortes de áreas dentro de ministerios, secretarías y organismos.
¿Dónde estaría el “margen” para bajar 10%?
La discusión no parte de cero. El INDEC reportó para octubre de 2025 una dotación total estimada de 282.570 puestos en la administración pública nacional, empresas y sociedades del Estado, con una caída interanual del 7,6% y una variación intermensual del -0,3%.
En ese corte, la Administración Pública Nacional (APN) reunía 192.630 puestos, mientras que empresas y sociedades del Estado concentraban 89.940. Dentro de la APN, la administración centralizada —la que depende de Presidencia, Jefatura de Gabinete y ministerios— registraba 39.272 empleos y mostraba una baja interanual del 10,4%.
Es precisamente sobre esa franja donde el Gobierno cree que la meta podría ser más “alcanzable”, por su vínculo directo con la reorganización del organigrama político-administrativo y la revisión de estructuras internas.
Un decreto clave: congelamiento de incorporaciones y “1 alta cada 2 bajas”
Mientras la discusión del 10% se mueve, en buena medida, como objetivo político y pauta de gestión interna, la herramienta normativa ya está vigente. El Decreto 934/2025, publicado el 2 de enero, establece que las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional alcanzadas por el artículo 8 (incisos a y c) de la Ley 24.156 no podrán efectuar designaciones ni contrataciones de personal bajo múltiples modalidades (planta transitoria, Ley Marco, locaciones, contratos, etc.).
El mismo decreto fija excepciones (universidades, guardaparques, manejo del fuego, determinados regímenes de salud, SPF y fuerzas armadas y de seguridad —excluyendo personal civil—, entre otras) y dispone un criterio restrictivo para nuevas incorporaciones: solo se habilita 1 alta si se informan 2 bajas ocurridas en 2026, con validación de la autoridad competente.
En otras palabras: aun sin un anuncio formal del “10%”, el esquema administrativo quedó atado a una lógica de reemplazo netamente contractiva, que condiciona el recambio y acelera el achique si hay desvinculaciones o no renovaciones.
“Ahorro” y balance oficial: 60.494 puestos menos y USD 2.444 millones
El Gobierno sostiene que la poda ya realizada tuvo impacto fiscal relevante. Un informe oficial del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado afirma que, entre diciembre de 2023 y noviembre de 2025, se eliminaron 60.494 puestos de trabajo (una reducción del 12,1%), y que el “ahorro” anual estimado alcanzó USD 2.444 millones, incorporando no solo salarios sino una estimación de costos asociados por infraestructura laboral.
Esa lectura también aparece reflejada en coberturas que recogen el argumento oficial del “ahorro” como respaldo político para sostener la motosierra en 2026.
El trasfondo fiscal: recorte del gasto y disputa por capacidades del Estado
En paralelo, centros de estudio fiscal vienen midiendo la magnitud del ajuste en términos agregados. Un informe del IARAF proyectó que el gasto primario nacional de 2025 tendría un descenso de $50 billones (a moneda de noviembre de 2025) frente a 2023, lo que implicaría una caída del 27%, además de una reducción de USD 38.000 millones en dólares constantes entre 2023 y 2025.
En la práctica, el debate político no se agota en el número: el Gobierno plantea eficiencia y reducción del tamaño estatal; los críticos señalan riesgo de vaciamiento de funciones, pérdida de capacidades técnicas y deterioro de servicios públicos, especialmente en organismos descentralizados que ejecutan políticas concretas.
Gremios en alerta: foco en descentralizados y amenaza de conflicto
Del lado sindical, ATE viene denunciando desde fines de 2025 que el recorte proyectado del 10% podría traducirse en decenas de miles de desvinculaciones y, sobre todo, golpear a organismos descentralizados (mencionan, entre otros, INDEC, CONICET, ANSES, ENARGAS, ENRE, INTA, INTI y ENACOM).
El gremio advirtió que el sector público “no resiste más ajustes” y anticipó medidas de fuerza en función del avance de la poda y de otras reformas impulsadas por el Ejecutivo.
¿Qué se juega en el primer trimestre?
La foto que deja el arranque de 2026 combina tres elementos: una meta política de recorte acelerado, un marco legal que limita incorporaciones y una narrativa fiscal que busca mostrar resultados cuantificables. En esa intersección se define el terreno más sensible: qué áreas se consideran “misión esencial”, cómo se implementan las bajas (no renovaciones, reubicaciones, retiros, cierres de programas) y qué impacto tendrá la reconfiguración sobre la capacidad operativa de cada organismo.
Con la evaluación prometida hacia fines de marzo, la tensión anticipa un primer trimestre cargado: la administración intentará mostrar velocidad en el ajuste; los sindicatos buscarán frenar despidos y condicionar la agenda de reformas. Y el resto del sistema político mirará, también, el costo social y administrativo de un Estado cada vez más recortado.
